El presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa, dio paso a la instrucción fiscal, pedida por la Fiscalía General del Estado, para que se investigue a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que dieron la libertad a Jorge Hugo Reyes Torres, quien cumplía una sentencia de 25 años por delitos de narcotráfico.
Aun así, Ulloa negó el pedido de medidas cautelares: en la audiencia, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, pidió que se prohiba la salida del país de los magistrados de la Segunda Sala: Luis Abarca (presidente), Máximo Ortega (juez) y Edwin Salazar (conjuez permanente) .
Los abogados de los magistrados desestimaron el pedido de Alvear y defendieron la actuación de los jueces de la segunda sala argumentando que las pruebas presentadas en el caso Reyes Torres, estaban "viciadas", por consiguiente el proceso estaba afectado, dijeron, de allí que respaldaron el sobreseimiento de Reyes Torres, quien estaba acusado de varios delitos relacionados al narcotráfico.
Tras la resolución de Ulloa, el fiscal subrogante no consideró que se haya perdido la "batalla", porque la aprobación de la instrucción fiscal significa "descubrir el hecho y la culpabilidad o llegar a los 90 días en que el dictamen fiscal puede ser acusatorio o abstentivo", indicó.
Por su parte, Jorge Luis Ortega, abogado e hijo de Máximo Ortega manifestó que en la instrucción fiscal ordenada por el presidente Ulloa, se demostrará que no existe delito de prevaricato. (ET)
Hora GMT: 14/Julio/2009 - 05:09
