Después de que en junio concluya la elaboración del nuevo texto constitucional, el país entrará en diversos procesos electorales. Es saludable, pues que, a distancia de los más próximos intereses electorales, se fijen reglas claras, empezando por la prohibición de la publicidad oficial en el periodo de campaña electoral, que no se observó en las pasadas elecciones.
La Constituyente, que ha asumido potestades legislativas, debe prohibir que tanto el Gobierno central como los gobiernos seccionales difundan propaganda oficial durante el tiempo de campaña electoral. Es una medida necesaria, que ayudará a crear condiciones de equidad en la participación electoral. En las pasadas elecciones para asambleístas, la Misión de Observadores de la OEA y diversos sectores ciudadanos pidieron al TSE que prohibiera esa publicidad; sin embargo, la mayoría afín al Gobierno no acogió ese pedido y tampoco se suspendió la propaganda oficial.
Mantener en ese lapso la difusión de la publicidad del Gobierno, Municipios y Prefecturas genera una situación de desigualdad entre los candidatos que representan al partido y movimientos del Gobierno central o de los gobiernos locales, tanto más graves cuanto el Estado asume el financiamiento de la propaganda electoral y distribuye franjas de publicidad entre las diversas candidaturas. Los candidatos y tesis oficialistas cuentan así con doble propaganda: la directa, como los demás grupos, y la indirecta, por la promoción del Gobierno, municipios o prefecturas.
Hora GMT: 27/Marzo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
