Por Xavier Neira Menéndez
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A propósito de la ley mordaza que promueve el Gobierno a través de sus asambleístas para regular a la prensa independiente, cuando no silenciarla, recordemos que el grado en el que se respete la libertad de expresión es lo que determina el carácter democrático de un Estado. El principal compromiso que esgrimió en campaña en 2006 el entonces candidato Correa fue la consolidación de una democracia representativa y pluralista, profundamente participativa, moderna y eficiente para desterrar -dijo- las prácticas corruptas de la partidocracia que, supuestamente, había secuestrado al "viejo país", según sus peculiares sueños. La revolución ciudadana ofreció la plena vigencia de los derechos personales y la apertura de los cauces más amplios posibles para el ejercicio de la libertad, lo cual hacia -entre otras razones- indispensable un "borra y va de nuevo", una suerte de revolcón institucional a través de una Asamblea Constituyente que reivindique derechos ciudadanos, tan estropeados por los Gobiernos de entonces.
Ese discurso populista era música para los oídos del pueblo. Y ayudaron a entonarlo la mayoría de periodistas políticos subyugados por las melodías de cambio radical propuesto por un auténtico out-sider como Correa, así como coreado por gran parte de medios de comunicación que hoy corren riesgo de quedar sometidos a los caprichos oficiales. Y buena parte de las organizaciones sociales también hizo migas con la retórica de Correa en el afán de "liberar al país" de la coyunda de intereses grupales de la aborrecida partidocracia.
El Estado de Derecho y, mas aún, el "Estado Constitucional de Derechos" -sofisma usado en Montecristi (art. 1) para dorar la píldora al pueblo- debe garantizar a todas y a todos los ciudadanos plena libertad -fundamental para que las ideas circulen- a fin de expresar opiniones, criticas, apoyos, discrepancias, tanto con quienes detentan el poder como con quienes, desde la oposición, buscan el poder. Consecuentemente, sin libertad de expresión, no podemos hablar de una verdadera democracia. Por supuesto, se esgrimirá -como ya lo hace el oficialismo- que la Constitución, si bien reconoce en su art. 18 que los ecuatorianos tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información, esta deberá ser "verificada, oportuna, contextualizada, plural " y otras linduras retóricas, todo ello regulado dentro del amplísimo campo de la discrecionalidad del funcionario público, con lo cual los medios de comunicación y los ciudadanos quedamos expuestos a toda suerte de abusos de quienes interpretarán la norma legal o reglamentaria a su antojo y en función de sus conveniencias socialistoides. Si se duda, la simple lectura del proyecto del asambleísta Panchana desnuda las intenciones. Allí, se asegura que, como los "derechos de los ciudadanos se transforman en responsabilidades del Estado", este tiene el deber de lograr que los medios de comunicación "democraticen el acceso a la información" para todos.
La libertad de expresión está en peligro. Y como la democracia es un permanente aprendizaje, hay que invocar al pueblo a que se mantenga alerta, pues supone un espíritu de libertad, de tolerancia, de respeto a la opinión ajena, que hoy está en ascuas.
Hora GMT: 21/Septiembre/2009 - 05:06
