Todos los días, Emilio Castro (31), quien no puede caminar, pedalea su triciclo desde su casa, en el Guasmo Central, hasta su lugar de trabajo, en el centro de Guayaquil.
La lluvia complica más su viaje, por eso sale temprano para llegar a las 08:30 a Invermun, donde repara máquinas tragamonedas. En el sitio laboran otras 25 personas con discapacidad.
Al otro lado de la ciudad, en el parque industrial Inmaconsa, Raúl Calderón cose las prendas de vestir que se confeccionan en la planta de Comercial 3B. Él es sordomudo, al igual que 21 de sus compañeros.
Mientras ellos trabajan, las organizaciones que los respaldan defienden ante los empresarios la aplicación de la reforma al Código de Trabajo publicada en el Registro Oficial el pasado 30 de enero que posibilita que otros individuos en sus condiciones tengan empleo.
El cambio más importante de la ley es el del literal 33 del artículo 42. Este establece que el empleador público o privado, que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, está obligado a contratar, al menos a una persona con discapacidad en el primer año de vigencia de la normativa.
En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores; en el tercero, el 2%; en el cuarto, el 3%, hasta llegar al 4% de la totalidad de empleados el quinto año, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará de ahí en adelante.
La Cámara de Industrias de Guayaquil, presidida por Alberto Dassum, está en contra de esta exigencia porque considera que atenta al derecho constitucional de la libre empresa y contratación.
Además, señala que esta ley consagra un trato discriminatorio en contra de los actuales y potenciales trabajadores no discapacitados.
Andrés Ycaza, director jurídico de la Cámara de la Pequeña Industria de la ciudad (Capig), coincide con Dassum. El abogado laboral y ex subsecretario de Trabajo, Pedro Cruz, les da la razón.
Pero el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis)organismo estatal que impulsó la reforma y las Asociaciones de Discapacitados del Guayas (Asodis-G), de Ciegos del Guayas y de Hemipléjicos, Cuadrapléjicos, Parapléjicos y Personas con Capacidades Físicas Diferentes del Guayas (Asopléjica) defienden su derecho a trabajar porque están capacitados para hacerlo, según dicen.
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), la de la Construcción y el secretario de la Producción, Joaquín Zevallos, los respaldan.
Demanda de los industriales
El pasado jueves 2 de marzo, Dassum presentó ante la Defensoría del Pueblo del Litoral una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta reforma al Código de Trabajo.
Inmediatamente, Asodis-G convocó a una marcha, que se realizó el pasado martes 7 de marzo, en la que participaron 100 discapacitados.
Ellos caminaron desde el Conadis-Guayas hasta la Defensoría para solicitarle al titular de ese despacho, Claudio Mueckay, que no acoja el pedido de Dassum. El funcionario falló a favor de ellos.
Y agregó, en un comunicado, que de producirse otra demanda de inconstitucionalidad, a través de la presentación de mil firmas ante el Tribunal Constitucional (TC), precautelará los derechos humanos de este grupo vulnerable y demandará ante organismos internacionales, para que no se desvanezcan las reformas al Código del Trabajo.
Carlos Andrade, presidente (e) de la Cámara de Industrias (Dassum está fuera del país) señala que este gremio no tiene nada en contra de los discapacitados, sino en contra de la ley, que obliga a contratar aunque la empresa no tenga necesidad de hacerlo.
El sector industrial, el área manufacturera nacional, no han tenido gran crecimiento en los últimos años y las compañías han estado perdiendo personal más que aumentándolo. Decir que se debe contratar más, nos lleva a despedir, afirma.
Ycaza agrega que esto va a provocar que las empresas busquen mecanismos para evadir la contratación. Crear diferentes filiales con menos de 25 obreros, que es el mínimo que establece la reforma para contratar a un discapacitado, es una de las opciones, señala.
Xavier Torres, coordinador de las federaciones nacionales para la discapacidad, presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif), vicepresidente del Conadis y asesor parlamentario explica a los industriales que durante el presente año, los que tengan un mínimo de 25 empleados y un máximo no establecido, deben contratar a un discapacitado.
