Por cada cambio realizado en el proyecto San Francisco se debió emitir instrucción
El Consejo de la Judicatura abrirá un expediente administrativo en contra de los jueces que anularon las órdenes de prisión preventiva para 11 ejecutivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Sobre los imputados pesaba una acusación por presunto delito en contra de la administración pública, cuyo proceso se encontraba en la fase preliminar, con llamado a audiencia de formulación de cargos.
El fiscal Washington Pesántez acusó públicamente a los jueces María Eloísa Castillo y Ernesto Álvarez, y al conjuez Byron Montero de haber cometido prevaricato y de afectar los intereses del Estado.
Los jueces defienden su accionar amparados en el Art. 21, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece una de las funciones que tienen los fiscales. "Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma gravedad en un mismo lugar o diversos, se debe iniciar una instrucción por separado". En la providencia del 20 de enero, señalan haber actuado legalmente. (VG)
Hora GMT: 24/Enero/2009 - 05:09
