Por Francisco Rosales Ramos
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"Los hijos de ecuatorianos ya no serán españoles", tituló una noticia publicada el 7 de abril pasado en El País de Madrid. La información se refería a una circular de la Dirección General de los Registros y de Notariado en la que se advierte que los hijos de los inmigrantes ecuatorianos ya no pueden obtener la nacionalidad española de origen, que se reconoce por el mero hecho de nacer en el país. Más adelante, señala que la decisión se debe a que el Ecuador modificó recientemente su Constitución, que ahora reconoce la nacionalidad a los hijos de sus ciudadanos nacidos en un país extranjero. El Estado español, afirma, ya no tiene que proteger al recién nacido de inmigrantes ecuatorianos, como sí lo hace con otras nacionalidades, en aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, a fin de que éstos no queden desprovistos de nacionalidad. Concluye la nota indicando que en España residen legalmente 421 527 ecuatorianos.
Los asambleístas de Montecristi, al redactar su obra cumbre, la nueva Constitución, no repararon en los efectos que la retórica, que abunda en el documento, tiene efectos jurídicos más allá de los rebuscados textos. Mientras, en el art. 338 de la Constitución se dispone que el Estado "generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes" (nótese que los incentivos son para valores y bienes, no para las personas). A través del reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana a los hijos de los migrantes, se ha dado un duro golpe a las posibilidad de que se afinquen en esos países y gocen de plenos derechos y posibilidades de desarrollo al adquirir su nacionalidad. Si se preguntara a los migrantes qué les interesa más, que sus hijos puedan tener la nacionalidad española o que el Estado ecuatoriano les dé incentivos para ingresar sus ahorros y bienes, la respuesta sería obvia: prefieren la nacionalidad española de sus hijos.
Téngase en cuenta que a la Asamblea de Montecristi concurrieron diputados elegidos precisamente por los migrantes, cuyo objetivo fundamental era velar por los intereses de sus representados.
En días anteriores, se hizo pública una tibia reacción de las autoridades ecuatorianas respecto a la decisión española y se anunció que se presentaría el reclamo formal -y hay que entender que se buscaría una solución al conflicto- en la visita oficial que el canciller Falconí realizaría a Madrid en la segunda mitad de abril. Un extraño silencio se ha producido luego de la reunión diplomática.
Día a día, van surgiendo los conflictos creados por la Constitución de Montecristi. La impreparación, la distracción de su función única, el apuro de última hora, junto a prejuicios, fundamentalismos y dogmatismos, resultaron en una Carta Política obesa, incoherente, repetitiva y concentradora de poderes. Y lo más grave, que si antes existía el llamado candado para sus reformas, en la nueva Carta se creó una bóveda de acero que hace virtualmente imposible sus reformas.
Hora GMT: 25/Mayo/2009 - 05:08
