Universidades cerradas

Juan Falconi Puig

jfp@hoy.com.ec



Un sociólogo dijo que no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados, y ciertamente que la educación, en sus distintos niveles, es indispensable para poder entender, receptar y aun transmitir conocimientos. Que un universitario que cursa la mitad de la carrera de Derecho escriba "sitación" con "s" y "orizontal" sin "h" no solo que es inadmisible, sino que demuestra que ni siquiera debió haber obtenido el título de bachiller, puesto que esos mismos universitarios (pruebas en mi poder) tampoco conocen quién fue José Eloy Alfaro; desde cuándo el Ecuador es República; cuál es la principal calle de la ciudad de Guayaquil; y, por supuesto, tampoco leen periódico alguno, salvo, tal vez, el fin de semana y solo la página deportiva. Estos son los profesionales del mañana que pasan a engrosar la gama de frustrados "expertos", menos que mediocres, generalmente irresponsables.

De ahí que la decisión de evaluar las universidades, como antes se evaluaron los profesores de educación pública, con la obvia protesta de la UNE, deviene indispensable para saber con qué clase de educación cuenta el país, puesto que es requisito sine qua non para tomar decisiones más o menos acertadas, más o menos seguras, contar con información de la real situación actual. Que en muchos casos la educación, de la palabra latina educatio, que significa "enseñanza, disciplina, crianza, que los filósofos de la escuela de los sofistas impartieron a cambio de honorarios", según la magistral Enciclopedia de la política de Rodrigo Borja, sea remunerada e impartida por verdaderas empresas, inclusive constituidas como compañías con fin de lucro, no es el problema; pues la falla estriba en que, simplemente, se regalan las notas y se "pelean" los clientes-educandos, no por la bondad y la calidad de la enseñanza, sino por la ligereza y la facilidad en otorgar títulos. Esto es una verdadera estafa, no solo a esos dizque educandos que saben a lo que van y solo buscan el título fácil en lugar de la verdadera enseñanza, sino al país y al mundo, porque acreditan que una persona habría recibido y tendría determinados conocimientos que la convierten en idónea para ofrecer, con un mínimo de aptitud, determinada profesión.

Ejercer por parte del Estado una de sus funciones básicas, cual es la de control de todos los servicios públicos en todas las áreas como salud, educación, transporte, etc., se muestra en este y otros tantos casos necesaria para hacer efectivas las garantías constitucionales de contar con servicios públicos de calidad, sean estos prestados directamente por el Estado o por el sector privado, ya por delegación, ya por autorización. Y si, habiéndose suspendido a determinadas universidades estas continuaron vendiendo matrículas y/o cobrando pensiones por $8,5 millones que no podían cobrar, es apenas obvio que hay una grave irregularidad que debe ser sancionada, precisamente para empezar a entender que ya no debe regir la política de los hechos consumados y que la ley es para cumplirla.

 

Autor: Juan Falconí - Ciudad Quito