En su casa, el sobreviviente no tiene
ninguna protección especial, pese a que varios vehículos merodean constantemente el
inmueble, ubicado en la avenida 4 de Noviembre y calle J6 de Manta. Se muda a la casa de
un amigo por dos semanas, mientras el proceso legal inicia con investigaciones previas,
como reconocer el lugar de los hechos, etc.
El abogado de la familia Baque, Alberto Palacios Palma, remite un informe a la OEA,
Amnistía Internacional y demás organismos internacionales de Derechos Humanos, que
exigen al Gobierno ecuatoriano la máxima protección a Pedro, a su familia y al defensor.
Paradójicamente, asignan esa misión a la Policía Nacional, lo que es rechazado por los
Baque y la OEA.
La protección recae entonces en la FAE, que desde el 17 de junio de 1999 es la sombra
protectora de este joven de 24 años, segundo de tres hermanos y quien, pese a sus
constantes pesadillas que reeditan el 11 de febrero, dice ya no temerle a la muerte.
"Nadie muere de amenazas...¡Ya estoy curado! Cuando quieren matarte, lo hacen sin
avisarte y por la espalda", afirma en la sala de su modesta casa, donde solo estará
por cinco horas, mientras tres militares lo vigilan.
Es que debe retornar a la Base Eloy Alfaro (Ala de Combate 23 de la FAE), al norte de
Manta, donde vive bajo custodia desde junio anterior, luego que abandonó la Primera Zona
Aérea de Quito, en la que permaneció un año.
Los familiares pueden visitarlo, pero cuando desean que vaya a su hogar, tienen que
solicitarlo al procurador Ramón Jiménez, quien oficia al Ministerio de Defensa, hasta
que la solicitud llega al Comando Conjunto de las FFAA y, por último, a la Comandancia de
la FAE.
"Mi vida y la de mi familia ya no es la misma. ¡No sé por qué no me mataron los
siete disparos! Y aún sigo vivo por la intervención de los organismos internacionales,
pues en Ecuador no hay protección", exclama Pedro Geovanny con un marcado acento
serrano, que en tanto tiempo ya se lo han contagiado sus vigías.
Esconde la mirada y disimula las ganas de llorar. Ya es hora de regresar a su encierro...
Pero las amenazas no solo llegaron para Pedro Baque, sino también para Geovanny Zambrano
Carreño, quien observó los hechos y ofreció su testimonio en el proceso. A partir de su
declaración, su vida se ha transformado completamente. Zambrano tuvo que huir del país.
(APM)
Zambrano huyó disfrazado
Para asemejarse a uno de sus tres hermanos, Geovanny Zambrano Carreño, de 30 años,
adelgazó 17 libras, pintó su cabello cano, prescindió de sus necesarios lentes, se
rasuró, y escapó del país.
Hace dos meses salió del Ecuador por el aeropuerto de Guayaquil. Lo hizo una semana
después que declaró cómo un presunto policía vestido de civil, acompañado de siete
más, mató a Pedro Jaramillo Mera quien viajaba junto a su hermano Carlos Jaramillo y su
amigo Pedro Baque.
Las oficinas de Migración de la Policía Nacional no registran la salida de Zambrano, un
ex teniente de reserva del Ejército, salvavidas del balneario Crucita y miembro de la
Defensa Civil. Su esposa y sus tres hijas menores aún habitan en Manabí, y los problemas
económicos se acrecientan desde que él no está. Su madre falleció 10 días después
del obligado exilio, según relatan a BLANCO y NEGRO sus familiares.
"Yo saludé a mis amigos en El Guabito. A pocos metros, un grupo de policías los
esperaban. Y, en medio de una confusión, se escuchó un disparo. El mayor Wilson Alulema,
furioso, insultaba a sus agentes, mientras en el suelo, boca abajo, estaba Pedro
Jaramillo. Ordenó que subieran el cadáver a la camioneta. Dos días después, los
periódicos difundían versiones policiales: venganza entre ladrones, que a Pedro Baque lo
asaltaron..." Comentó antes de irse por miedo.
La declaración de Geovanny Zambrano permanece en el juicio 17-99, que tiene 17 cuerpos y
es tramitado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo (CSJ-P),
Rafael Loor Pita.
Pero las amenazas eran constantes contra él y contra su familia. "Llamaban al banco
donde yo trabajaba como agente de seguridad y me acusaron de que yo planificaba un robo
allí, y hasta me seguían. Todo era para evitar mi testimonio; pero me arriesgué cuando
recibí la visita de miembros de Amnistía Internacional, que me ofrecieron protección y
me ayudaron con mi viaje", dijo antes de su intempestiva partida.
Según él, después de su comparecencia, que la adelantaron, se le acercó el mayor
Wilson Alulema, ex jefe de la PJ de Manta, y lo intimidó, mientras varias personas
escuchaban: "¿Qué te he hecho yo? No sabes en la que te has metido... Ya vas a
ver". Alulema está sindicado sin orden de prisión y se conoce que labora en la
Policía Nacional, en Quito. (APM-MA)
Amenazas en el celular de Mazón
"Tú eres el próximo. Pero tranquilo, ya todo está listo para tu muerte: te
torturaremos con un cuchillo magníficamente afilado, luego te entraremos a bala y,
finalmente, te haremos pedacitos digeribles para los habitantes de las aguas de algún
río...".
