Pugna por tierras deriva en ajusticiamiento en Salanguillo
Decenas de miradas acechan desde las hendijas de vetustas viviendas de madera y caña, entre el silencio y el polvo que impera en la lejana comuna Salanguillo de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena (Guayas).
Casi la mitad de sus 600 habitantes permanecen escondidos en algún lugar de la Península, luego de que a las 03:00 del viernes de la semana anterior 22 miembros del GOE de la Policía apresaron, entre disparos y golpes, a cinco personas: Jacinto Triviño, Héctor Liriano Catuto, Pascual Beltrán, Carlos Beltrán y Darwin Santos Aguilera.
Ellos permanecen hace cuatro días en la Penitenciaría del Litoral, en las afueras de Guayaquil, acusados de amarrar, torturar, quemar y disparar, la tarde del pasado jueves 21 de septiembre, al ciudadano chileno Orlando del Carmen Palma Cuevas, de 59 años de edad. "Delito de asesinato y rebelión", determina la providencia (juicio 267-00), emitida dos días después, de Pedro Núñez Lavayen, titular del Juzgado 21 de lo Penal del Guayas, con sede en Libertad, donde aún se comenta el suceso.
Aunque las puertas de la pequeña iglesia católica se abren solo cada 15 días, a las 18:00 se enciende en Salanguillo una vela por el familiar ausente, en medio de imágenes de santos, crucifijos, rosarios y del aroma del humo del palo santo. "¡El pueblo lo mató! ¡Los responsables somos 600, entre niños y adultos!", justifica Margarita Guale, como retomando el argumento de Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega.
Y en el cantón Durán, a media hora de Guayaquil, Blanca Castro llora, escondida de sus cuatro hijos (el mayor tiene 12 años), la muerte de Orlando Palma, su esposo hace 15 años. La humilde vivienda de la manzana 245 de la popular ciudadela El Recreo está llena de fotografías sonrientes de él, a quien, sin embargo, fue imposible reconocer cuando su cuerpo llegó incinerado, en dos sacos, al anfiteatro de La Libertad.
El era un comerciante, padre de siete hijos más en Chile, su país natal, que abandonó en 1970. Ella todavía no presenta en el Juzgado la acusación particular, pues no concibe lo ocurrido y, peor aún, no sabe a quién o a quiénes culpar.
Mas los comuneros enfatizan que debería estar detenido Otto Díaz Mena, presidente de la Asociación Agropecuaria Río Las Negras, a quien acusan de propiciar, desde 1992, las invasiones de 11 000 hectáreas, de las 14 550 que están registradas en el Ministerio de Agricultura como propiedad de Salanguillo.
"Son tierras nuestras, declaradas por Fundación Natura como zona de reserva por su rica vegetación; pero ellos talan árboles, queman y destruyen todo", reitera María Guale Malavé.
El jueves, a las 17:00, el chileno retornaba de las tierras de la discordia, en las que se realizó una inspección desde las 09:00, acompañado del teniente político de Colonche, Alberto Borbor Neira, tres policías y demás personas, designadas por el intendente del Guayas, Pedro Cruz.
Armados e iracundos, los comuneros, niños, mujeres y hombres, aguardaban a los visitantes. Se reunieron luego de la 'alerta' impartida por altoparlantes, para evitar -reiteran- los asentamientos ilícitos y la depredación de la naturaleza, que ya denunciaron a las autoridades respectivas: "Ya estábamos cansados de que Otto Díaz, con sus influencias, quiera legalizar lo ilegal".
Díaz le regaló un terreno en las montañas de Salanguillo a Orlando Palma, quien, según su esposa, por agradecimiento, "y sin recibir remuneración", le ayudaba con la Asociación Agropecuaria Río Las Negras, pero -aclara- "él no era el secretario, como dicen las denuncias presentadas".
Ya nada es igual en Salanguillo, en el Juzgado 21 ni en la estrecha vivienda de El Recreo. Los 22 minutos que demoró la incineración, que son cruelmente descritos por el informe policial de ocho páginas, parecen no terminar todavía...(APM).
Marco Samaniego Castillo, de 45 años, y Richard Cueva Ordóñez, de 38,
desaparecieron la madrugada del 13 de febrero de 2000 en la población de Catamayo
(provincia de Loja). Según versiones de los familiares, los dos amigos se encontraban en
el parque central de esa localidad a bordo de un automóvil Ford Fiesta modelo 1999, de
propiedad de Samaniego, cuando por alguna razón inexplicable desaparecieron sin dejar
rastro.
Todo ello conduce a pensar que fueron víctimas de un asalto y probable asesinato
ejecutado por delincuentes que lo que querían era apoderarse del vehículo, según
comenta Carlos Samaniego, hermano de uno de los desaparecidos, quien estuvo hace pocos
días en Quito solicitando la ayuda de los organismos de Derechos Humanos y de las
autoridades judiciales, a fin de esclarecer el caso, que ha dejado perpleja a la pequeña
comunidad de Catamayo, poco habituada a estos hechos.
El 22 de agosto, la Policía de Tránsito de Pichincha detectó el vehículo en Quito,
pero no a sus ocupantes. Lo tenía en su poder una persona que declaró haberlo adquirido
en la feria de autos de Chillogallo, el mismo día que fue robado en Loja.
Allí se produce un hecho misterioso. Según los familiares, el vehículo y sus ocupantes
desaparecieron alrededor de las 02:30 en Catamayo, mientras que la persona que lo compró
manifiesta que lo hizo a las 10:30 en Quito. ¿Cómo pudo viajar 700 kilómetros en ocho
horas, cuando normalmente esa distancia se la cubre en no menos de 14? Se preguntan los
familiares.
Otro detalle, el kilometraje había subido de 10 000 a 17 000, según afirman los
familiares, quienes consideran que la versión del comprador no es creíble y que puede
estar motivada por el deseo de ocultar a una importante organización de robacarros. (GA).
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