Diez mil plazas de trabajo y una inversión de más de 700 millones de dólares
en diversos sectores productivos (la segunda inversión extranjera más importante que ha
llegado al Ecuador después de la petrolera), que representa cinco puntos en el Producto
Interno Bruto del país, es el resultado del trabajo de dos de las empresas de telefonía
móvil celular que decidieron invertir en el país en 1994, con una legislación del
sector de las telecomunicaciones y con unas reglas que, de acuerdo con los directivos de
esas transnacionales, están siendo cambiadas de la noche a la mañana.
Aunque el superintendente de Telecomunicaciones, Hugo Ruiz, niega que ese organismo de
control haya cambiado las reglas de juego a la inversión privada, varias son las razones
de los representantes de estas empresas: Conecel, de Porta, y Otecel, de BellSouth, para
suponer que en el Ecuador les están cambiando las reglas que analizaron antes de aceptar
confiar sus voluminosos capitales en el Ecuador: cada una tuvo que pagar 60 millones de
dólares por las licencias para operar telefonía móvil.
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Paradoja del redondeo Las
empresas de telefonía móvil sostienen que sus inversiones son
recuperables solo a largo plazo. Hasta el momento, ni BellSouth ni Porta habrían
recuperado ni un solo dólar.
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Dos de las razones más importantes son:
primero, la serie de modificaciones que se han realizado a la Ley de Telecomunicaciones;
segundo, y la más importante, la Ley de Defensa del Consumidor aprobada por el órgano
legislativo el 10 de julio pasado, que las obligó a modificar sus planes tarifarios para
evitar las pérdidas que les suponía cambiar la unidad de tasación (facturación), del
minuto al segundo. La medida no solo afectó a las empresas de telefonía móvil, sino
también a las de telefonía fija; es decir, perjudicó, de acuerdo con el presidente de
Andinatel, Carlos Sáenz, a la persona más pobre del país, porque las utilidades que
dejó de percibir Andinatel con el redondeo iban al Fondo de Solidaridad.
A pesar de las prevenciones de las empresas de telefonía móvil y fija por el cambio de
la unidad de tasación, el superintendente de Telecomunicaciones, Hugo Ruiz, quien
reconoce que en la actualidad esa medida no beneficia ni perjudica a nadie con algunos
ejemplos teóricos, sostiene que en un futuro será favorable para los usuarios. La
autoridad de control del sector argumenta que si en la actualidad existe tecnología para
facturar hasta en fracciones de segundos, por el tiempo utilizado es necesario que se lo
haga.
Sin embargo, ese redondeo, aplicado en varios países, habría servido para cubrir las
pérdidas que les supone a las telefónicas las llamadas en espera y las llamadas no
contestadas, que de una u otra forma ocupan la infraestructura y saturan la red.
Además, aunque el redondeo era aplicado tanto por las empresas de telefonía móvil como
por las de telefonía fija (Andinatel, Pacifictel y Etapa), el 11 de febrero de este año
(antes de la emisión de la Ley de Defensa del Consumidor) la Superintendencia de
Telecomunicaciones dictó una resolución por la cual solicitaba tanto a Conecel como a
Otecel que cambien la unidad de tasación del minuto al segundo. Lo que haría suponer que
la Superintendencia de Telecomunicaciones se habría dedicado a hostigar a las empresas de
telefonía móvil, persecución que Ruiz niega. Aduce que cuando estudiaron los contratos
de concesión de telefonía fija, en ellos no se establecía que debían facturar en
segundos.
Ahora, los representantes de las empresas celulares sostienen que debido a esas medidas
adoptadas desde el organismo de control de las telecomunicaciones, han debido reformular
sus inversiones. Aunque no están detenidos, sus planes se encontrarían en espera hasta
que el Gobierno aclare el marco jurídico en el que se desarrollará su trabajo.
A estos hechos se suma el anuncio de la operadoras de telefonía fija de querer operar
telefonía móvil. Los representantes de las empresas celulares, si bien aseguran que la
competencia es sana porque redunda en beneficio del usuario final, se preguntan si esas
nuevas licencias se concederán en las mismas condiciones económicas que ellos aceptaron.
Esas regulaciones y anuncios en el sector estarían generando un ambiente de
incertidumbre, porque por un lado se hablaría de la liberalización del sector de las
comunicaciones para la inversión extranjera y por otro se ponen trabas a la que ya
existe.
