Martha, a merced de dos reos

El estudio jurídico permanece atiborrado de personas que conversan amenamente o leen revistas, mientras, apretujados en los asientos, esperan su turno. El piso 24 del edificio Torres de la Merced, en el centro de Guayaquil, además, parece propicio para apreciar la ciudad y, sobre todo, el río Guayas, cuyas aguas observa Martha Yesenea Endara Cabezas.
Una liga esconde su larga cabellera negra. No responde cuando escucha su nombre y una palmada en el hombro la asusta. Al sentarse, disimula las lágrimas que recorren su rostro de 21 años de edad. "Aquella mañana de junio de 19 92 nadie me ayudó y todos veían. Gritaba desesperada y nadie hacía nada". Y, ocho años después, no olvida los rostros de los cuatro violadores que detuvieron su caminar en el sector de Mapasingue.
Se inició un juicio, hoy empolvado en el Juzgado Cuarto de lo Penal. Se retiró del colegio y convirtió su habitación en su mundo, mientras una fundación le daba tratamiento sicológico. Segunda de tres hermanos, incluso vivió en el refugio del cerro Las Cabras del cantón Durán (Guayas).
"Olvidar y vivir", se consuela, mientras esconde sus grandes ojos negros y cuenta las embarcaciones en el río. Habla de sus dos hijas, de tres y un año de edad, procreadas con Alberto Juanazo, de quien se separó.
"Y un día de junio lloraba... y nadie hacía nada", repite sin cesar. Y creyó firmemente que la compasión del mundo se extinguió. El domingo 12 de noviembre fue a la Penitenciaría del Litoral a visitar a su hermano Jhonny Soledispa Cabezas, detenido por supuesta tenencia ilegal de armas. A las 15:00 ingresó con alimentos, mientras sus hijas y Alexis Cevallos Beltrán, un amigo, la esperaban afuera, debido a la emergencia sanitaria declarada en el lugar, adonde iba por primera vez.
Solo sabía que debía llegar a Cuarentena Baja. Se le acercó, con Biblia en mano, José Tenorio Caicedo, 'Makanaki', quien le dijo que él era compañero de celda de Jhonny Soledispa. "Leía el Salmo 23 e insistía que Cristo lo había salvado, pero después sacó un cuchillo y, a la fuerza, me empujó hasta su prisión. Me rasgó las vestiduras y...No sé cuántas veces...Quería gritar y no podía. Seguramente, la historia se repetiría".
Con los $7 que le robó, 'Makanaki', un negro sentenciado a 25 años de reclusión por asesinato y narcotráfico, compró droga, por una claraboya, a uno de sus compañeros. "Y fumaba y trató de obligarme a fumar. Después, fue peor. Mi desnudez parecía eterna".
Eran las 22:30 y los acompañantes de Martha Endara se desesperaban aún más. Los guías penitenciarios, afirma Alexis Cevallos, nunca colaboraron. "Usted, sufriendo. Las niñas, llorando y con frío. Y ella, disfrutando", le argumentaban. A la media noche llegaron la abuela de ella, María Quijije y su tía Nancy Cabezas. Se amanecieron en los exteriores del centro carcelario. Ambas concentraron su atención en la cédula de su familiar, que estaba en la recepción, mientras el tiempo transcurría, sin recibir ayuda, hasta que la solicitaron directamente al Comando Policial de la provincia.
Adentro, Martha no emitía palabra y en la mañana del lunes 13 de noviembre los abusos continuaron. A las 10:00 'Makanaki' abrió la celda con sus propias llaves y la encerrada era ella. "Regresó con un hombre también moreno (Oscar Castro Rodríguez) y, diciendo que yo era su esposa, me vendió en $2". Y comenzó otra tortura, que terminó a las 17:00 del lunes, cuando sus familiares llegaron con policías. "Cuando me dejaron ir, fui al policlínico, relaté lo sucedido y, nuevamente, nadie hizo nada, pese a estar más de 24 horas sin comer, ni beber".
Vuelve la mirada al río y murmura que las pesadillas volvieron, como hace ocho años...(APM).

