Martha, a merced de dos reos
El estudio jurídico permanece
atiborrado de personas que conversan amenamente o leen revistas, mientras, apretujados en
los asientos, esperan su turno. El piso 24 del edificio Torres de la Merced, en el centro
de Guayaquil, además, parece propicio para apreciar la ciudad y, sobre todo, el río
Guayas, cuyas aguas observa Martha Yesenea Endara Cabezas.
Una liga esconde su larga cabellera negra. No responde cuando escucha su nombre y una
palmada en el hombro la asusta. Al sentarse, disimula las lágrimas que recorren su rostro
de 21 años de edad. "Aquella mañana de junio de 19 92 nadie me ayudó y todos
veían. Gritaba desesperada y nadie hacía nada". Y, ocho años después, no olvida
los rostros de los cuatro violadores que detuvieron su caminar en el sector de Mapasingue.
Se inició un juicio, hoy empolvado en el Juzgado Cuarto de lo Penal. Se retiró del
colegio y convirtió su habitación en su mundo, mientras una fundación le daba
tratamiento sicológico. Segunda de tres hermanos, incluso vivió en el refugio del cerro
Las Cabras del cantón Durán (Guayas).
"Olvidar y vivir", se consuela, mientras esconde sus grandes ojos negros y
cuenta las embarcaciones en el río. Habla de sus dos hijas, de tres y un año de edad,
procreadas con Alberto Juanazo, de quien se separó.
"Y un día de junio lloraba... y nadie hacía nada", repite sin cesar. Y creyó
firmemente que la compasión del mundo se extinguió. El domingo 12 de noviembre fue a la
Penitenciaría del Litoral a visitar a su hermano Jhonny Soledispa Cabezas, detenido por
supuesta tenencia ilegal de armas. A las 15:00 ingresó con alimentos, mientras sus hijas
y Alexis Cevallos Beltrán, un amigo, la esperaban afuera, debido a la emergencia
sanitaria declarada en el lugar, adonde iba por primera vez.
Solo sabía que debía llegar a Cuarentena Baja. Se le acercó, con Biblia en mano, José
Tenorio Caicedo, 'Makanaki', quien le dijo que él era compañero de celda de Jhonny
Soledispa. "Leía el Salmo 23 e insistía que Cristo lo había salvado, pero después
sacó un cuchillo y, a la fuerza, me empujó hasta su prisión. Me rasgó las vestiduras
y...No sé cuántas veces...Quería gritar y no podía. Seguramente, la historia se
repetiría".
Con los $7 que le robó, 'Makanaki', un negro sentenciado a 25 años de reclusión por
asesinato y narcotráfico, compró droga, por una claraboya, a uno de sus compañeros.
"Y fumaba y trató de obligarme a fumar. Después, fue peor. Mi desnudez parecía
eterna".
Eran las 22:30 y los acompañantes de Martha Endara se desesperaban aún más. Los guías
penitenciarios, afirma Alexis Cevallos, nunca colaboraron. "Usted, sufriendo. Las
niñas, llorando y con frío. Y ella, disfrutando", le argumentaban. A la media noche
llegaron la abuela de ella, María Quijije y su tía Nancy Cabezas. Se amanecieron en los
exteriores del centro carcelario. Ambas concentraron su atención en la cédula de su
familiar, que estaba en la recepción, mientras el tiempo transcurría, sin recibir ayuda,
hasta que la solicitaron directamente al Comando Policial de la provincia.
Adentro, Martha no emitía palabra y en la mañana del lunes 13 de noviembre los abusos
continuaron. A las 10:00 'Makanaki' abrió la celda con sus propias llaves y la encerrada
era ella. "Regresó con un hombre también moreno (Oscar Castro Rodríguez) y,
diciendo que yo era su esposa, me vendió en $2". Y comenzó otra tortura, que
terminó a las 17:00 del lunes, cuando sus familiares llegaron con policías. "Cuando
me dejaron ir, fui al policlínico, relaté lo sucedido y, nuevamente, nadie hizo nada,
pese a estar más de 24 horas sin comer, ni beber".
Vuelve la mirada al río y murmura que las pesadillas volvieron, como hace ocho
años...(APM).
