Una crisis emocional que no era gratuita,
puesto que Campaña era el testigo clave y el denunciante de los negocios ilícitos de la
Red Peñaranda, una de las organizaciones mafiosas más importantes de los últimos años,
que operó durante el Gobierno de Abdalá Bucaram. Y por tanto, estaba sometido a una
serie de presiones y de sobresaltos.
Los que lo conocieron en esa época cuentan que Campaña rodaba de mostrador en mostrador
por los bares de La Mariscal, presa de los nervios y los delirios de persecusión, por
haber denunciado a los 'Peñarandas'. Bebía y fumaba como un perseguido, comentó una vez
el dueño de un bar frecuentado por el testigo, quien vagó durante meses sin trabajo
fijo.
Campaña fue asesor legislativo de Santiago Bucaram, a quien denunció luego del
derrocamiento de su hermano, Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997.
Allí fue cuando cambió su vida. Nadie quería contratarlo en ningún trabajo; le
asignaron un guardia para su seguridad, pero no duró más de un mes; se peleó con sus
compañeros del Congreso, pero sobre todo, se convirtió en testigo clave, y eso, en el
Ecuador, parece ser como condenarse en vida, según cuentan los muchos testigos que en el
país han sido. (GA)
Año y medio en el San Lázaro
Encontrar a Miguel Campaña tomó varios días de investigación. Pocas personas lo
conocían, y los que lo conocían no se acordaban, y los que se acordaban no sabían
dónde estaba. El ex diputado Juan José Illingworth, de quien Campaña fue asesor, dijo
no tener ni idea del paradero de su amigo. La Comisión Anticorrupción, que siguió el
caso Peñaranda, hace rato que le había perdido la pista. Un viejo dato de prensa fue la
punta del ovillo para encontrarlo en un modesto departamento, que no es suyo, y allí
accedió a contar su historia, en la primera entrevista desde que intentó matarse hace
tres años.
"¿Qué le puedo decir? Mi vida se complicó como usted no tiene idea. Después de mi
caída, de la cual no recuerdo nada ni quiero acordarme, pasé seis meses en el hospital
del Seguro, con la única compañía de mis familiares, porque de allí en adelante, a
nadie le importó lo que a mí me sucediera.
Dicen que me he lanzado, pero finalmente yo no sé. Los médicos dicen que debía haberme
partido en dos por el golpe. Mire, mire mis heridas...me rompí la tibia y el peroné, me
hicieron un injerto en el muslo y en la pantorrilla, tengo fracturas en la pelvis y en la
cabeza.
Qué va. Yo estoy vivo de milagro. Imagínese que durante mi estadía en el hospital me
dieron por muerto tres veces. Incluso en una ocasión yo sé que me mandaron a la morgue,
porque para todos estaba muerto.
Mire mi ficha clínica del 20 de enero de 1998, lea: 'trauma cerebral grave, incapacidad
total y definitiva'. Estaba cuadrapléjico. Mire esta otra del 12 de febrero: parálisis
flácida de piernas, tenía la boca abierta (chorreaba babas), y no controlaba
esfínteres. Y todo producto de la caída, pero esa caída es el resultado de toda una
época de tensión en la que yo anduve alcoholizado y drogado por miedo a las amenazas.
Lo que pasa es que Peñaranda no fue el único caso que yo denuncié. También denuncié
un robo de aerocombustibles, un robo de tractocamiones, y otras cosas más. Cuando
denuncié a Peñaranda, me dieron un guardia para mi custodia, pero me lo quitaron al mes,
porque yo comencé a trabajar como asesor de Juan José Illingworth, por lo cual nunca
recibí sueldo alguno, puesto que las autoridades del Congreso no quisieron firmar mi
contrato. Con todo eso, y con el caso Peñaranda encima, me fui descontrolando hasta que
pasó lo que pasó.
Después del hospital del Seguro, fui a parar en el siquiátrico San Lázaro con un severo
cuadro de depresión. Imagínese cómo estaría, que llegué a pesar 90 libras, cuando
normalmente peso 170. En el San Lázaro estuve 18 meses. Allí pasaba ayudando a barrer, a
limpiar. Esas personas sí me ayudaron: los médicos, los otros internos, me ayudaron a
ponerme bien. Y allí fue cuando volví a la pintura, incluso realicé una exposición en
los patios del hospital antes de irme.
