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El narcotráfico genera una serie de efectos en las esferas económica y social de los países. La situación de México y Colombia es un ejemplo. En ambos casos hay problemas de violencia y sicariato, especialización de la criminalidad, alteración de los valores sociales y estigmatización internacional.
Así, en México se reportan diariamente asesinatos y ejecuciones que son adjudicados a carteles de la droga como los de Sinaloa, Tijuana, Juárez, del Golfo y Los Zetas, entre otros.
De acuerdo con un informe presentado por la DEA al Senado en Washington en octubre y que se dio a conocer en diciembre pasado, hay presencia de narcotraficantes mexicanos en la región sudamericana que operan con bandas colombianas como Los Rastrojos, Urabeños y Los Paisas (ver mapa), que son conocidas por su grado de violencia en contra de sus rivales.
A esto se agrega información sobre que los carteles mexicanos se propagarían por los Estados Unidos, tal y como publicó la BBC en marzo de 2010. "El Gobierno de los Estados Unidos afirmó que los carteles de droga mexicanos están expandiendo sus actividades y su presencia en suelo estadounidense. Ello, a pesar de que, en 2007, Washington prometiera invertir $1 400 millones durante tres años en la lucha contra esas bandas criminales. Sin embargo, un año después, la producción de heroína en México habría aumentado de 17 a 39 toneladas, según el informe Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2010, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Antinarcóticos (NDIC, por sus siglas en inglés)".
La nota agrega que este organismo, que está en la esfera de Departamento de Justicia, estimó que el costo económico del tráfico y del abuso de drogas es $215 000 millones anuales para Los Estados Unidos. "Los carteles mexicanos continúan representando la amenaza más grande en cuanto al tráfico de drogas a Estados Unidos", afirma el documento citado por BBC.
Otros problemas que afrontan son la impunidad y la disminución en la credibilidad del sistema de justicia. La gente no siempre denuncia los hechos de violencia de las que son víctimas ellos o su familia, porque los responsables no son sancionados o por temor a distintos tipos de represalia.
Este último escenario ya se vive en el Ecuador. De acuerdo con las cifras de enero a abril de este año, se han registrado 493 asesinatos y 192 homicidios, es decir 685 denuncias receptadas ante las delegaciones de la Policía Judicial. Pese a que el fenómeno del sicariato tiene ya varios años y se ha extendido a casi todas las provincias del país, aún no se lleva un registro específico del mismo, porque no hay hasta ahora en la legislación ecuatoriana esa figura.
En cuanto al robo de motos, un elemento básico para el cometimiento de homicidios estilo sicariato, las estadísticas policiales indican que durante los primeros cuatro meses de este año se han sustraído 1 918.
Dados los índices actuales de producción y consumo, una de las preocupaciones de la Policía es que las autoridades deben poner énfasis en la prevención para mitigar los problemas de salud y disminuir la violencia.
Según el informe presentado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep) en 2011, que se respalda en la Resolución n.° 2008 005 CD del 4 de junio de 2008, esa entidad dio inicio al proceso de construcción del Plan de Prevención Integral de Drogas 2011-2013.
En Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2012, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Prevención, el que al momento se encuentra listo para que sea presentado al presidente Correa y este dé su aprobación.
El objetivo del Plan es intervenir en el problema de las drogas de una manera proactiva e interinstitucional, basada en pruebas científicas con criterio multidisciplinario, protegiendo de sus consecuencias a los habitantes del país, coadyuvando a mejorar su calidad de vida.
Para cumplir el plan se han estructurado 12 programas; uno de ellos es el nacional de prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que será ejecutado por las instituciones del Consep.
