Así lo afirmó el procurador general del Estado, Diego García, quien además manifestó que espera que el fiscal general, Washington Pesántez, inicie acciones legales en contra de los trabajadores implicados en el caso.
El año pasado, la Contraloría General del Estado determinó un reparto irregular de $3 millones en bonos para los empleados de la Procuraduría bajo el concepto de capacitación y desarrollo espiritual. Por lo que varios trabajadores y ex empleados de la Procuraduría fueron sancionados y obligados a devolver el dinero de los bonos recibidos.
"Alrededor de 80 personas devolvieron totalmente lo que recibieron y quedan pendientes 280 personas más, que ofrecieron devolver (el dinero)", manifestó García. "Pero lamentablemente el presidente de la Asociación de servidores Públicos de la Procuraduría, en vez de entregarle esa plata al Estado (...) se la ha retenido en la Asociación, lo cual impide que el procedimiento de devolución continúe adelante", dijo. (LGP)
Hora GMT: 02/Julio/2009 - 21:54
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