Tribunal Contencioso demora en resolver un recurso presentado hace 10 meses
Las denuncias de los organismos de control también enfrentan problemas en el ámbito de la administración de Justicia.
Es el caso de una glosa por $23 millones que se convirtieron en $86 millones (capital más intereses), la cual no ha podido ser cobrada por demoras en el Tribunal Contencioso Administrativo.
El 31 de julio de 2000, el ex contralor Alfredo Corral determinó que la constructora brasileña Andrade Gutierrez debía restituir $23 392 885 pagados por el Estado, supuestamente de manera adicional e injustificada, por la construcción de la carretera Méndez-Morona, cuyo contrato se firmó en 1985 por $47,7 millones y 1 138 millones 217 728 sucres; estos montos son mencionados en un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) de esa época.
Con el paso del tiempo, el caso llegó a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, en la que la empresa interpuso una acción de excepciones al procedimiento coactivo, alegando una supuesta falsedad ideológica del título de crédito emitido por la Contraloría.
El organismo de control presentó un recurso de casación, pero se lo negaron. Entonces planteó un recurso de hecho, pero han transcurrido más de 10 meses y todavía el Tribunal no se pronuncia.
El pasado 11 de septiembre, el contralor, Carlos Pólit envió un escrito al referido Tribunal. En él, manifiesta que la demora "a más de injustificada, es preocupante y sospechosa".
Esto contrasta con la actitud de la Fiscalía, que ha evidenciado una intención de cambio con los convenios firmados con los organismos de control para mejorar el flujo de la información.
A continuación, un "puñado" de las 105 denuncias enviadas este año. (VG/AA)
Auditoría de 2005 determina indicios de responsabilidad penal en Tame
Un examen practicado a la gestión del agente de adquisiciones y al manejo del fondo rotativo asignado a la Gerencia de Mantenimiento, en el período comprendido entre el 1.° de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2007, determinaron indicios de responsabilidad penal contra varios funcionarios. La Contraloría pidió a los proveedores de bienes y servicios confirmar la veracidad o no de las facturas; adicionalmente, requirió el detalle de las compras y sus valores. La información nunca fue entregada.
El informe se remitió a la Fiscalía General a fin de que se investigue y se inicie una instrucción fiscal. (SR)
Contrato para comprar cinta vinil no cumplía las condiciones
Por la auditoría a un contrato suscrito entre Pacifictel y Urbapubli S.A. para la adquisición de cinta vinil para el mantenimiento de la planta externa en las zonas 5, 6, 7 y 8 de Guayaquil, la Contraloría detectó varias irregularidades.
Mediante un informe del jefe de Laboratorio, Metrología y Ensayo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), se determinó que la cinta adquirida no cumplía con todas las especificaciones técnicas del contrato.
Esas observaciones fueron remitidas a la Fiscalía para su investigación. (SR)
Construcción de unidades médicas del IEES, con deficiencias
A la Fiscalía se envió el resultado del examen practicado entre el 30 de noviembre de 2004 y el 19 de julio de 2007 a las Unidades Médicas que construye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en todo el país.
La investigación determinó indicios de responsabilidad penal en contra de los delegados del IESS que firmaron las actas de entrega-recepción provisionales y definitivas mediante las que se aseguraba que la compañía contratista cumplió a cabalidad las obligaciones adquiridas a través de un contrato principal y de dos complementarios. Esto, a pesar de los daños y deficiencias determinadas en el examen practicado al proyecto. (SR)
Petrocomercial: mercadería no cumplía características requeridas
Un informe que determinó indicios de responsabilidad penal en el proceso de adquisición, registro, custodia y utilización de bienes por compras locales en Petrocomercial está en la Fiscalía General.
Según el examen realizado por el organismo de control, la mercadería que ingresó al país no cumplía con las características requeridas, como son las normas API. Además, la marca era desconocida. (SR)
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Punto de vista
Hora GMT: 27/Octubre/2008 - 05:01
