SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2000

CRONICA ROJA 'Si soy inocente, ¿volverán a presentarme en la TV? La lentitud judicial ¿es un delito?
• Dos balas del mismo calibre y dos crímenes. • Dos víctimas de prisión arbitraria dan su testimonio. Carmen Bolaños, arrestada en el Putumayo y acusada de vinculación con la guerrilla, no puede olvidar el día que fue violada. • El derecho a la Reparación en el procedimiento penal es un tema que debe preocupar a toda la sociedad. Organismos como el Inredh y el Cepam han preparado un informe completo.


Cuando Froilán Cuéllar, acusado en 1993 por las Fuerzas Armadas, de ser un 'guerrillero de finca' en la conflictiva zona del Putumayo, abandonó la cárcel en Quito, ¿en qué pensó? Había perdido su trabajo y estaba desarraigado de su lugar de residencia. Había sido torturado.
¿Se encomendó tal vez, al mismo Dios al que rogaba cada ocasión que lo conducían a la tortura?
Pensó quizá que alguien tenía que reparar el error y ser castigado por ello. Lo primero, se concretó luego de tres años de una intensa disputa en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Cada uno de los 11 campesinos del Putumayo recibió cien mil dólares. Lo segundo, todavía no se cumple. Ha transcurrido un año desde el acuerdo entre el Estado y Froilán Cuéllar, y aún no se fija el juez que, en Sucumbíos, deberá instaurar la causa contra los militares que cometieron tan curioso "error". En el acuerdo, el Estado se comprometió a enjuiciarlos penalmente. Pero la justicia nunca tiene apuro.
El Ecuador carece de una legislación que permita a las víctimas de la violación de sus derechos, exigir la reparación.
Cuántas veces, en las cámaras de televisión, en fila y con el objeto del supuesto delito entre las manos (como en los mejores tiempos medievales de la Inquisición) son expuestos los acusados.

¿Quién podrá devolverme lo que fui?

Mientras el abuso del poder caracteriza a las acciones de la policía y de una justicia indiferente y lenta, la reparación del daño no cuenta en el Ecuador con legislación alguna

Uno de ellos, Ana Cristina Mesa, colombiana, acusada de supuesta participación en narcotráfico, obligada a posar para la televisión, preguntó si, cuando la declaren inocente volverán las cámaras a enfocarla. Es posible imaginar la respuesta.
Las principales instituciones estatales acusadas de violar derechos humanos son la Policía y las Fuerzas Armadas. Y el delito del poder más frecuente es la privación arbitraria de la libertad, con amenaza y chantaje. Los casos de reparación, mientras tanto, son muy pocos. Contados con los dedos de la mano, y todos tramitados en tribunales internacionales.
La primera reacción de la víctima es callarse, afectada por el miedo. Opta por no demandar ante el abuso de que fue objeto. Hay una relación desigual de poder, está la imagen de una justicia corrompida y lenta, están los costos de un abogado.
La Fudación Regional de Asesoría en derechos Humanos -Inredh- conjuntamente con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer -Cepam- han llevado adelante un proyecto conducente a impulsar una legislación nacional para la reparación de los daños ocasionados a las víctimas de los errores y abusos del poder estatal. El texto de la ley está listo, impulsado por varias comisiones del Congreso, y, particularmente por la diputada Cecilia Calderón, que nunca pensó en seguir una causa de restitución por la muerte de su padre, el dirigente político Abdón Calderón, contra quien se les 'fue la mano' a unos agentes contratados por el ministro de Gobierno, cuando agonizaba la dictadura militar de los años setenta.
En su investigación, el Inred ha documentado veinte casos de reparación por efectos de 'arreglo amistoso' en poco más de una década, que incluyen algunos de enorme impacto público como el de Consuelo Beneavidez asesinada por miembros de la Marina durante la represión que vivió el Ecuador bajo el régimen de Febres Cordero, y el caso de los campesinos de Putumayo en 1993.En los veinte casos, el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la causa hasta el arreglo ha sido de alrededor de cinco años.
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de los 28 casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo en tres se ha sancionado a los culpables, pues la impunidad es la norma.
Ahora, habrá que esperar que la pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo deje un espacio para que el Plenario conozca y apruebe el proyecto de 'Ley de Reparación en el Procesamiento Penal'.
Mientras tanto, esta 'lacra' de la ausencia de normas para la reparación, se enlaza con otro tema abordado por BLANCO Y NEGRO hace algunas semanas: la ausencia de toda protección y garantía para los testigos que se 'atreven' a actuar como tales en un juicio, y a los que la policía de Guayaquil, por ejemplo, obliga a un enfrentamiento cara a cara con el agresor, de modo que este no se olvide del testigo al momento de cumplir la venganza. Los dos casos van labrando el vacío de ciudadanía en que vivimos los ecuatorianos. (JP)

