Opinión de Diario HOY
En esta misma columna se señaló que el veto parcial del presidente de la República al proyecto de Ley de Participación Ciudadana lesiona las libertades de expresión y de prensa, y demuestra desconocimiento de la realidad de lo que son los medios de información. Pero hay que añadir algo más: viola la Constitución.
Con el subterfugio jurídico del veto se encarga al Consejo de Participación Ciudadana establecer los mecanismos para que los medios de comunicación rindan cuentas, como si no las rindieran todos los días en cada una de sus ediciones o transmisiones o como si, en su condición de empresas, no presentaran cada año a sus accionistas y a las autoridades los balances y declaraciones de impuestos.
Al establecer los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el artículo 208 de la Constitución determina, en su segundo numeral, "establecer los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público..." Es decir, es inconstitucional pretender que se extienda esa atribución a las entidades del sector privado, como son los medios de comunicación independientes, no estatales. Encargar al Consejo de Participación establecer mecanismos de rendición de cuentas de los medios privados es sobrepasar de forma arbitraria las atribuciones que le asigna la Constitución.
Al mismo tiempo, el artículo 138 de la Constitución establece que, si el presidente objeta parcialmente una ley, "presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto de ley..." En el debate y aprobación del proyecto de Ley de Participación Ciudadana no estuvo contemplado en absoluto la rendición de cuentas de los medios de comunicación, que ahora se pretende incorporar en la Ley. La tendencia concentradora del poder pretende, por ese veto, sujetar a los medios de comunicación al control de un organismo integrado por una mayoría afín al Gobierno.
Hora GMT: 17/Marzo/2010 - 05:15
