Si se juzga por los índices de popularidad y credibilidad del presidente de la República, en 2007 el Gobierno pasó el año con una alta calificación en materia política. Lo contrario sucede en el área económica. La reducción del crecimiento de la producción de un esperado 4,2% a un probable 2,2%, nivel similar al del crecimiento de la población y el más bajo de América Latina, evidentemente es una nota mala. Y puede ser mucho peor en 2008, porque lo que se sembró en 2007 a través de la reforma tributaria, la política salarial, la política de fijación de precios de algunos alimentos esenciales, la regulación y segmentación de las tasas de interés, la política comercial, la confrontación y las amenazas a diversos sectores productivos, la persecución a las compañías privadas petroleras, seguramente se coseche en su totalidad en este año.
Y es que uno de los objetivos esenciales de la política fiscal, además de la administración del sistema de impuestos para financiar el gasto estatal y propender a una mejor redistribución de la riqueza, es generar incentivos claros a la inversión, el principal motor de la economía en el largo plazo. Con la reforma fiscal, el Gobierno apuesta al incremento de las recaudaciones y a una mayor equidad del sistema impositivo, objetivos que aún están por demostrarse. Pero se ha olvidado por completo de la promoción de la producción. Con la reforma tributaria, el conjunto de señales que ha enviado el Gobierno al aparato productivo a lo largo de 2007 está, lastimosamente, muy lejano a la promoción de la producción y el empleo. Entre otros aspectos, la reforma tributaria tendrá un efecto muy grave en el financiamiento externo de la economía, porque limita la posibilidad de deducirse del ingreso gravable el pago de intereses de la deuda externa de las empresas; porque grava con el impuesto a la renta, sujeto a retención en la fuente, los intereses de los créditos provenientes de fuentes privadas del exterior y porque, además, introduce el impuesto a la salida de divisas sobre el pago de intereses y capital de la deuda externa no registrada o cuando el destino es un país considerado paraíso fiscal. La ecuatoriana es una economía cuyo factor escaso es el capital, sea proveniente de la inversión o del endeudamiento. La deuda privada ecuatoriana es de $7 000 millones, lo que significa menos de un cuarto del PIB generado por este sector, lo cual es absolutamente manejable y no es un argumento para desalentar este tipo de endeudamiento. El sector financiero ecuatoriano con depósitos que se aproximan a los $11 000 millones es incapaz de cubrir esa demanda. Si no se reforma la ley en este aspecto, la economía ecuatoriana sufrirá una fuerte contracción en el financiamiento proveniente del exterior, con incalculables consecuencias en la inversión, la producción, el empleo y la estabilidad del sistema financiero. Es más, hasta podría resultar que los objetivos de la nueva estructura tributaria de incrementar la recaudación y lograr una mayor equidad social se vean autoeliminados por la misma reforma, porque como se ha dicho en innumerables oportunidades, para repartir la riqueza hay que crearla, no destruirla.
Hora GMT: 09/Enero/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por José Samaniego Ponce
