Por Ana Angulo Benavides
aangulo@hoy.com.ec
El sistema judicial salió con otra novedad la semana pasada: la acusación de peculado contra el ex alcalde Paco Moncayo por la garantía municipal aprobada en junio de 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito.
Para el fiscal distrital, Marco Freire, la garantía es financiera y eso configura peculado, por eso la acusación. Para Moncayo, el ex vicealcalde Andrés Vallejo (otro de los principales acusados), y varios juristas no lo es.
Como están las cosas, eso lo tendrá que zanjar la Corte Provincial de Justicia, que ya verá si acoge o no el dictamen fiscal.
En defensa de su dictamen, el fiscal ha dicho estar convencido de la existencia del delito; también ha reconocido que en la sesión del Concejo en que se decidió otorgar la garantía estuvieron otros 12 concejales, entre ellos el actual alcalde capitalino, Augusto Barrera.
Es decir, la decisión fue tomada por el Concejo, no solo por el ex alcalde y el ex vicealcalde, sin embargo el dictamen fiscal señala: "Los resultados de la investigación no proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que permita presumir que sean partícipes del delito... por lo que emito dictamen no acusatorio". Increíble.
Los concejales que asistieron a la sesión probablemente se sienten incómodos, ya que del dictamen se colige que ellos no eran más que simples alzamanos, sin criterio propio, una especie de robots que fueron manipulados por Moncayo y Vallejo. Lo cual es impensable, dada la calidad y prestancia de esas personas, al punto que de ese grupo edilicio salió el actual alcalde de la ciudad y otros dos o tres han sido reelegidos.
Por eso, el dictamen del fiscal permite otra lectura: no había que implicar en el asunto al alcalde Barrera y la única forma de evitarlo era exculpar a sus compañeros, a pesar de la mayoría se adhirió -o sea confirmó en todas sus partes- la versión de los hechos dada por Andrés Vallejo durante la indagación previa, como lo ha reconocido el propio Marco Freire.
Por tanto, si está muy claro que todos los asistentes a la sesión de mediados de 2005 adoptaron la misma resolución y aprobaron la garantía, no se entiende la separación entre "buenos" y "malos" que hace el fiscal. A menos que exista una razón política.
Eso no sería extraño, porque en los últimos tiempos la Fiscalía ha tenido unas "de cal y otras de arena". Una muestra es la acusación por peculado contra la ministra de Salud, Caroline Chang, por un supuesto sobreprecio en la compra de ambulancias. En cambio, olvidó acudir a los llamados de la Corte Nacional de Justicia para sustentar el dictamen en contra del ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, que ahora se pasea libremente gracias al "descuido" de la Fiscalía.
Hora GMT: 10/Enero/2010 - 05:06
10/Enero/2010 a las 07:51
Un grupo más o menos consistente estuvo urgando en los términos del contrato de concesión para el nuevo aeropuerto. Una de sus cabezas visibles fue la concejala Macarena Valarezo, quién se presentó en la televisión especialmente, para decir barbaridades como que el aeropuerto actual puede continuar en funciones y que el Municipio no debió escoger un lugar para el Aeropuerto que no contaba con las facilides de arribo y decolaje de aviones, sin considerar que fué la Dirección de Aviación Civil del Ecuador la entidad que realizó los estudios para los Aeropuertos, contando con expertos internacionales en la materia.
Quénes se han beneficiado de este escándalo: El primer beneficiado fué el nuevo Alcalde, que finalmente consiguió que la Contraloría ponga en duda los costos contratados y de esa forma evitó que el alcalde Moncayo opte por la reelección, que tenía ganada gracias a las preferencias electorales de los quiteños. Si. Fué beneficiario del retiro de Moncayo, pero es el primer causante de la paralización de las obras del nuevo Aeropuerto. Los otros beneficiarios salen ya a la vista. Los intereses económicos de empresarios que con Corpac y Quiport no tenian chance de acceder al manejo y administracion del nuevo aeropuerto, como lo hacen en Guayaquil. Para eso es que trabajaron todos los demás. Defendiendo intereses particulares. Las objeciones iniciales de sobreprecio, desaparecen en el dictamen acusatorio. Solamente queda una motivación relacionada con una garantía sin la cual, no se habría podido firmar el contrato de concesión. Se debe recordar que los costos del contrato son costos que involucran construcción y financiamiento. En casos similares, el país debe rendir cauciones y/o avales previos a la emisión de deseembolsos, sin que aquello se consdiere delito, porque es natural que quién financia un proyecto asegure su recuperación, utilidad y costo financiero. La garantía suscrita por el Municipio a favor de CORPAC, es una forma de asegurar que el proyecto podía viabilizarse.
Es también evidente, la "protección" con la que el fiscal excusa a Barrera, disimulada con los concejales que aprobaron la garantia "sin conocer". En este caso, fueron los concejales con su aprobación unánime, los que delegaron al Alcalde a suscribir la garantía, entonces, el Alcalde debe ser el único excusado, si en verdad lo dicho por el fical tiene algún asidero.
10/Enero/2010 a las 13:32
El increíblemente absurdo alegato del Fiscal barrerista implica que el Alcalde de Quito no tiene firma válida, ya que en cualquier momento puede alegar que "firmó sin conocimiento de causa". Entonces, tenemos como alcalde a una especie de "menor de edad" no imputable, no responsable. Eso sí es toda una REVOLUCIÓN del sentido común. ¿Y si Correa después sale con la misma excusa?
18/Enero/2010 a las 21:55
Que tiene que ver el Presidente??? y la revolucion???, hasta cuando son tan ciegos sordos y mudos? cual es el proposito de su necia oposicion??? Y el comentarista MELO que por poco y nada bendice la mayor sinverguenzeria de la historia de Quito, no se les ocurre leer? investigar? estudiar? sacar sus propias conclusiones y no que les den pensando? que pena da ver como hemos caido tan bajo...sin criterio, lo unico que prevalece es la maldad el servilismo al capital...lo mas grave es que no hay remedio.