En el menor tiempo posible se iniciará con el proceso legal requerido para dejar sin efecto los contratos públicos adquiridos por Fabricio Correa, hermano del primer mandatario ecuatoriano, indicó hoy el secretario nacional de Transparencia de Gestión, Alfredo Vera.
En declaraciones para una emisora de radio nacional, Vera indicó que este proceso se inicia tras el pedido del presidente Rafael Correa de que se cancelen los contratos que su hermano Fabricio mantenía con el Estado.
Estas acciones, según Vera estarían justificadas en los artículos 62 y 64 de al Ley de Contratación Pública en la que se prohíbe la participación en este tipo de actividades a familiares cercanos al primer mandatario, además autoriza dar término a un contrato manera unilateral.
El caso de Fabricio Correa deberá ser investigado a profundidad por los organismos pertinentes, indicó el funcionario, "Estos conflictos no son los primeros ni los últimos, la diferencia está en el tratamiento. Acuérdese usted de los hermanos y parientes de Febres Cordero", acotó Vera.
Mientras tanto la Procuraduría General del Estado también anunció hoy que iniciará un proceso investigativo de los contratos de Fabricio Correa. (LGP)
29/Junio/2009 a las 15:54
Este Sr. Vera no debe tener nada de color en la cara, de lo contrario estaría rojo como un tomate después de esas declaraciones. Admite que esperó a que el presidente le pida la anulación de los contratos para actuar, a pesar de que, según él mismo dice, se violaron los artículos 62 y 64 de la Ley de Contratación Pública.
O sea que, antes de que el presidente dé su opinión no importaba la violación, luego sí.
El gobierno está lleno de estos funcionarios obsecuentes y obedientes. Listos a declarar bueno lo que su jefe estima bueno, y malo lo que les dice que es malo.
29/Junio/2009 a las 15:59
Este Sr. Vera no debe tener nada de color en la cara, de lo contrario estaría rojo como un tomate después de esas declaraciones. Admite que esperó a que el presidente le pida la anulación de los contratos para actuar, a pesar de que, según él mismo dice, se violaron los artículos 62 y 64 de la Ley de Contratación Pública.
O sea que, antes de que el presidente dé su opinión no importaba la violación, luego sí.
El gobierno está lleno de estos funcionarios obsecuentes y obedientes. Listos a declarar bueno lo que su jefe estima bueno, y malo lo que les dice que es malo.