Por Allen Panchana Macay
Redacción Guayaquil
La matrícula le llegó a domicilio. Y se la entregaron personalmente en la avenida Olmedo
y Juan León Mera del cantón Salcedo (Cotopaxi). Esto convenció a Miguel Angel Balarezo
Moncayo a comprar, el 24 de abril de 1997 por la tarde, un camión Mercedes Benz, serie
1422, en 95 millones de sucres.
La transacción se concretó en Carpa S.A., tienda de automotores ubicada en la autopista
Durán- Boliche, km 3,5, que intempestivamente dejó de funcionar. De los principales
socios de la empresa, Efrén Enrique Pastor Peñaloza y Luis Humberto Carrión Mosquera,
no hay rastro; están sindicados en varios juicios, en tres provincias del país.
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Matrículas falsas, a domicilio La Policía, Corporación Aduanera Ecuatoriana, CTG y la Función
Judicial mantienen discrepancias por la prenda de 588 carros de lujo.
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"No tuve problemas hasta el año
pasado, cuando me fui a la Jefatura de Tránsito, en Latacunga, con mi recibo de haber
cancelado el valor de la matriculación. Pero allí me informaron que mi vehículo estaba
en la lista de los que fueron registrados con documentos falsos".
Miguel Balarezo comenzó entonces un peregrinar por varios juzgados hasta que en el Sexto
de lo Penal del Guayas instauró, el 13 de julio de 2000, una denuncia por estafa.
El juez Manuel Bustamante, sin embargo, no inicia el juicio y aún se mantiene el
expediente (2032-2000).
El 1º de marzo último viajó hasta la Corte Superior de Guayaquil. Lo hacía para
declarar ante el titular del Juzgado Fiscal de la provincia, Hanníbal Vela Bajaña, quien
lo sindicó a él y a otros 490 supuestos importadores, implicados en la desaduanización
y matriculación fraudulenta de 588 automotores. Presentó los argumentos respectivos,
pero aún desconoce cuándo podrá legalizar su camión y si realmente podrá seguir
usándolo, mientras ya se creó un conflicto de competencia jurídica entre magistrados.
A las 23:59 de ayer venció el plazo (15 días) que el juez Vela otorgó para que fuesen
trasladados a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), "bajo prevenciones de
Ley", los carros cuyas placas estuvieran dentro de la serie GJG-000 hasta GNK-000.
Una orden que no se cumple todavía, pues los 17 jueces penales de la Corte de Guayaquil
tramitan, al menos, un caso al respecto. Algunos ya se inhibieron y remitieron lo actuado
al Juzgado Fiscal, debido a la prioridad del delito aduanero, como lo establece el Código
Tributario en su artículo 421.
En los patios de la Policía Judicial del Guayas se desconoce con exactitud el paradero de
los 153 vehículos que fueron capturados y eran parte del cuestionado listado. "La
mayoría se devolvieron a sus propietarios o a las aseguradoras, por solicitud de los
mismos jueces". La justificación es del coronel Marcelo Vega Gutiérrez, jefe de la
PJ, quien espera un informe de asesoría jurídica para establecer si cumple o no las
disposiciones de Vela. Este último prepara una providencia que notificará el próximo
lunes, para establecer acciones en contra de los uniformados.
Las discrepancias avivan los conflictos entre la cúpula policial, judicial, CAE y hasta
de la CTG, mientras la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) termina el 'riguroso'
esquema de la matriculación de este año, que empieza en abril, para evitar 'las bulladas
irregularidades'. Lo dice su director, en Quito, Miguel Angel Piedra, aunque desconoce el
informe de la Interpol que revelaría que, al menos, 12 mil vehículos (de los 650 mil del
parque automotor en el país) circularían de forma ilegal.
Ahora se implementará el sistema integrado de servicio automatizado entre el SRI, la DNT,
CAE, Jefaturas de Tránsito, CTG, y varias entidades bancarias. ¿Cómo trabajar entre
constantes ataques y discrepancias?
Una complicada labor de saneamiento, pues la PJ emitió un informe, el 2 de febrero
pasado, que involucra a 67 uniformados de la CTG (21 oficiales y 46 de tropa); pero en las
otras 21 provincias, el tránsito lo controla la Policía. Y es una investigación general
la que ordenó Hanníbal Vela, tras iniciar el juicio. Algo en lo que la DNT sería juez
de sus acciones, lo que es cuestionado por dirigentes de la CTG, que preparan acciones
judiciales en contra de los tres agentes que elaboraron el informe. Las matrículas aún
se piden...