Desde entonces me he alejado de todo lo que tenga que ver con la política, con el
Congreso, con los diputados. No sabe cuánto me arrepiento de haber hablado. Si me hubiera
quedado callado, nada me habría pasado. Se lo juro, fue el mayor error de mi vida
denunciar a la Red Peñaranda. Mi matrimonio se arruinó, me divorcié de mi mujer, a mis
hijos no los veo desde el año pasado, y a los 48 años estoy solo, como cuando era niño,
viviendo con mis padres.
Pero pese a todo, estoy bien, he vuelto a mis estudios bíblicos, porque soy evangélico,
y a la pintura, que es de lo que vivo. Pinto acuarelas y látex, decoro cerámica y quiero
comprar una computadora para trabajar solo en mi casa. No quiero saber de nada ni ver a
nadie de esa época...A nadie. Ah, y por favor, no diga dónde vivo. (GA)
Los miedos del ex agente España
"En la madrugada de ayer se efectuó la reconstrucción de los hechos en la laguna de
Yambo. El ex agente Hugo España simuló la forma como él, junto a tres agentes del SIC
(antiguo Servicio de Investigación Criminal), arrojaron dos fundas con los restos de los
hermanos Andrés y Santiago Restrepo Arizmendi al fondo de la laguna". Esta nota de
prensa del 24 de agosto de 1991 reseñaba un hecho del cual todo el país estaba
pendiente, y cuyos secretos habían sido revelados pocos días antes por Hugo España, un
ex agente de Policía, que decidió contarlo todo .
España fue agente del SIC, entre 1984 y 1990 (que coincide con uno de los períodos de
mayor represión policial en el país) y, como tal, participó en el operativo de
desaparición de los cuerpos de los hermanos Restrepo, asesinados el 8 de enero de 1988,
por agentes de la Policía Nacional.
El ex agente señaló nombres, fechas y lugares del doble crimen e involucró directamente
a varios oficiales de la Policía como responsables. Después de eso fue juzgado y
permaneció tres años preso, condenado por encubridor de ese asesinato.
Pero ese no fue el único castigo de España. La cárcel, según dijo alguna vez, fue poco
comparado con la persecución de la cual fueron objeto él y su familia, por ser un
testigo capaz de desenmascarar a los operadores de una maquinaria de muerte.
"El ex agente llegó fuertemente custodiado y con un vendaje en el rostro que
impedía su identificación. Al menos diez agentes de la Intendencia de Policía de
Pichincha lo rodeaban celosamente e impidieron que existiera cualquier contacto con los
periodistas", contaba un reportero de esa época.
Los buzos que se sumergieron en la laguna de Yambo no encontraron nada, con lo cual
España también se sumergió en un estado de incertidumbre y miedo. Varias veces
denunció ante los organismos de Derechos Humanos, ante una Comisión Internacional que se
formó para aclarar el caso, y ante el Estado ecuatoriano, intentos de envenenarlo en
prisión.
España salió libre en 1994 y comenzó a rememorar toda su vida, a rumiar sus secretos, y
a escribirlos en el libro El Testigo, publicado en 1996, lo cual lo obligó a escapar del
país con la ayuda de los organismos de Derechos Humanos. Desde entonces, vive en el
exilio. Unos dicen que en España, otros que en Inglaterra, otros que en Italia. Lo cierto
es que, para seguir viviendo, tuvo que borrarse de su propio país. (GA)
Relatos al borde de la paranoia
El 14 de diciembre de 1994, España se apareció súbitamente en la oficina de Alexis
Ponce, defensor de los Derechos Humanos, y le dijo que quería contar todas las cosas que
le quemaban por dentro. Así se comenzó a escribir El Testigo y así recuerda Ponce esa
época desquiciante, en la que se reunían todas las noches a teclear hasta la madrugada
el relato de uno de los testigos más importantes de los últimos años.
"Recuerdo que tuvimos que cambiar cinco veces de casa, llevando la computadora de un
lado a otro para que pudiera seguir trabajando. El vivió seis meses encerrado en una
habitación, donde en la madrugada escribíamos", dice Ponce.
Una época que llegó incluso a la paranoia, con o sin fundamento, pero en ese estado era
difícil reconocer la diferencia. "Una vez nos mudamos a una casa en San Juan, sin
saber que al lado vivía uno de los oficiales que España denunció. Y un día se vieron
cara a cara. Su primera reacción fue tomar el arma y decirnos que nos pusiéramos a salvo
porque iba a comenzar el tiroteo".
