Veedores perseguidos

Cecilia Velasco

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Cuando se supo que Fabricio Correa, hermano del presidente, había firmado contratos ilegales con el Estado, Rafael Correa conformó una comisión voluntaria de veedores , que estuvo integrada por Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo, quienes seguramente confiaban en que el Gobierno de la revolución ciudadana impulsaría una auténtica política de investigación y control, que sería ejercida por ciudadanos de a pie. Además de la campaña de desprestigio dirigida por el presidente en contra de los veedores, porque tras las pesquisas que les tomaron 18 meses dijeron que él sí sabía de los contratos de su hermano, en los actuales días deben defenderse de la acusación de falso testimonio, que les imputara una fiscal, y que podría conducirlos a prisión.

Los contratos que firmó Fabricio Correa superan los $650 millones y supusieron un perjuicio para el Estado de más de $140 millones, según informa el diario capitalino El Comercio y según se ha difundido en otras fuentes, como la sólida investigación de El gran hermano, de los periodistas Calderón y Zurita.

Los cuatro ex veedores tienen problemas económicos, pues no pertenecen a círculos del poder y varias puertas de trabajo les han sido cerradas tras la difamación de que han sido objeto. El abogado Ramiro Román se ha ofrecido a tomar a cargo la defensa, pues sabe que en este caso ha habido un uso arbitrario del Código Penal. Este último sábado, en su odioso enlace sabatino, el presidente volvió a echar lodo sobre estos ciudadanos, y dijo que los auténticos veedores del Gobierno son los ecuatorianos que a través de Internet pueden verificar el avance de obras. (¡!)

Lo que no se sabía es que es el propio Rafael Correa quien ha planteado una demanda por un delito que "atenta contra la Fe Pública" en contra de Chambers, Quishpe, Portillo e Hidalgo, auspiciada por su tenebroso abogado Vera. En ella, el líder de multitudes, el sapiente y justo, acusa a los miembros de la comisión de haberse apartado del objetivo trazado inicialmente, porque habrían actuado bajo la conducción de Chambers, ex funcionario del Gobierno de Lucio Gutiérrez, "enemigo declarado del suscrito". Un documento empleado para quitarle legitimidad al informe de la comisión dice que Chambers fue miembro de Pacifictel con Gutiérrez. Los cuerdos que quedan en este país de fanáticos podrán reconocer que desde el punto de vista lógico, jurídico y ético, nada tiene que ver lo uno con lo otro, y que es el presidente quien debería demostrar, si puede, su inocencia.

En su demanda en contra de los autores de El gran hermano, el presidente quiso una indemnización de 10 millones; una jueza quiso sacarles solamente 2; la fiscal María Elena Bayas desea mandar a la cárcel a los cuatro ex veedoras… Nunca como hoy queda demostrada la grosera intromisión del Ejecutivo en los órganos de la justicia. En cualquier otro país civilizado del orbe, el Fiscal estaría procesando al hermano del Presidente, convertido en una especie de estrella de farándula, investigando al mismísimo mandatario y brindando protección a los veedores.

 

Autor: Cecilia Velasco - Ciudad Quito