El juicio aún no se inicia
La titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Guayas, Rocío Santos de Macías, aún no
inicia el autocabeza de proceso (juicio) del expediente 2372-2000. Martha Endara Cabezas
presentó el martes anterior la acusación particular en contra de José Tenorio Caicedo,
'Makanaki', Oscar Castro Rodríguez y Eduardo Sandoval Villamar, quien es el director de
la Penitenciaría del Litoral y solicita su detención.
"Lo ocurrido con la señora es peor que la epidemia del meningococo. Y no es la
primera vez que ocurre, según los testimonios de los mismos guías, para quienes es algo
tan común como respirar", afirma Rafael Esteves Moncayo, abogado defensor.
María Quijije, abuela de la víctima, reitera el quemeimportismo de las autoridades
penitenciarias, a quienes "suplicamos ayuda, pero la negaron".
Esteves, ex ministro juez de la Corte Superior de Guayaquil, también asumió la defensa
de Jhonny Soledispa Cabezas, a quien, según sus familiares, un guía le exige $50 para no
cambiarlo al pabellón donde permanecen los dos violadores de su hermana, que ya lo
amenazaron de muerte. (APM).
|
Los sentenciados cumplen la pena en cualquier parte
Un conflicto legal que se inició hacia
mediados del año pasado, ha renacido en la Comisión Anticorrupción. Es el caso de la
niña Karen Abril Moreno, atropellada por el vehículo que conducía Juan Carlos Torres
Naranjo. A pesar de que el accidente ocurrió en Portoviejo y fue juzgado en Manabí, el
preso fue trasladado a Latacunga, lo que significó, según la Comisión, "una
violación al Código de Ejecución de Penas". La Comisión, presidida por Ramiro
Larrea, viene insistiendo en el caso del atropellamiento de Karen Abril Moreno, desde
septiembre.
Pero la resolución de la Anticorrupción se hace extensible "a los frecuentes hechos
que se producen en la Dirección de Rehabilitación Social del país, de no respetar el
fuero judicial, con relación al lugar donde debe permanecer el sindicato mientras se
tramita el proceso".
En vista de ello, resolvió "exhortar a los funcionarios de dicha dependencia que
cumplan con las disposiciones legales de acuerdo con el artículo 38 del Código de
Ejecución de Penas", que establece que solo para efecto del cumplimiento de una pena
con sentencia en firme, los sindicados se sujetarán al Sistema Penitenciario.
La Comisión recuerda que, en el caso de Juan Carlos Toreres, el sindicado presentó dos
solicitudes al director del Centro de Rehabilitación Social de Portoviejo, para que le
autorice ser trasladado al Centro de Rehabilitación de Latacunga, pedido que fue acogido
sin que el detenido tuviera sentencia en firme.
En efecto, el 24 de septiembre de 1999, el señor Juan Carlos Torres fue trasladado desde
el Centro de Rehabilitación de Portoviejo al Centro de Rehabilitación de Latacunga,
decisión que se la informa al juez Cuarto de Tránsito de Manabí "violando
disposiciones legales establecidas".
El 15 de febrero de 2000, el Juez dicta sentencia condenatoria a Juan Carlos Torres
Naranjo, imponiendo la pena de tres años de prisión ordinaria y disponiendo que la misma
se cumpla en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
"El juez al señalar el lugar para la ejecución de la condena" sostiene la
Comisión Anticorrupción, "habría incurrido en un exceso de atribuciones y en una
violación al Código de Ejecución de Penas; por lo que solicita al Director Nacional de
Rehabilitación Social imponga sanciones administrativas a los funcionarios del
Departamento de Diagnóstico y Evaluación de las Direcciones de Rehabilitación de
Portoviejo y Latacunga.
Además, requiere al Consejo de Rehabilitación Social que imponga sanciones
administrativas al director del Centro de Rehabilitación de Portoviejo y al director de
Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. En los dos
casos, por inobservar las disposiciones legales contenidas en el Código de Ejecución de
Penas y Rehabilitación Social, relativas al ámbito de su competencia.
También la Comisión remitirá al Ministerio Público los resultados de su investigación
para que eleve una excitativa fiscal en contra del director de Diagnóstico y Evaluación
de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y del director del Centro de
Rehabilitación Social de Portoviejo por cometer el delito tipificado en el artículo 254
del Código Penal y en contra del juez Cuarto de Tránsito de Manabí por el delito
tipificado en el artículo 255. En ambos casos, por exceso de atribuciones. (JP)
.
|
|