"En otra ocasión, se acercó hasta la casa una furgoneta blanca. Y España creyó
que venían a liquidarlo, porque el sabía que ciertas furgonetas blancas eran utilizadas
para esos operativos", recuerda Ponce.
Fue entonces cuando decidieron pedir ayuda a los organismos estatales y de Derechos
Humanos internacionales para sacar a España del País. La situación era tan
insoportable, que Ponce acudió a la Fiscalía, al antiguo Tribunal de Garantías
Constitucionales, y otros organismos, pero "¡Cómo pudiste hablar con las
autoridades. Yo no confío en ellas ni en el Estado!" le gritó España al borde de
la desesperación. "El fiscal de ese entonces, Fernando Casares, lo único que me
dijo, fue que no podíamos perder más tiempo, porque el no podía garantizar nada, puesto
que las leyes del Ecuador no señalaban la protección a testigos, y que todo era
cuestión nuestra", recuerda Ponce.
Y así fue. Antes de la denuncia, España comenzó a dar muestras de depresión, de
'querer rajarse', porque sentía que una vez que se supiera todo, nadie lo iba a proteger.
En julio de 1996, Alexis Ponce, Ernesto López y Raúl Moscoso, tres civiles sin ninguna
experiencia en protección a testigos ni manejo de armas, acompañaron a España hasta el
aeropuerto.
El primer año en el exterior lo pasó en absoluta depresión, según cuentan las cartas
que Ponce recibió de los familiares. Después se estabilizó con la reunificación
familiar y comenzó a trabajar.
Hace un año, que no se han tenido noticias de él. (GA)
Entrevista
'Ecuador tendrá un cambio monumental'
Eva Ramos y Ana Orama son las consultoras puertorriqueñas que trabajan en las
reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía y en el Programa de Protección y Asistencia a
Víctimas y Testigos. Antes de ser consultoras legales, fueron fiscales en su país, y esa
experiencia la quieren trasladar al Ecuador.
- ¿Cuál es la idea principal del programa?
Eva Ramos: Planteamos la protección y la asistencia tanto a la víctima como al testigo
de hechos delictivos, que podrían ser afectados por los delincuentes. Fíjate que Puerto
Rico comenzó en 1985 lo que ahora se está planteando para Ecuador. Eso no quiere decir
que vayamos a montar algo tan grande como allá, pero sí algo que se irá desarrollando
de acuerdo con las necesidades.
- ¿Qué clase de protección?
ER: Depende del caso. Las víctima y testigos pueden necesitar amparo momentáneo o
prolongado, atención por el impacto sicológico, e incluso un cambio de domicilio. Por
ejemplo, en Puerto Rico tenemos albergues a donde van las personas que lo requieren. Pero
también se podría coordinar con la Policía una protección domiciliaria.
- Entonces, ¿habrá diferentes niveles de protección?
Ana Orama: Seguro, porque cada caso es distinto. El Ecuador todavía no ha alcanzado los
niveles de violencia de Colombia, por ejemplo, en donde existe guerrilla, narcotráfico,
etc.
- ¿Encontraron suficientes bases legales para trabajar en el Ecuador?
ER: Tenemos que hacer reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, lo cual nos permitirá
echar a andar la propuesta. En cuanto a lo económico, tenemos que establecer un mínimo y
un máximo de recursos, que deberán ser gestionados por las autoridades.
- ¿Cómo piensan organizar la protección?
ER: Esperamos contar en cada provincia o distrito con por lo menos una persona responsable
de coordinar la protección. Tenemos que trabajar en función de la división política
del país. Esta autoridad podrá tomar decisiones de protección inminentes.
- Eso significa una amplia logística...
AO: Pensamos utilizar la infraestructura que ya existe. Por ejemplo, en Puerto Rico, se ha
logrado la colaboración de los programas privados de atención. Lo mismo tiene que
hacerse aquí. Esto será un cambio monumental en este país.
ER: Antes de eso, hay que establecer un acuerdo con el testigo o la víctima para que este
se ajuste al reglamento y para que nadie se aproveche de esa situación.
- ¿Cuando terminan su propuesta?
ER: Estamos trabajando en la adecuación del marco legal. Nosotras somos asesoras legales,
pero hay otros en el área de personal y de presupuesto. El borrador del proyecto está
listo.
- ¿Se requieren cambios adicionales?
ER: Creo que serán cambios paulatinos, como la transición del sistema inquisitorio al
acusatorio. También estamos elaborando una carta de derecho de la víctima. (GA).
