Una Asamblea Nacional que no legisla ni fiscaliza

Opinión de HOY


La mayoría oficialista de la Asamblea se allanó a casi todas las objeciones hechas por el presidente de la República al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), lo que ha puesto una vez más en duda el ejercicio de las funciones legislativas por parte de la Asamblea. La Constitución concede al presidente de la República la potestad de veto total o parcial de proyectos de leyes aprobados por la Asamblea; y, en el caso de veto parcial, debe presentar un texto alternativo. Esta potestad se halla en función de mejorar las leyes, no de imponer la unilateral voluntad del Ejecutivo. Si, finalmente, se imponen los proyectos enviados por el Ejecutivo en su forma inicial, sin que se acepten las modificaciones fruto del debate y los acuerdos en la Legislatura, ¿qué papel juega entonces esta?, ¿en dónde queda el sistema de contrapesos propio un sistema democrático?

El veto concede amplias facultades colegislativas al presidente, pero legislar por el veto solo desde el Ejecutivo y por encima del Legislativo es desvirtuar esa potestad y reducir a nada una de las funciones esenciales de la Asamblea: la de debatir y aprobar las leyes que, en las democracias, corresponde a la Legislatura.

Solo la falta de independencia y la sujeción absoluta de la mayoría oficialista al Gobierno pueden explicar que, pese a que se aprueben disposiciones en un sentido tras debates y acuerdos en la Legislatura entre esa mayoría oficialista y otros grupos, con el veto del presidente se impongan otras diametralmente opuestas y, sin embargo, los mismos que votaron por ese proyecto no lo ratifiquen en la forma inicialmente aprobada.

Esa misma subordinación explica que no se haya concretado juicio político alguno en la Asamblea. Todos las denuncias de presuntas irregularidades presentadas contra funcionarios públicos abortaron en las comisiones y no llegaron al Pleno. Es decir, la Asamblea ni legisla ni fiscaliza.