El enigma sigue en torno al crimen de Jaime Hurtado
El proceso instaurado para descubrir a los autores, cómplices y encubridores del triple crimen acumuló 51 folios, desde el 19 de febrero de 1999
Una serie de preguntas aún no pueden ser respondidas ni por la Policía ni por la Comisión Especial formada para investigar los asesinatos del diputado del Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado, de su asistente Wellington Borja y del legislador alterno, por el mismo bloque político, Pablo Tapia, ocurridos frente a la Corte Suprema de Justicia, al mediodía del 17 de febrero de 1999.
Marcelo Andocilla, un médico que se integró a la Comisión Especial pocos días después de integrada, por ejemplo, sigue preguntándose por qué las declaraciones de los uniformados involucrados está llena de tantas contradicciones. ¿Por qué uno de los celulares adquiridos por los presuntos cómplices de los autores intelectuales de los crímenes permaneció activo durante seis meses? ¿Quién informó a la Policía de la dirección en la que estaban los presuntos cómplices de los asesinos? ¿Por qué se llamó tantas veces a una oficina de la Policía desde el celular uno de los presuntos cómplices? Las explicaciones de los agentes investigadores no les han convencido.
El triple crimen en 1999
El 17 de febrero de 1999, un presunto sicario esperó a Jaime Hurtado, Pablo Tapia y Wellington Borja, sentado en la vereda de la calle Clemente Ponce, en la intersección con la Pidrahita, frente a la Corte Suprema de Justicia. Con una pistola calibre nueve milímetros terminó con las tres vidas y se fue corriendo por la calle Clemente Ponce hasta llegar a la avenida Diez de Agosto. Siguió por la Luis Felipe Borja, en donde lo esperaba un sujeto en un vehículo Suzuki Forza de color blanco, en el que escapó del lugar de los hechos. El vehículo es abandonado a dos cuadras de las oficinas de la Policía Judicial de Pichincha.
Ese mismo día la Policía logró ubicar la casa en la que se escondían los presuntos cómplices y fueron detenidos Fernando Aguirre, Chistan Ponce y Serguey Merino. Con sus declaraciones la Policía elaboró una hipótesis sobre los móviles del crimen y los posibles autores: paramilitares colombianos que habían enviado a un sicario llamado Victorino, para terminar con la vida de Jaime Hurtado, quien supuestamente colaboraba con la guerrilla colombiana.
La reacción de los familiares de Jaime Hurtado no se hizo esperar. Aseguraron que se trataba de un crimen de Estado y que el informe presentado en una cadena nacional de radio y televisión por el entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, y otras autoridades militares y policiales, intentaba esconder a los verdaderos autores de los crímenes.
El 20 de abril de 1999, la Comisión Especial presentó su primer informe para desvirtuar las conclusiones de los agentes que investigaron los asesinatos. Sostuvieron que se trataba de un "crimen de Estado", sobre todo, porque después se reveló que el principal testigo y presunto cómplice, Fernando Aguirre, resultó ser informante de la Policía. Sus declaraciones involucraron a varios agentes y oficiales en servicio activo, contra quienes presentaron acusaciones particulares, los familiares de las víctimas.
Dilegencias y declaraciones
Son varias las diligencias que se han practicado y las instancias por las que ha pasado el proceso desde que se dictó el autocabeza de proceso para descubrir a los autores, cómplices y encubridores de los crímenes, en el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha el 19 de febrero de 1999. El caso ha acumulado 51 folios. Se ha llamado a declarar a oficiales en servicio activo y pasivo, a ex funcionarios del Gobierno y hasta empleados de la familia del ex embajador de Ecuador en México, Medardo Cevallos Balda (en el Gobierno de Jamil Mahuad), contra quienes recayeron las últimas sospechas de la Comisión Investigadora, sobre todo después de la detención de un ex empleado de esa familia, Freddy Contreras, a quien un testigo identificó como el posible Victorino, al autor de los disparos.
Freddy
Contreras, en la actualidad, está preso en una cárcel de Portoviejo acusado de otros
asesinatos. Hace poco se reunió de forma reservada con los miembros de la Comisión
Especial, Lenin Hurtado y Marcelo Andocilla, para ofrecerles información sobre los
negocios de la familias Cevallos Balda a cambio de los servicios de un abogado que lo
defendiera de los delitos que lo acusan. Accedieron a su ofrecimiento y un abogado de
Manabí se encargó de su defensa, pero luego impuso otras exigencias. "Dijo que
necesitaba estar libre para entregarnos la información, y eso no lo podíamos permitir.
Ahí se acabó el trato", sostuvo Andocilla.
'No hay crímenes perfectos'
¿Se trató de un crimen perfecto? "No hay crímenes perfectos. Tenemos elementos
para saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales. Solo nos falta
materializar las pruebas. Es lo más complicado en la investigación", dijo el
médico.
El médico cree que por lo menos uno de los agentes que investigó los crímenes conocía
la planificación y ejecución de los asesinatos, y fue quien utilizó la investigación
para ocultar las pistas que pudieran revelar a los verdaderos autores del triple crimen
ocurrido al mediodía del 17 de febrero de 1999. (JT)
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