El texto está a las espera de observaciones para entrar a segundo debate en el Pleno
Los artículos sobre la Soberanía Alimentaria donde se prohibe el "latifundio" y se plantean "medidas redistributivas para que los pequeños campesinos tengan acceso a la tierra" han generado división de criterios.
Guillermo Touma (AP) está a favor de que la propiedad se revierta en beneficio de la sociedad, "siempre y cuando no implique un perjuicio para las personas". Para el asambleísta, "no se puede permitir que miles de hectáreas sigan abandonadas y por ello se debe pensar en la redistribución", dijo al ratificar que no se procederá en confiscación. De hecho, cita el caso de la península de Santa Elena, donde hay miles de hectáreas improductivas y que se pueden declarar de utilidad pública. "Si el Gobierno aplicara un plan agrícola efectivo, ese sitio se convertiría en el granero de América Latina".
Para el asambleísta Diego Borja (MPC), antes de 2000 existían en el país 12,35 millones de hectáreas; la propiedad promedio de unidad agrícola era de 14,66 ha y la concentración de más del 50% de esas unidades estaba en el 3% de la población. Estas cifras coinciden con los datos que recopilaron el presidente de la Mesa de Trabajo, Pedro De La Cruz, y el resto de vocales, en el marco del Censo Agrícola que se realizó a inicios del nuevo milenio.
Aunque todavía hay dudas de cómo se efectuará la distribución de las tierras improductivas declaradas de utilidad pública, Touma señaló que el mecanismo de traspaso será en base a la justicia.
De La Cruz subrayó que el debate para aprovechar las tierras improductivas empezó en 1996 y tuvo apoyo después de 12 años. Hoy, a su criterio, se calcula que la concentración abarca el 60% y hay más de 2 millones de ha de terreno abandonado que está en manos de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
La minoría dice que los artículos no tienen claridad y producen desconfianza e intranquilidad en los ecuatorianos. Leonardo Viteri (PSC) señaló, por ejemplo, que resulta inadmisible que se deje a un lado el tema de la propiedad intelectual (patentes), que está dentro de las propiedades intangibles, pues esto representaría "un atentado a la salud pública".
En cambio, Gissel Rosado (Prian) sostuvo que los textos hablan de medidas redistributivas y de la propiedad de función social, lo cual resultaría "un atentado a la propiedad privada".
Esta medida de "redistribución" de tierras ya se realizó en Venezuela, y en Bolivia está en proceso.
Para los empresarios venezolanos, la experiencia fue, en sus propias palabras, "terrible" ya que "no cumplió ni con los más mínimos objetivos".
En Bolivia, la reforma viene con la nueva Constitución, pero el tema aún es motivo de debate entre la oposición y el Gobierno, cuya propuesta cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas. (CHM)
Venezuela: reparten tierras "ociosas"
Ley de tierras, según los grupos productivos, no cumplió su fin
El problema de la tenencia de la tierra afecta a la mayoría de los países de América Latina.
Según un estudio del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se sufre de una grave crisis de tierra en América Latina y el Caribe, donde el 38% de la población rural esta constituida por pequeños propietarios: el 31% por trabajadores, el 27,1% por grupos étnicos y el 5% por pequeñas comunidades de pescadores artesanales.
En el caso de Venezuela, según el censo agrícola de 1998, el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban el 75% de las tierras. Señalaba además que las fincas con 50 hectáreas o menos ocupaban en total unos 3,2 millones de ha, lo que significaba que 8,3 millones de hectáreas estaban en manos de personas que no estaban sujetas a la reforma agraria, y que menos del 30% de los que recibieron tierras pudieron legalizar sus títulos de propiedad o contar con algún documento legal de respaldo.
Según el Gobierno venezolano, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) de 2004 se hizo con el fin de erigir las bases de una estructura que permitiera el desarrollo sostenido de las actividades agrícolas, lo que garantizaría la seguridad agroalimentaria del país y el mejoramiento de la calidad de vida en el campo. De allí que dicha ley establezca un "replanteamiento de la tenencia y el uso de la tierra para contrarrestar el régimen latifundista, que se contrapone a algunos valores básicos y estratégicos del proceso bolivariano, como la solidaridad y justicia social", según planteaba el mismo Gobierno.
Esta ley estipula el deber del Estado de recuperar "las tierras ociosas" para ponerlas a trabajar y la potestad para adjudicarlas a quienes muestren tener capacidades para cultivarlas y desarrollarlas.
Adicionalmente, crea el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Corporación Venezolana Agraria y el Instituto de Desarrollo Rural, cuyas funciones están destinadas a coordinar y apoyar el proceso de desarrollo integral en el área agrícola que promueve la LTDA.
Pero, no todo resultó así. Según Nelson Maldonado, presidente de Consecomercio (Consejo Nacional del Comercio y los Servicios), destacada entidad empresarial en Venezuela, no existió una expropiación de tierras, sino una "confiscación".
"Las tierras que se confiscaron fueron escogidas a dedo, según la conveniencia del Gobierno, sean estas o no productivas y bajo las causales equivocadas", aseguró Maldonado.
Según indicó el empresario, algo más de 2 millones de hectáreas fueron expropiadas, de las cuales muchas eran productivas. En la actualidad solo 35 000 hectáreas producen algo.
Coincidiendo con Maldonado, Noel Álvarez, vicepresidente de Fedecámaras, uno de los objetivos de la Ley de Tierras era mantener la seguridad agroalimentaria, sin embargo en los últimos tres años, Venezuela sufre una escasez de alimentos "sin precedentes". "Al menos el 55% de la carne es importada y el resto apenas se puede producir en tierras venezolanas", aseguró Álvarez.
Para ambos empresarios, inicialmente la Ley recibió el apoyo popular, pero como se puede ver en la actualidad la popularidad del presidente venezolano, Hugo Chávez, "ha caído a sus niveles más bajos, lo cual refleja el fracaso de esta medida y su mala aplicación". (GJR)
En el Ecuador, la intención se ve con buenos ojos, pero faltan reglas claras
Varios analistas ecuatorianos ven la propuesta de "propiedad y redistribución de la tierra" de modos distintos.
Para el jurista Julio Cesar Trujillo, la idea no es algo nuevo, "desde 1929, no es novedad en el derecho constitucional ecuatoriano la idea de que la propiedad privada cumpla una función social".
Iván Angulo, representante de la FAO en el Ecuador, aseguró que una redistribución, seria "conveniente" ya que en la actualidad es evidente la inequidad en el reparto. "Aproximadamente un 90% de las tierras productivas están en pocas manos". Para el representante la "sostenibilidad" de la actividad agrícola depende de la distribución de las tierras. "Al ser pequeñas, no produce ganancia al pequeño propietario, lo cual termina por desanimarlo hasta abandonar la actividad. Y su tierra a las manos de los mismos", afirma Angulo.
Según Fausto Jordán, economista agropecuario, "la idea aún es incierta y no se puede debatir sobre algo que no esta aprobado aún", sin embargo si puede afirmar que la distribución actual es "errónea". Para David Grey, Gerente Técnico de Rain Forest Aliance, la propuesta pone en riesgo las llamadas "zonas de amortiguamiento" que son el límite entre las tierras comerciales y las reservas ecológicas. "Se puede mal entender como tierras ociosas a estas zonas, pero en realidad sí cumplen una función social", aseguró Grey.
Según el ecologista, la gente puede emprender actividades agrícolas sin planificación por querer salvar sus tierras y terminar afectando el medio ambiente. (GJR)
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Hora GMT: 01/Junio/2008 - 16:17
