Por Diego Araujo Sánchez
daraujo@hoy.com.ec
Un botón del modelo de democracia participativa que propugna el Gobierno es la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación. Vayan como muestra estas tres flagrantes contradicciones entre el discurso y la práctica: primera, los asambleístas de la mayoría oficial llaman a participar en la elaboración de la ley, dicen que la socializan y a última hora aprueban la versión que dicta el Ejecutivo; segunda, pregonan el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación -la libertad de expresión e información y el acceso a la información pública- y terminan por crear mecanismos que liquidan esos derechos, como ni siquiera lo habían hecho las dictaduras militares: tercero, reiteran el "derecho de las personas y colectivos a expresar sus ideas, pensamientos, opiniones y creencias políticas o religiosas, a través de todas las formas o medios de comunicación, sin censura previa y con responsabilidad ulterior",
pero exigen el título para las personas que intervienen en el proceso de comunicación y crean un sistema punitivo, que es una forma encubierta de censura.
¿Para qué tanto alarde de convocar a las organizaciones y grupos a participar; para qué la aceptación, con el proyecto oficial de Rolando Panchana, de los proyectos del Foro de Comunicación y del asambleísta César Montúfar; y para qué tantos esfuerzos "participativos" si con triquiñuelas al estilo de la repudiada partidocracia los asambleístas del Gobierno imponen, en reconsideraciones de última hora, la versión que quieren y aprueban, de un día a otro, el proyecto que saca de la manga Betty Carrillo, la presidenta de la comisión ocasional de Comunicación? El manejo excluyente de la aprobación se evidencia hasta por reclamos de entre las filas del movimiento de Gobierno: María Augusta Calle asegura que no le dieron bola en una cuarentena de artículos que ella propuso. Es el mismo modelo de "democracia participativa" que se observó en Montecristi y se reproduce en proyectos de ley como la de Comunicación, o la de las Universidades elaborada por la Senplades.
La creación del Consejo de Comunicación e Información es una vergonzosa mordaza porque está concebido como un tribunal de vigilancia de las publicaciones y la programación de todos los medios del país y un mecanismo para sancionar, una especie de inconstitucional jurisdicción de fácil uso por parte del Gobierno para amonestar, multar, suspender y clausurar a los medios de comunicación, una instancia represiva contra la libertad de expresión y de prensa.
Finalmente, se preconiza la democratización de la comunicación, el ejercicio de esta sin censura previa y con responsabilidad ulterior; pero se exige que las direcciones editoriales y la elaboración de las noticias solo estén a cargo de periodistas titulados. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las obligatoriedades del título o de la agremiación son restricciones al derecho a la libre expresión. Y, como señaló Frank de La Rue, el relator de la ONU para la libertad de expresión, la responsabilidad ulterior es una censura velada, salvo en casos de incitación a la violencia o de pornografía infantil.
Hora GMT: 23/Noviembre/2009 - 05:09
23/Noviembre/2009 a las 14:08
Lo que no entendemos muchos ciudadanos es: qué espera la asociación de comunicadores a nivel nacional para salir a protestar y oponerse a semejante mordaza? Todavía no se dan cuenta que el país entero tiene depositado en Uds. la esperanza de freno al menos en su frente? Si salen en masa, nosotros les respaldaremos 100%, que no se diga que el gremio de éste tiempo "dejó hacer y dejó pasar", eso sería una verguenza!. No basta con denuncias en artículos, no todos leen el periódico, hay que salir y gritar libertad para libre expresión!...aunque les cueste lo que les cueste. Los derechos no vienen solos, cuando alguien quieren arrebatarnoslo...hay que sacrificar nuestro cómodos escritorios. Salgan por favor y el pueblo estará con Uds.
23/Noviembre/2009 a las 17:03
Excelente opinión señor Araujo, como dice Marita, es mejor levantarse ahora con tiempo, que estar lamentándose más tarde. El derecho de estar bien informado de los diferentes actores del acontecer nacional (Ejem. Gobierno-oposición) es lo que forma nuestro criterio de nuestra propia realidad. Es un derecho fundamental, tanto como la vida misma, ningún gobierno no tiene ni debe interferir bajo ninguna excusa para coartar ese derecho, sino es síntoma que no está haciendo las cosas bien. El que no la debe no la teme. Que no se busquen problemas, los estados siguen, los gobiernos se acaban…. La libertad perdura.
23/Noviembre/2009 a las 22:36
Sr. el proyecto de ley de comunicación EXIGE los medios y periodistas que en ellos trabajan LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD, que desde mi humilde punto de vista es lo menos que deben tener no colo los medios sino la sociedad en general.
Sobre la titulación de periodistas me parece excelente la idea, un ejemplo claro es que un médico no se le confiaría salvar la vida de un paciente sino es titulado, a un abogado no se le permite ejercer su profesión sino ha estudiado y se ha graduado, entonces porque los periodistas que realizan una labor importante para un país no deben ser titulados????????????? en las universidades te enseñan técnicas para ejercer mejor el manejo de información y crea profesionales responsables, respetuosos y sobre todo críticos y autocríticos, cosa que les falta a ciertos "periodistas" que al estar al frente de una cámara creen que pueden hablar un sin número de tonterías y creerse dueños de la verdad-
17/Diciembre/2009 a las 12:53
Yo realmente soy ignorante completamente sobre esta ley. Me parece que antes de dar un criterio u opinión debemos informarnos detalladamente del contenido de la ley propuesta. El Sr. Araujo expone claramente su opinión, tiene todo el derecho de hacerlo, así como cada uno de los ciudadanos debemos, antes de hacernos a favor o en contra de esta ley, informarnos directamente. La prensa está desacreditada, eso es muy cierto, pero nosotros, como ciudadanos inteligentes y consecuentes debemos hacer valer nuestros derechos sobre todo a la información y no limitarnos a seguir el criterio de un columnista, periodista, reportero, comentarista o como se llame quien ejerce la noble tarea de la comunicación social.