Y en 4 años más completarán el 4%, agrega. Torres añade que no se trata de despedir a nadie, como dicen los empresarios. Además, hay muchas compañías que ya han contratado a personas con discapacidad.
Entre estas se encuentra Invermun y Comercial 3B, donde laboran Emilio y Raúl. Ninguna de las cámaras consultadas tiene un registro de cuántos y cuáles de sus socios tienen empleados con discapacidad.
Según Torres, Zevallos los está ayudando a contactar a los representantes de estos gremios para reunirse con ellos y explicarles la reforma.
Agrega que quieren indicarles que existe un proyecto para otorgarles incentivos tributarios. Si el discapacitado gana USD 1.000 justificarían USD 2.000 en el Impuesto a la Renta. Con esto se cubriría los sueldos y adecuaciones físicas que hagan, señala Torres.
Multa de USD 1.600 para empresas que no cumplan
Antes de la reforma, la inserción laboral de los discapacitados estaba contemplada en el artículo 53 de la Constitución y en el 4 de la Ley de Discapacidades.
Sin embargo, el ingeniero comercial Gonzalo Paredes, presidente de Asodis-G; el CPA, Carlos Lecaro, titular de Asopléjica; y el abogado Atilio Villacís, miembro de la Asociación de Ciegos del Guayas, señalan que los empresarios no cumplían con esto.
Ya era tiempo que esta ley surgiera porque muchos somos marginados solo por tener una discapacidad, a pesar de que estamos preparados profesionalmente para laborar en cualquier área, dice Lecaro.
Paredes agrega que las compañías ahora sí van a tener que cumplir con la ley, porque si no lo hacen serán sancionadas. La reforma contempla una multa mensual equivalente a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador, es decir USD 1.600.
Mientras que las entidades estatales serán multadas con sueldo básico.
La Unidad de Discapacidades del Ministerio de Trabajo efectuará los controles.
Los discapacitados que postulen a un puesto de trabajo deben tener el carné del Conadis.
Opiniones
CCG ofrecerá plazas
Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), manifiesta que este gremio apoyó la reforma, desde que se trató en el Congreso.
Estamos a punto de firmar un convenio con el Conadis para que la CCG sea receptora de los currículos de los discapacitados, para canalizarlos con nuestros socios y que ellos cumplan con esa ley, indica.
En efecto, Efrén Garaicoa, coordinador del Conadis-Guayas, expresa que hace un mes, este gremio le entregó la base de datos de sus 11.500 socios. El objetivo es que el Conadis analice en qué empresas pueden ser colocados los 300 discapacitados que hasta ahora se han inscrito para conseguir empleo (pueden registrarse en la institución, ubicada en Av. Quito y Alejo Lascano).
CAPIG: faltó consenso
A las personas discapacitadas no se las puede marginar, pero debió hacerse la ley en consenso con las cámaras, que somos las afectadas y darnos incentivos tributarios, dice Renato Carló, titular de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil (Capig).
Concuerda con los industriales en que, con esta reforma al Código de Trabajo, se atenta contra el derecho a la libre contratación que tienen las empresas.
Sin embargo, considera importante que los discapacitados participen en el sector productivo.
Indica que entre las alrededor de 1.800 pequeñas y medianas empresas afiliadas a la Capig, hay compañías como Kronos, Acromax y Tofis que tienen empleados con discapacidad.
Industria dialogará
Carlos Andrade, presidente encargado de la Cámara de Industrias, insiste en que el gremio que tiene 1.200 afiliados no está en contra de los discapacitados. Si vamos por esa ruta, mañana podríamos solventar el problema de los que no tienen empleo con otra ley que establezca que se deba contratar el 50% más de trabajadores en las empresas.
Considera que una de las maneras de resolver este problema es adoptar un sistema de incentivos tributarios para las empresas, como ocurre en otros países.
Andrade recalca que el gremio de los industriales está abierto al diálogo, para llegar a un consenso con el Ministerio de Trabajo y las organizaciones de discapacitados, a fin de cumplir con la ley.
Hora GMT: 13/Marzo/2006 - 05:00 Fuente: Diario Expreso Ciudad Quito
