SÁBADO 9  DE DICIEMBRE DE 2000

Cuando el ministro del Ambiente, Rodolfo Rendón, anunció vía telefónica la decisión que había tomado la Autoridad Interinstitucional para el manejo de las islas Galápagos, de incrementar en 30 toneladas el cupo de pesca de langosta hasta el 31 de diciembre, los representantes del Parque Nacional, de la Estación Charles Darwin y de la Cámara de Turismo, quedaron asombrados.
El estudio, elaborado por la Fundación Charles Darwin, recomendaba un incremento de apenas 15 toneladas. La autoridad, desde el continente (Guayaquil), duplicó el criterio técnico y rompió, así, todas las expectativas, incluso las de los pescadores, cuya intención era lograr un calendario que, por cinco años, les garantizara una libre extracción de langosta.
Minutos antes, el miércoles 15 de noviembre, los funcionarios habían organizado, en Santa Cruz, una reunión para discutir el tema frente a un grupo de periodistas de Quito y Guayaquil. Mientras debatían sobre la conveniencia de limitar la explotación del recurso marino, en la Isla Isabela los pescadores se tomaban las instalaciones del Parque Nacional, destruían la vivienda de su director, se incautaba un grupo de tortugas e impedían la movilización entre las Islas que tienen afluencia turística. Sus representantes no asistieron a la cita: su ausencia solo confirmaba las resquebrajadas relaciones entre pescadores, empresarios turísticos, ambientalistas y autoridades gubernamentales.
Los pescadores, según los agentes turísticos, se "habían salido con la suya": aprovechar el recurso hasta diciembre. La reacción del ministro sentaba un mal precedente. "No se sabe si van a actuar de la misma manera para presionar por otras cosas".

Las relaciones entre pescadores, empresarios, ambientalistas y autoridades gubernamentales están lesionadas. La Ley Especial
es buena en el papel, pero su práctica encuentra obstáculos.

Rendón no supo explicar las razones que motivaron la decisión; en la mañana, ese mismo día, había advertido -mientras abandonaba el aeropuerto de Baltra- que el diálogo estaba roto, que las autoridades no cederían ante las pretensiones de los langosteros y que se mantendrían las demandas en contra de los pescadores que cometieron desmanes en una acción similar, en mayo pasado.
Sus declaraciones fueron determinantes: "los pescadores quieren, también, autorización para capturar tiburón, lo cual dañaría la paz del sistema ecológico".
Siete horas después, anunciaba que otra de las decisiones de la Autoridad Interinstitucional -creada mediante la Ley de Régimen Especial para Galápagos- era la elaboración de un estudio para analizar la posibilidad de abrir la pesca de esa especie. El documento deberá estar listo en 30 días: solamente la recolección de datos tomaría, según los biólogos del Parque, varios meses.
El asombro, entonces, estaba justificado.
El más indignado era Gunther Reck, ex director de la Estación Charles Darwin y actual investigador del organismo.
Sus cifras decían todo lo contrario: la intensidad de la actividad pesquera había incrementado, en los últimos años, el tiempo que un buzo necesita para capturar langosta; la cantidad de pescadores se ha duplicado en los últimos tres años para superar los 900 (cifra estimada porque no existe un censo pesquero). Incluso, los recursos para cada uno de ellos se han reducido. Era necesario, entonces, monitorear el comportamiento de la especie para medir el impacto de un cupo adicional de extracción. El costo aproximado de un mecanismo de este tipo: $100 mil.
Reck se esforzaba por explicar los criterios de conservación, sin saber que al día siguiente los pescadores afirmarían que "el conservacionismo es un cuento".
Rogelio Guaicha, apoyado por el alcalde de Santa Cruz, Alfredo Ortiz, y un grupo de pescadores de la isla, afirmó que "es imposible que se invierta más en el animal que en la población".
Sus peticiones no se limitaban al incremento del cupo sino a un listado de 21 exigencias, que incluían la autorización para aplicar el sistema de long line, prohibido por el Parque, en las actividades pesqueras; la transferencia al sector de recursos destinados para proyectos ambientalistas; la permanencia de ganado vacuno -un animal introducido- en algunas áreas de las islas; la inversión de recursos provenientes del BID en la población; la ejecución de un proyecto de agua potable y alcantarillado; la destitución de las autoridades del Parque; la renuncia del gerente del Ingala (Instituto Nacional Galápagos); y la derogación de unos de los artículos del reglamento de la Ley Especial que permite que la Fundación participe en la Autoridad Interinstitucional con voz y voto.
Los pescadores, parte también de la Autoridad, habían decidido no participar de la reunión de Guayaquil; Guaicha argumentó que no podían acudir a una instancia con la que se había roto el diálogo y que entendía muy poco su situación. Acusaba al Parque Nacional de la ineficacia en el control de la expansión de la actividad pesquera: "tienen el 50% de culpa porque debieron hacer cumplir la Ley".
Se aclaraba, entonces, el panorama. La problemática de la pesca de langosta es solamente una de las aristas del conflicto en las Islas; quizá la excusa que ha destapado la 'olla de grillos'. Las palabras de Guaicha, a las que se sumaron los aplausos de varias decenas de pescadores, dejaban una pregunta en el ambiente: ¿qué es más importante, el hombre o el animal? (EVC)

La Ley Especial, base de la participación

• La Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos fue aprobada en 1998. La Ley no puede aplicarse porque, al momento, 18 reglamentos están pendientes: normativa relacionada, por ejemplo, con la transferencia de permisos de pesca, las autorizaciones de operaciones turísticas, las calidad de los servicios, el ingreso de naves extranjeras no comerciales, el tratamiento de desechos y las inversiones en la provincia.
• La Ley establece la Junta de Manejo Participativo como espacio de diálogo para la toma de decisiones; cuando no se logra el consenso a este nivel, se acude a la Autoridad Interinstitucional. El marco legal y la nueva Constitución Política fortalecieron, jurídicamente, al Instituto Nacional Galápagos (Ingala): el ente planificador y coordinador de la provincia, y órgano técnico asesor de las instituciones del Estado en materia de conservación.
• El Ingala debe, además, aplicar un estricto control migratorio sobre la base de la Ley. Se busca, actualmente, financiamiento para un mecanismo efectivo.
  Se ha propuesto una depuración del sistema de calificación y control de residentes en cuatro fases. La primera, la recalificación, aplicada 90 días después de promulgado el reglamento general (enero de 2000). La segunda, la recarnetización; la tercera, la implantación del programa de control de la residencia (se ha ejecutado en forma experimental). La cuarta fase es la red de control de residentes que incluye una automatización del cruce de datos entre aeropuertos, puertos o puntos de control.
• La posibilidad de aplicar un concepto de participación en el manejo de las Galápagos, es un proceso a largo plazo. Las autoridades seccionales y conservacionistas creen que este enfoque, encuentra un obstáculo en las decisiones que se toman desde el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Interinstitucional. (EVC).