Las amenazas comenzaron el primero de mayo de 1998, cuando asesinaron, en la madrugada, al
animador de televisión Marco Vinicio Bedoya Sánchez. "Ya sabes, tú vida está en
nuestras manos y solo serás uno más de la lista". Las llamadas al celular y a su
domicilio aún lo atormentan.
Pese a que era el testigo clave, Juan Alberto Mazón Sandoval no tuvo ninguna protección
especial. Evangélico por tradición, soltero de 29 años, dice que ya perdió el miedo,
mientras sus compañeros lo observan atónitos en uno de los estudios de grabaciones de
Sí TV, canal para el que trabaja como discjockey (en dos programas) desde mayo anterior.
"Las llamadas provienen de cabinas celulares y de teléfonos privados, cuyos números
no se veían en mi celular digital: solo decía 'private'. Parece que hay gente poderosa
detrás del crimen", murmura el sonidista de Guayaquil Caliente y Con Muchas Ganas.
El y Carolina Ramos fueron el centro de sospechas e investigaciones.
Y las amenazas resurgieron cuando se reabrió el sumario. El pedido lo hizo el 29 de mayo
último el fiscal 12 de lo Penal del Guayas, Francisco Campodónico, quien también fue
víctima de un atentado.
"Sí, los testigos vivimos un drama constante. Pero declaré todo lo que sabía; no
me importaba lo que me pudiera pasar...No podía callar. Es cuestión de conciencia, y la
mía está tranquila. Solo vi una sombra a través de un vidrio polarizado número
3", justifica Juan Mazón, séptimo de ocho hermanos, de baja estatura y tez
trigueña.
Habla con tranquilidad, mientras tararea las canciones preferidas de Marco Vinicio, y
ansía que se encuentre a los responsables, pues nadie está detenido y el polvo rodea el
juicio 128-98, que permanece en el Juzgado Duodécimo.
¿Hay más testigos? El año anterior, pese a ocho notificaciones de la jueza Guadalupe
Manrique Rossi, se negaron a declarar cuatro personas que habitan en el lugar del
asesinato, San Martín 2020 y Los Ríos, al sur de Guayaquil. "Es que estamos
desprotegidos y el temor es latente, aunque a mí no me importaban las consecuencias, pues
Marco era como mi hermano. Yo lo vi cuando agonizaba y escuché sus últimas
palabras", afirma Juan Mazón, a quien, sin embargo, la popularidad lo envuelve, los
contratos para animar espectáculos le sobran y la huella del disparo que recibió en la
espalda permanece intacta.
"A Carolina los policías sí la acompañaban para que fuera a declarar, pero a mí
no", lamenta quien asegura ya no temerle a la muerte, luego de ser miembro de la
interminable lista de testigos acosados en Ecuador. (APM)
Conteste...¿ese es el maleante?
Aún la acosan por teléfono, pese a que en la noche del 17 de agosto ya quemaron su casa,
en el barrio América de Quito. Ella, una joven de 23 años, que prefiere el anonimato, se
arrepiente de haber identificado a los delincuentes que al mediodía del 11 de mayo
asaltaron la agencia bancaria cercana a la Universidad Central, donde trabajaba desde
diciembre de 1999 como cajera.
"Conteste rápido, ¿cuáles son los asaltantes? Y...¿qué hacía este, el de la
camiseta verde? ¿En qué lado estaba la colombiana?". No olvida el interrogatorio en
las estrechas oficinas de la Policía Judicial (PJ) de Pichincha el sábado 13 de mayo.
Y allí estaba, con una extraña mirada que prefiere no describir, el mismo hombre que le
exigía a golpes que abriera la bóveda, y quien también disparó en la cabeza a uno de
los guardianes.
"Nos preguntaban y gritaban: ¡Concrétese al tema! ¿Carajo, cuál es cuál?. Solo
una fina tabla nos separaba mientras declarábamos con mi amiga. Los asaltantes nos
escuchaban, al igual que nosotras a ellos. Y me asusté más".
Esa declaración sorprende al jefe de la entidad, Juan Albarracín, quien asegura que los
testigos deben tener toda la seguridad y no pueden ser vistos por los delincuentes.
Albarracín muestra una de las salas, en cuyo extremo está una ventana con un cristal
especial (espejo de doble vía) que permite ver desde afuera, mas no desde adentro.
"La protección, dice, consiste en asignarle un elemento policial que acompañe al
testigo, pero eso no puede ser siempre ni en todos los casos. Si la señorita cajera se
hubiese acercado a pedir ayuda, se la hubiéramos dado".
El oficial recalca que "los testigos no deben tener miedo, porque de otra manera se
propicia la impunidad". ¿Y el peligro de las represalias? Ese es el riesgo de estar
del lado de la Ley, justifica Albarracín.
Y por estar del lado de la Ley, la joven cajera vio cómo el fuego consumía el
departamento del tercer piso, mientras su abuela, de 72 años, dormía en el segundo. El
informe de los bomberos plantea que el incendio, que empezó de 'afuera hacia adentro',
fue provocado.
"Ya tuve suficiente, mi madre entró en crisis de nervios y me pide que no diga nada
de nada. Discúlpeme, yo sé que el silencio es malo, pero ya no puedo más...", dice
la cajera que vio e identificó a los asaltantes. (APM-GA).
