Justicia indígena
El juez de garantÍas Penales de Cotopaxi, Iván Fabara, denegó la prisión preventiva solicitada por un fiscal para la presidenta de la comunidad indígena de Canchagua Chico, María Alicia Masapanta Sangoquiza, que presuntamente participó en el "ajusticiamiento" de un delincuente.
Según un comunicado de la Fiscalía, el fiscal Alejandro Arteaga solicitó la prisión preventiva para Masapanta, a lo que el juez se negó porque "no lo consideró necesario".
Tras esa decisión, Arteaga "inició la instrucción fiscal que, por mandato legal, tiene un plazo de 90 días para sustentar antes de emitir un dictamen".
El objetivo es aclarar los hechos en torno a la muerte de Fausto Medina, de 57 años, que, según la Fiscalía, "fue quemado porque supuestamente había robado un equipo de sonido".
"El examen médico legal determinó que el 80% de su cuerpo tenía quemaduras de primer a cuarto grados y huellas de haber sido golpeado con un objeto contundente", dice la Fiscalía, que informa de que las investigaciones siguen abiertas.
El fiscal general, Washington Pesántez, planteó crear una legislación secundaria para regular la administración de Justicia indígena. No obstante, el dirigente de la Ecuarunari Humberto Cholango descartó que esas manifestaciones de violencia tengan relación con la Justicia de los pueblos ancestrales.
"Nuestra administración de Justicia es para rehabilitar al ser humano, para poder inclusive hacer justicia con la participación de los actores que están involucrados en ese delito que se va a juzgar", explicó. (EFE)
Hora GMT: 15/Abril/2009 - 05:04
