Universidades y rankings

Por: Joaquín Hernández Alvarado

En un artículo reciente aparecido en La Nación de Buenos Aires, Raquel San Martín hacía dos afirmaciones significativas: los rankings o medidores a escala mundial de universidades se han multiplicado en los últimos cinco años y, en ellos, las universidades latinoamericanas y argentinas tienen presencia insignificante. Por supuesto, no están ausentes, aunque no en los primeros puestos, la Universidad de Buenos Aires y la de San Pablo junto con la Nacional Autónoma de México. Para algunas interpretaciones, esta ausencia de la mayoría de las universidades latinoamericanas es muestra de su baja calidad. Y sin embargo, los rankings o medidores no informan realmente sobre la calidad de las instituciones entre otras cosas por la índole cuantitativa de sus mediciones pero, sobre todo, porque el concepto de calidad es amplio, tiene múltiples significados e incluye varios conceptos como, por ejemplo, el de la pertinencia que exige que las instituciones respondan a las necesidades del país o de la región a la que pertenecen. Por cierto, la evaluación y acreditación de las universidades no se refleja en estos rankings.

En los años noventa se desarrolló en América Latina la tendencia por los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación. Fue en un contexto contradictorio: los estados limitaban los recursos que entregaban a los diferentes sectores como, por ejemplo, educación superior, pero a la vez lo que entregaban tenía que ser evidenciado, transparentado en cuanto al cumplimiento de los objetivos y políticas de las instituciones. Más allá del contexto en que se iniciaron estos procesos, su vigencia obligó a las universidades a hacer un ejercicio de reflexión sobre sí mismas. La clave, sin embargo, estaba y sigue estando en lo que efectivamente se quiere saber.

En el caso del Ecuador, después de dos décadas de crecimiento, para algunos excesivo y alarmante, las universidades se encuentran en una coyuntura de evaluación múltiple conforme al proyecto de nueva Constitución y al Mandato 14, que derogó la Ley de Creación de la Universidad Cooperativa de Colombia. El problema no es simple no solo porque se pide a la vez un informe jurídico y académico al Conesup y otro al Conea en el plazo de un año que ya ha empezado a transcurrir, sino porque se obliga además a todas las instituciones de educación superior, sus carreras y programas de posgrado a que se autoevalúen, avalúen y se acrediten en el plazo de cinco años. Y, encima, que las universidades particulares que reciben fondos del Estado se evalúen en el plazo de un año para seguir recibiendo dichas rentas.

Pasamos a los extremos: de nada de evaluación a una evaluación múltiple y compleja que implica un trabajo metodológico y técnico enorme.

En todo caso, esta experiencia para la universidad ecuatoriana será de gran importancia, no para esos rankings o medidores que no dicen nada sobre las especificidades de las instituciones, sino porque nos proporcionarán un análisis indispensable de las mismas después de décadas de crecimiento y de extensión.

alandazu@hoy.com.ec

Hora GMT: 09/Septiembre/2008 - 05:17