La pregunta que flota es por qué se habla del libre mercado del sector y se ataca a la
inversión ya existente. Es una paradoja aún no resuelta por el Gobierno. (JT)
Amenaza de problemas legales que podrían desencadenarse
Esta carta, fechada el 24 de julio de 2000, fue enviada por la embajadora de Estados
Unidos, Gwen Clare, al vicepresidente de la República, Pedro Pinto Rubianes. Por la
importancia de su contenido transcribimos las partes más importantes:
"Una de las políticas más importantes, en que el Gobierno ecuatoriano ha demostrado
interés, es la del apoyo a las inversiones extranjeras. En nuestro concepto, esa
política exige como prerequisito fundamental un ambiente de confianza institucional y, a
la vez, de seguridad jurídica, y en esa medida, es preciso que el Estado ecuatoriano de
señales tangibles de respeto a los contratos y estabilidad a las reglas que norman la
inversión. Lamentablemente, en los últimos tiempos, hemos percibido una serie de
señales de algunas autoridades y órganos regulatorios que han desarrollado acciones que
implican modificación a las bases económicas de los contratos de concesión válidamente
celebrados. Tal es el caso de las acciones emprendidas, y de las que probablemente se
adoptarían, frente a las compañías de prestación de telefonía móvil celular".
"Una importante empresa estadounidense, como es BellSouth Corporation, confió en el
Ecuador y realizó una de las más grandes inversiones extranjeras registradas en el país
en los últimos años, y lo hizo sujetándose a los términos y condiciones que habían
sido formulados por el Estado ecuatoriano, tanto para las empresas de prestación de
servicios de telefonía celular, como para las estatales de telefonía fija y que había
aplicado en toda la historia de las telecomunicaciones en el país. El Congreso
ecuatoriano, mediante reformas legales, ha establecido normativas diferentes".
"Más allá de los conceptos relacionados con la seguridad jurídica que, sin duda
están de por medio en este asunto y sin profundizar en aspectos relativos a la
intangibilidad de los contratos, legítimamente relacionados con las compañías
extranjeras, en este caso con Otecel S.A. (BellSouth), considero que el Gobierno del
Ecuador puede hacer manifestaciones importantes respecto de su interés en las inversiones
extranjeras, si realizan con urgencia los mejores esfuerzos para evitar que utilizando las
reformas legales antes citadas, sobre las cuales no deseo hacer, emprendan acciones que no
contribuyan a restablecer la confianza en las políticas del Ecuador respecto de las
telecomunicaciones y de otras áreas importantes. Consideramos que las autoridades
ecuatorianas pueden diseñar una política de comportamiento objetivo y justo, pero al
mismo tiempo seguro frente a las empresas extranjeras. De no hacerlo y de permitir que se
profundicen las diferencias y los conflictos que ya se han suscitado con motivo de las
reformas legales antes referidas, sería contraproducente contra los propios intereses de
la república del Ecuador".
"En tal sentido esta Embajada (Estados Unidos) espera que el Gobierno del Ecuador
propicie el mejor ambiente para el entendimiento y la superación de problemas entre las
empresas extranjeras relacionadas con la telefonía móvil celular y las entidades de
control y regulación como el Conatel, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la
Superintendencia de Telecomunicaciones y con organismos como la Defensoría del
Pueblo".
"Todo esto sería conveniente a fin de obviar la profundización de conflictos que
podrían desembocar en acciones legales en el exterior". (JT)
Cabinas
- Las ventajas para los operadores son varias:
aumento en la capacidad de los sistemas, transferencia de llamadas asistidas por los
móviles, entre otras posibilidades.
- La aceptación que ha tenido este servicio
desde sus inicios en 1994 ha sido notable.
- Las operadoras de celulares comenzaron a
trabajar en el país con 18 920 usuarios. Al siguiente crecieron al triple, a comienzos de
2000 tanto BellSouth como Porta contabilizaban 397 941 usuarios, y a julio de 2000 sus
abonados ya sumaban 433 161.
- De acuerdo con el contrato de concesión,
las operadoras de telefonía celular tienen la obligación de instalar terminales de
telefonía pública, en relación al número de abonados. Hasta el mes de julio de este
año, Conecel (Porta) ha instalado un total de 2 928 cabinas y Otecel (BellSouth) un total
de 2 294 cabinas. (JT).
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