Un informe policial redactado esa noche, a
las 18:30, en el Comando de Policía de Portoviejo, dice que "...mediante una llamada
telefónica desde Santa Ana, se tuvo conocimiento que a esa ciudad se dirigían tres
individuos fuertemente armados a bordo de una motocicleta, y que uno de ellos,
posiblemente, era el autor de la muerte del cabo de Policía Segundo Chango (ocurrida tres
día antes)". El informe narra cómo se ejecutó el operativo para capturar a los
sospechosos. "...al percatarse de nuestra presencia, realizaron varios disparos hacia
nosotros impactando dos proyectiles en el costado izquierdo de nuestro vehículo,
originándose un cruce de disparos...", dice el informe firmado por el cabo René
Palacios Loor.
La versión policial continúa, y señala que dos de los motociclistas resultaron heridos
mientras que el tercero se dio a la fuga. Dice que cuando trasladaban a los heridos al
hospital, estos fallecieron y solamente acertaron a llevarlos a la morgue. Eran los
cadáveres de los hermanos Pedro y Carlos Jaramillo Mera, los cuales, según se informó,
tenían antecedentes policiales. Respecto del tercero, el informe dice que se le perdió
la pista.
Ese tercero era Pedro Baque, quien conducía la moto, y su versión es distinta a la del
agente policial. Según Baque, él viajaba en compañía de los hermanos Jaramillo Mera,
de Santa Ana a Manta, cuando fueron interceptados por una camioneta Ford roja con ocho
policías a bordo, quienes habrían acusado a uno de los Jaramillo de haber matado al cabo
Chango. "Un policía se acercó a Pedro y le disparó en la cara. El murió
inmediatamente", relató después el sobreviviente. Dijo también que subieron el
cadáver de Pedro a la camioneta y obligaron a Carlos y a él a subir también bajo el
argumento de que los llevarían a Portoviejo para que rindieran declaraciones.
Pero nunca fueron a Portoviejo. Baque relata que los tuvieron dando vueltas por varios
caminos hasta que los llevaron a un terreno baldío en donde dice que golpearon a Carlos
para que se declarara culpable de la muerte del cabo Chango. "Luego, los policías le
cortaron la espalda y la frente con un cuchillo. Le dispararon en el brazo y en la boca,
le cortaron la garganta y falleció", según narró el testigo a un diario de Quito,
cuando estaba en proceso de recuperación de sus heridas.
Una semana después, la Policía descubrió que el verdadero autor de la muerte del cabo
Chango era un tal Carlos Jaramillo, pero solo se trataba de un homónimo del motociclista
muerto.
El único que sabe quiénes mataron a los Jaramillo
La familia Baque, sus abogados, los organismos de Derechos Humanos y otras fuentes que
conocen del tema, subrayan un hecho que compromete la participación de la Policía en el
caso: existe un segundo informe policial, elaborado en Jipijapa esa misma noche, que
sostiene que Pedro Baque fue víctima de un asalto por parte de cuatro desconocidos, en el
sitio Palma Cristi, con el fin de robarle la moto. Esa versión es rechazada por los
abogados de Baque, quienes aseguran que se trata de un dato forzado para ocultar los
hechos.
Pero ¿Quienes eran los ocho agentes que participaron en el operativo? En el informe del
cabo René Palacios Loor, no se mencionan sus nombres. No obstante, Pedro Baque dice saber
quiénes fueron, y en junio de 1999 presentó acusación particular contra los oficiales:
Wilson Homero Alulema, Vicente Cascante Polo, Carlos Alfonso Grijalva, y contra el
personal de tropa: Jorge Arcadio Seme, Francisco Javier Indio Tumbaco, José Delgado
Delgado, Wilmer Ramiro Ayala, Miguel Angel Mayorga, Wellington René Palacios y Kléver
Gualberto Moreira. El proceso está en la Corte Superior de Justicia de Portoviejo
(CSJ-P).
Según versiones de la familia Baque Tuárez, después de los sucesos del 11 de febrero
comenzaron a ser víctimas del hostigamiento y de amenazas de muerte en caso de que
denunciaran a los responsables de la muerte de los hermanos Jaramillo y del intento de
asesinato de Pedro Baque. La cosas se agravaron a tal punto que los abogados, por
intermediación del Congreso Nacional, de la Fiscalía y de la Procuraduría, pidieron a
las Fuerzas Armadas proteger al joven deportista y a su familia.
En efecto, la casa de los Baque en Manta, desde junio de 1999 cuenta con resguardo
militar, mientras Pedro vive en los cuarteles de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Permaneció una temporada 'guardado' en la Primera Zona Aérea de Quito, y actualmente
vive refugiado en la Base de Manta, el único lugar seguro desde aquella noche en la que
fue víctima y testigo de un violento operativo policial en una carretera manabita. (GA)
La protección solo está en enunciados
La protección de testigos en el Ecuador está consagrada en diversos documentos legales y
constitucionales, pero todavía no existe un sistema formalmente establecido que la
garantice. La Policía, según lo han expresado sus altos personeros, cumple a veces esa
tarea pero no de manera permanente ni en todos los casos.
El tema solo está en papeles, y las autoridades dicen que se necesita una serie de
ajustes legales antes de echar a andar el Programa de Protección a Testigos y Víctimas,
que estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
La Constitución Política vigente desde el 10 de agosto de 1998 dice. "Art. 219. El
Ministerio Público velará por la protección de las víctimas, testigos y otros
participantes en el juicio penal". Por su parte, el Nuevo Código de Procedimiento
Penal, que entrará en vigencia en julio de 2001, dice "Art. 118. Los testigos
tendrán derecho a la protección del Ministerio Público para que se garantice su
integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio".
Mientras que la Ley Orgánica del Ministerio Público manifiesta "Art. 33. Créase
bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General el programa de protección a
testigos, víctimas y demás participantes en el proceso, y funcionarios de la Fiscalía,
mediante el cual se les otorgará protección y asistencia a dichas personas, su cónyuge
y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad cuando se
encuentren en riesgo sus vidas e integridad personales, por causa o con ocasión de la
intervención en procesos penales".
Después de estos amplios enunciados, queda claro que la entidad responsable es la
Fiscalía. Al respecto, la fiscal Mariana Yépez dice que esa entidad trabaja en una serie
de reformas a su reglamento interno a fin de ejecutar el mandato constitucional. Para
ello, cuenta con la participación de la Corporación Latinoamericana de Desarrollo (CLD)
un organismo especializado en temas legales.
Participan las ex fiscales puertorriqueñas, Ana Orama y Eva Ramos, por ser Puerto Rico
uno de los países con mayor experiencia en ese campo, al igual que el fiscal de Colombia,
Alfonso Gómez, y varios abogados ecuatorianos como Edmundo Durán Díaz, Ramiro Aguilar,
entre otros.
La fiscal confía que cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal, en julio de 2001,
el programa ya estará montado y marchando. Adelanta que probablemente en diciembre ya se
puedan realizar experiencias piloto, y recalca que el programa no solo comprende
protección, sino también asistencia en el campo sicológico, laboral y social.
Pero...Y ahí viene lo difícil. Dice la fiscal que todavía tiene que gestionar los
recursos, que sin duda será una tarea de cabildeo en muchas instancias estatales. Por lo
pronto, dice que ha solicitado una cita con el presidente Gustavo Noboa para resolver el
asunto. (GA).
