En el proyecto habitacional "Mujeres hacia el Futuro", ninguna autoridad asume responsabilidades sobre trabajos incompletos
Patricia Ramos (78), junto con otros 97 beneficiarios, recibieron el 12 de diciembre de 2008 un bono de $360 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para construir su vivienda en el recinto El Silencio Grande, en la parroquia La Unión, cantón Quinindé (Esmeraldas).
A los dos meses, doña Patricia obtuvo su casa, pero el 19 de febrero de 2010 su hija Alicia, se enteró que su padrastro la estaba vendiendo a pesar de que aún no estaba terminada. Esto, según Miguel Salvatierra, director provincial del Miduvi en Esmeraldas "está prohibido", pues "en un lapso de tiempo de cinco años los propietarios no pueden enajenar estos bienes porque son estatales", señaló.
Sin embargo, en el Silencio Grande, donde está el proyecto habitacional "Mujeres Hacia el Futuro", existen casas arrendadas, otras están abandonadas e incluso no fueron terminadas las obras complementarias como detalla un informe de la Contraloría General del Estado elaborado en 48 proyectos de 1 783 viviendas, durante el período del 1.º de enero de 2007 al 17 de abril de 2009.
Así, a la vivienda de Rosa Freire, otra habitante, no le instalaron el mesón de cemento, el lavabo de la cocina, accesorios eléctricos y las puertas principales.
También, la beneficiaria Lidia Pasos contó que en su nuevo hogar faltaban las chapas y el sanitario por lo que aún no puede habitarla.
Mesías Peñafiel, dirigente de este complejo, reconoció que algunas edificaciones se entregaron incompletas. "Pedí a las constructoras resuelvan los daños, pero no hubo respuesta", dijo.
Otro caso es el de la adjudicataria Jessica Carrillo, quien habita en la zona urbana La Unión, en Quinindé. Ella contó que el contratista instaló el techo con perforaciones y el piso de cemento irregular.
El presidente de la junta parroquial, Jorge Luzuriaga, recomendó a los usuarios que no reciban las casas si no estaban terminadas.
Por su parte, Salvatierra deslindó responsabilidades sobre las casas mal construidas o sin especificaciones técnicas, como cuestionó la Contraloría. "Quienes deben responder son los ex directores Richard Villacís y Celso Ortíz, porque la auditoria es a abril de 2009 y yo ingresé en agosto pasado", puntualizó. A la vez, que evitó nombrar a las contratistas, porque según él, "no recordaba los nombres".
Afirmó que se rescindieron los contratos a Luis Valencia y Antonio Valdez, por incumplimiento de obras en la zona norte de la provincia. Igual a la constructora Manuel Vera porque no terminó 34 casas en la parroquia del Valle del Sade. Jorge Gudiño, albañil imbabureño, denunció que esta empresa "nunca pagó el sueldo a los trabajadores". (LFA)
"Gobierno no prevé los riesgos"
El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, criticó la construcción de viviendas del Miduvi en zonas inundables o deslizamientos y que no tienen el permiso municipal. Manifestó, que en el cantón Esmeraldas estás casas se encuentran a orillas de los ríos o laderas y sus propietarios se convierten en potenciales damnificados. "Se entregan bonos como promoción política del gobierno sin analizar los riesgos futuros de los beneficiarios", enfatizó. Como ejemplo, dijo que el plan "La Muralla", ubicado en la parroquia Montalvo (Río Verde), se inunda por la creciente del río. (LFA)
Hora GMT: 24/Febrero/2010 - 05:09