Se fue preso con su única maquinaria

Rodrigo Delgado trabajaba para un patrón de quien sabía poco.
Un día cualquiera, fue acusado de un delito del que supuestamente era responsable su patrón. No importa cuál. Una extraña historia de telas y prendas de vestir manipuladas ilegalmente. Telas que, dice esta víctima de la justicia ecuatoriana, se venden en 'las barbas de la Policía', al frente de la Comandancia General en Quito.
Lo cierto es que en la carcel sufrió de todo. Delgado es el típico caso del injustamente encarcelado, sin boleta de captura y sujeto a amenazas. Cuatro días incomunicado y obligado a declarar durante las noches para provocar contradicciones y sustentar la falsa acusación.
Pero no solo estuvo preso 'el cuerpo' de Rodrigo Delgado. Su maquinaria, su único instrumento de trabaj, pasó secuestrada por la Policía 432 días
Salió y apenas si ha podido volver a su oficio de sastre.
¿Qué esperaría Rodrigo Delgado que ocurra con sus falsos acusadores?
''Yo por ejemplo en este caso, quisiera que los Derechos Humanos me ayuden a plantear un juicio contra los señores estos que me llevaron injustamente preso, ya que yo he pasado más de dos años sin trabajo, no he tenido ni qué comer, no he tenido para dar para mis hijos, para los colegios, no he tenido ni para, disculpe, el tabaquito, ni he tenido para una golosina.
''Yo lo que quisiera seguir es un juicio. Qué por ejemplo, que haga justicia. A mí no me llevaron, por ejemplo como vuelvo y repito, no me llevaron con orden de captura, no me llevaron con orden de allanamiento, por ejemplo.
"Mi maquinaria, solamente podrína llevarme a mí preso, pero no mi maquinaria, no tiene nada absolutamente que ver porque esas cosas no hablan, no caminan , solamente son fierros, aparatos.
''Quiero que les sigan un juicio. Ya yo pasé sin trabajo injustamente, yo he conversado con algunos amigos, que la maquinaria no podían llevarse por que es una herramienta de trabajo. Que esas mismas autoridades, por ejemplo, que sean sancionadas, personas que me llevaron injustamente, y que para esas personas también haya ley, así como a uno le pusieron injustamente preso, que también a ellos les castigue la ley. Para mí, que me colaboren de tanto tiempo que pasé sin trabajo, daño moral, daño físico. Como le digo, yo estaba a punto de separarme de mi mujer, porque yo no tenía para dar de comer''.
A quién responsabiliza Rodrigo Delgado por lo que le ha ocurrido?
"Los que me llevaron preso injustamente, son los señores agentes de inteligencia, y los agentes de la intendencia, que me llevaron sin orden de captura.
¿Es el sueño de la reparación lo que ha narrado Rodrigo Delgado? Si. Por lo pronto es el sueño, en el que calcula que podría ganar unos diez millones de sucres 'ancianos' con la máquina que le secuestraron. (JP).


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