El juicio aún no se inicia

La titular del Juzgado Quinto de lo Penal del Guayas, Rocío Santos de Macías, aún no inicia el autocabeza de proceso (juicio) del expediente 2372-2000. Martha Endara Cabezas presentó el martes anterior la acusación particular en contra de José Tenorio Caicedo, 'Makanaki', Oscar Castro Rodríguez y Eduardo Sandoval Villamar, quien es el director de la Penitenciaría del Litoral y solicita su detención.
"Lo ocurrido con la señora es peor que la epidemia del meningococo. Y no es la primera vez que ocurre, según los testimonios de los mismos guías, para quienes es algo tan común como respirar", afirma Rafael Esteves Moncayo, abogado defensor.
María Quijije, abuela de la víctima, reitera el quemeimportismo de las autoridades penitenciarias, a quienes "suplicamos ayuda, pero la negaron".
Esteves, ex ministro juez de la Corte Superior de Guayaquil, también asumió la defensa de Jhonny Soledispa Cabezas, a quien, según sus familiares, un guía le exige $50 para no cambiarlo al pabellón donde permanecen los dos violadores de su hermana, que ya lo amenazaron de muerte. (APM).

Los sentenciados cumplen la pena en cualquier parte


Un conflicto legal que se inició hacia mediados del año pasado, ha renacido en la Comisión Anticorrupción. Es el caso de la niña Karen Abril Moreno, atropellada por el vehículo que conducía Juan Carlos Torres Naranjo. A pesar de que el accidente ocurrió en Portoviejo y fue juzgado en Manabí, el preso fue trasladado a Latacunga, lo que significó, según la Comisión, "una violación al Código de Ejecución de Penas". La Comisión, presidida por Ramiro Larrea, viene insistiendo en el caso del atropellamiento de Karen Abril Moreno, desde septiembre.
Pero la resolución de la Anticorrupción se hace extensible "a los frecuentes hechos que se producen en la Dirección de Rehabilitación Social del país, de no respetar el fuero judicial, con relación al lugar donde debe permanecer el sindicato mientras se tramita el proceso".
En vista de ello, resolvió "exhortar a los funcionarios de dicha dependencia que cumplan con las disposiciones legales de acuerdo con el artículo 38 del Código de Ejecución de Penas", que establece que solo para efecto del cumplimiento de una pena con sentencia en firme, los sindicados se sujetarán al Sistema Penitenciario.
La Comisión recuerda que, en el caso de Juan Carlos Toreres, el sindicado presentó dos solicitudes al director del Centro de Rehabilitación Social de Portoviejo, para que le autorice ser trasladado al Centro de Rehabilitación de Latacunga, pedido que fue acogido sin que el detenido tuviera sentencia en firme.
En efecto, el 24 de septiembre de 1999, el señor Juan Carlos Torres fue trasladado desde el Centro de Rehabilitación de Portoviejo al Centro de Rehabilitación de Latacunga, decisión que se la informa al juez Cuarto de Tránsito de Manabí "violando disposiciones legales establecidas".
El 15 de febrero de 2000, el Juez dicta sentencia condenatoria a Juan Carlos Torres Naranjo, imponiendo la pena de tres años de prisión ordinaria y disponiendo que la misma se cumpla en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
"El juez al señalar el lugar para la ejecución de la condena" sostiene la Comisión Anticorrupción, "habría incurrido en un exceso de atribuciones y en una violación al Código de Ejecución de Penas; por lo que solicita al Director Nacional de Rehabilitación Social imponga sanciones administrativas a los funcionarios del Departamento de Diagnóstico y Evaluación de las Direcciones de Rehabilitación de Portoviejo y Latacunga.
Además, requiere al Consejo de Rehabilitación Social que imponga sanciones administrativas al director del Centro de Rehabilitación de Portoviejo y al director de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. En los dos casos, por inobservar las disposiciones legales contenidas en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, relativas al ámbito de su competencia.
También la Comisión remitirá al Ministerio Público los resultados de su investigación para que eleve una excitativa fiscal en contra del director de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y del director del Centro de Rehabilitación Social de Portoviejo por cometer el delito tipificado en el artículo 254 del Código Penal y en contra del juez Cuarto de Tránsito de Manabí por el delito tipificado en el artículo 255. En ambos casos, por exceso de atribuciones. (JP)
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