Marca y los elevados costos
- En el mercado automotor, el precio de los
vehículos se cotiza de acuerdo con el modelo, motor, potencia y año, sean estos autos
sedan, station wagon, camionetas, o camperos.
- Hasta febrero, en el competitivo mundo de
los motores, los valores de los vehículos se mantenían invariables en América, Europa,
y en el mercado asiático.
- Así, en autos sedan, las marcas más
reconocidas son Chrysler, Citroën, Hyundai, Honda y Subaru, cuyos autos pueden tener un
valor desde $22 410 hasta los $42 000.
- En camionetas, las marcas preferidas por los
importadores son la Chevrolet, especialmente sus modelos Luv 4x4 y Silverado; la Ford
F-150 y la Dodge modelo Durango, que se cotizan entre los $24 690, 27 300 y 57 000,
respectivamente.
- En cuanto a los modelos camperos, se
destacan las marcas Land Rover modelo New Rangle. También: Nissan, modelos Pathfinder SE
y Patrol Wagon.
- En 1948, el ex presidente Carlos Julio
Arosemena consideró que, debido a la falta de reglamentación en la zona urbana y al
número de accidentes de tránsito, debería crearse una entidad reguladora: se dictó, en
diciembre de ese año, el decreto de creación de la CTG.
Patios de venta clandestinos
A varias Jefaturas de Tránsito del país aún no llega el polémico listado de los 588
vehículos desaduanizados o matriculados de forma ilegal desde enero de 1994 hasta octubre
de 1999. Aquello, aunque el titular del Juzgado Fiscal del Guayas, Hanníbal Vela Bajaña,
ordenó un operativo a escala nacional para la captura de estos, que, sin embargo, aún no
se cumple.
Y en la lectura de las decenas de informes policiales que se emiten desde 1999 por el
Grupo de Inteligencia Antidelictiva (GIA) de la PJ, destaca la supuesta implicación de
conocidas importadoras de automotores y hasta de pequeñas tiendas, que cambian
constantemente de dirección o dejan de funcionar. Por ejemplo, consta Autocar, ubicado en
las calles Portete 819 y Seis de Marzo, al sur de Guayaquil. En los alrededores del lugar
se exhiben en venta varios vehículos. Su gerente, Romando Rugel Cabello, afirma que, pese
a las precauciones, fueron engañados por sus proveedores. "Estamos implicados porque
de aquí salieron dos de los vehículos que se registran en esa lista. Nosotros, incluso,
perdimos dinero y somos parte de la extensa cadena de estafados".
Carpa S.A., en cambio, cerró sus puertas y se desconoce el paradero de sus socios (el
principal era Efrén Pastor), que, según conoció BLANCO y NEGRO, empezaron el negocio de
las 'matrículas a domicilio'.
Pero las investigaciones policiales se frustran debido a las discrepancias declaradas
entre la cúpula uniformada de la CTG y la policial. La última acusación la hizo el
coronel Angel Toral Noboa, comandante del Cuerpo de Vigilancia, en contra del cabo William
Triana, uno de los tres policías que realizaron la investigación. Este acudió a la
Secretaría de la CTG, el 1º de marzo para solicitar, "sin ninguna
competencia", el bloqueo de varios carros que ya habían sido desbloqueados. Triana
intempestivamente fue trasladado a Quito.
Un hecho que ya conoce el director ejecutivo de la entidad, Octavio Jarrín, con quien,
pese a la insistencia, no se pudo obtener una entrevista. Él se reunió el lunes último
con el directorio de la CTG, presidido por el gobernador de la provincia, Joaquín
Martínez. Fue cuando el teniente Martín Saquicela, un doctor en Derecho que labora en el
Departamento de Brevetación, hizo una extensa exposición en que argumentó la
'inocencia' de su institución y la 'malicia' de los agentes de la PJ.
Joaquín Martínez, después de los cuestionamientos, reiteró que no se puede culpar a
uno o dos vigilantes de tránsito, cuando no se sabe con exactitud lo que ocurre en las
otras 21 provincias del país. (APM).
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