Armas: 'Es un nuevo asunto de espionaje telefónico'
El presidente de la Corte Superior alistaba una providencia en la que se ordenaba cumplir las primeras diligencias
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, Jénner Larreátegui, preparaba ayer la providencia para ordenar la realización de nuevas diligencias y la recepción de testimonios de los involucrados en la presunta red de tráfico de armas en la que están sindicados el obispo anglicano Walter Crespo, Iván Hernández y los ex oficiales de las Fuerzas Armadas Carlos Tobar y Jorge Merino, quienes guardan prisión en el pabellón A del ex Penal García Moreno, en el centro de Quito, desde el 8 de marzo de 2001.
Mientras tanto, Samuel Matus Campos, uno de los cinco abogados del obispo anglicano, insiste en que su defendido no está involucrado en un caso de tráfico de armas. "Lo que hay aquí es un drama, un espionaje realizado por la Policía a altos miembros de las Fuerzas Armadas en general. Ellos (la Policía) están haciendo infidencia con problemas que son de seguridad nacional", sostuvo.
La defensa de Walter Crespo se tramita independientemente de la que llevan adelante Tobar, Merino y Hernández. Los abogados del obispo interpusieron, en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, un recurso de apelación a la negación del pedido de hábeas corpus solicitado por Crespo ante el Cabildo quiteño.
Por la tarde, Matus Campos visitó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Carlos González, para solicitar una copia de las denuncias realizadas por esa instancia en torno al espionaje telefónico que supuestamente realizó la Policía a Inteligencia Militar en Sucumbíos, en 1999. Le aseguró que creía que la acusación de la Policía al obispo, de participar en una red de tráfico de armas, había sido armada con un nuevo caso de espionaje telefónico de la Policía a altos oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
De acuerdo con el informe policial, la investigación se coordinó entre Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, en la alta oficialidad de las dos instituciones cuando recibieron la denuncia del ilícito que se pretendía concretar, "por una fuente humana".
La investigación del supuesto tráfico de armas es seguida en la actualidad por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (Uies). Uno de los trabajos pendientes es la localización y captura del chileno Pedro del Fierro y del brasileño Eurico Ferreira, quienes estarían al frente de la empresa brasileña ETR Industria Mécanica Aeroespacial, que ya habría negociado material bélico obsoleto el año anterior, según los documentos que constan en el proceso.
"Este es un problema que tienen las Fuerzas Armadas con esa empresa brasileña (ETR). El señor obispo no tiene nada que ver en el asunto", aseguró Matus Campos.
Tanto Tobar como Hernández aseguraron que habían sido engañados por el obispo, porque cuando comenzaron a hablar con los supuestos compradores de los cohetes y detonadores de la FAE, siempre creyeron que eran delegados del Gobierno de Zimbabue. Incluso, Merino insistió que la primera vez que vio a Crespo fue cuando lo recibió en la Base Aérea de Taura y, al igual que sus compañeros de celda, pensó que era un delegado del Gobierno de Zimbabue.
"No creo que digan que siempre fueron engañados por el obispo", declaró Matus Campos.
'Una venta autorizada'
"La venta estaba autorizada para el Gobierno de Zimbabue. En el supuesto caso de que la negociación no se hubiera realizado y que se hubiese efectuado con otro Gobierno, se habría tenido que solicitar el cambio del destinatario final en el Acuerdo Ministerial (documento indispensable para proceder a la negociación del material bélico luego de ser declarado obsoleto)", dicen Tobar y Merino en un escrito que hicieron llegar a HOY.
Tobar dijo que su trabajo era hacer el papeleo en el Comando Conjunto para comprar el material declarado obsoleto, y que ese negocio lo había realizado en tres ocasiones con la FAE: la primera, cuando concretó la venta por intermedio del chileno Pedro del Fierro, supuesto vicepresidente para América Latina de ETR, quien habría contactado al coronel Dube, del Gobierno de Zimbabue; la segunda, la supuesta nueva negociación con el Gobierno de Zimbabue, por intermedio de ETR, de cohetes y bombas clúster en mal estado, truncada cuando Tobar fue detenido el 8 de marzo, y otra negociación para comprar bombas, iniciada hace un mes.
Tobar dijo que los trámites para comprar el material bélico obsoleto dura por lo menos un año y que faltaba mucho papeleo para concretar el contrato de compra de los cohetes y bombas clúster. En el informe policial se aseguró que el contrato se debía concretar la tarde en la que fueron detenidos Crespo, Tobar, Hernández y Merino. (JT)
En las pruebas que presentaron el capitán de
Policía Carlos Alulema y el subteniente del Ejército Roberto Acurio sobre la red de
supuesto tráfico de armas, constan documentos de la Dirección de Materiales de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana (FAE) en los que esa institución declara que 800 cohetes y 120 bombas
clúster "no son susceptibles de utilización". Según el informe policial, el
estudio que declara chatarra el material bélico fue realizado por la empresa brasileña
Industria Mecánica Aeroespacial ETR, que luego empezó los trámites para comprarlo, por
intermedio de su representante en Ecuador, Carlos Tobar.
En el informe presentado por Tobar se lee: "No es conveniente realizar la
repotenciación (dejar en buen estado el material bélico) por ser peligrosa,
técnicamente difícil y con valor muy poco apreciable para fines de empleo".
Entonces ETR presentó la propuesta de compra a la FAE.
El estudio de ETR habría sido el fundamento para que se expida esa resolución declarando
el material bélico de fabricación francesa como chatarra y susceptible de venta. El
documento, firmado por el ministro de Defensa, Hugo Unda -consta en el proceso- carece de
fecha de expedición, de acuerdo con Alulema y Acurio.
Ese documento, según los agentes que investigaron el presunto caso de tráfico, fue
entregado por los detenidos, como prueba de la buena disposición que existía para
negociar, al agente de Inteligencia Militar que se hizo pasar como el supuesto miembro de
un grupo subversivo interesado en comprar las bombas. (JT)
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