Por Juan Montaño Escobar
Media tarde en la ciudad de Esmeraldas. Las muchas mujeres venían de barrio adentro y de parroquias rurales, rostros sudorosos y ofendida serenidad. Era la solidaridad de cientos de mujeres con las negadas laborales como "Facilitadoras en Representación de la Comunidad (FRC)" (¿?). Las autoridades del Instituto Nacional de la Familia (INFA) repiten como loros que no son sus trabajadoras, sino de allá, de muy de allá, de tan allá que son casi ilegales. Podría ser, porque no faltaron directoras, caso Esmeraldas, que les negaron el ingreso al infa-edificio. Bastantes injusticias se han cometido con estas trabajadoras. Aquellos que creen que este es un proceso revolucionario en marcha, este jazzman se incluye, hemos tenido vergüenza ajena y hemos escupido algodón de saliva de rabia. Las caminantes querían recordarles a los directivos "infáticos" que estas y otras mujeres fueron llevadas a trabajar en el barrio por cuenta y pago de ellos, que cuando ellos quisieron despidieron algunas o sancionaron administrativamente sin consultarlas y ahora, que el INFA pasa de derecho privado a público, les hacen firmar papelitos de último momento, para que se hagan cargo de dejarlas en la purita calle.
Algún organismo de control debería obligar a devolver el dinero público que ciertos funcionarios usan para justificar atropellos a ciudadanos, hombres y mujeres, y negarles sus derechos laborales y constitucionales. Es el caso del INFA se publican comunicados mentirosos, se presiona aquí y allá para que la gente de los barrios les martirice la vida a las trabajadoras negadas, se ofrecen cargos a "vaca soñada" a las esquiroles y se comunican medias verdades a la Presidencia de la República. Es estrategia de gente de ninguna ética aprovechar el liderazgo de Rafael Correa para acciones desaprensivas. Al diablo con estos burócratas que no comprenden que "ciudadanía es un derecho de las personas" y no una migaja de reconocimientos políticos. La Constitución legaliza ese derecho y la ética del gobernante legitima la relación democrática. A propósito, ética es el mandato para lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. El artículo 323, de la actual Constitución, obliga a reconocer "todas las modalidades de trabajo como sectores sociales productivos, (
) El Estado protegerá el derecho al trabajo". A los directivos del INFA que intentan manipular a los comités barriales y utilizarlos como garrote vil contra sus trabajadoras hay que recordarles que "se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias habituales de la empresa o persona empleadora (
) El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación
se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley". A este jazzman le gustaría ver la cara de Antonio Gagliardo, ese ministro de no sé qué, aquel de los diminutivos despectivos.
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Hora GMT: 08/Noviembre/2008 - 05:07
