En el Artículo 173 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que entró en vigencia el 1.° de enero de este año, se establece un nuevo impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales.

Se considera hecho generador de este tributo a la posesión de tierras cuya superficie sea igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada por cada municipalidad.

Es decir, cada agricultor que posea dicha superficie de tierra deberá pagar $7,85 por cada hectárea que supere las 25. Sin embargo, la Ley también establece que el valor del impuesto multiplicado por cuatro será deducible del valor del Impuesto a Renta (IR), que debe pagar cada contribuyente.

“Este impuesto se generó para identificar las tierras ociosas que existen en el país, porque, aunque el tributo está direccionado a todo lo que son tierras rurales, en cierta forma beneficia a quienes hacen producir la tierra, porque, en su declaración de Impuesto a la Renta, ellos van a poder deducir hasta cuatro veces este impuesto”, sostuvo Wálter Ycaza, técnico del Servicio de Rentas Internas.

Están exonerados de este impuesto los inmuebles ubicados a más de 3 500 metros sobre el nivel del mar, las áreas de protección o reservas ecológicas, los humedales y bosques naturales, inmuebles de propiedad de universidades o centros superiores, excepto las particulares autofinanciadas en la parte que destinen para la reducción agropecuaria. También territorios que se consideran patrimonio de áreas naturales, áreas protegidas, de régimen provincial o cantonal, bosques privados y tierras comunitarias.

Así, un agricultor que posea una propiedad de 145 hectáreas deberá cancelar $942, si multiplicamos las 120 hectáreas (a gravarse por sobrepasar las 25) por $7,85, del costo del impuesto.

Pero esta cantidad multiplicada por cuatro podrá ser deducible del Impuesto a la Renta que pagará cada productor, solo en el caso de que estas sean tierras productivas, porque, de lo contrario, no podrán ser sujeto de reducción.

El SRI no tiene un estimado de cuánto va a recaudar por concepto del Impuesto a las tierras improductivas. Según Miguel Avilés, técnico del organismo, esa información está siendo recabada en el Ministerio de Agricultura. “Para tener ese dato tenemos que conocer el catastro de todas las propiedades”, dijo, al aclarar que la Ley establece dos años de plazo. Mientras tanto, dijo, se recaudará el impuesto a través de la declaración “obligatoria” que tienen que hacer los propietarios de las tierras, según el reglamento tributario, que está en manos del Ejecutivo.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, existen 1, 6 millones de hectáreas de pasto natural y vegetación arbustiva que podrían ser consideradas tierras ociosas. (DCL-GC)

Agricultores piden nuevas exoneraciones

60 hectáreas es el promedio de tierras que tiene un agricultor

Con pérdidas agrícolas que ascienden a $110 millones y con más de 66 mil hectáreas de cultivos afectadas en la Costa, el impuesto a las tierras rurales perjudicaría aún más a los agricultores; así lo considera el consultor Francisco Rosales, quien aseguró que -a diferencia de otros países donde a la agricultura se le da un tratamiento especial, e incluso algunos llegan a subsidiarla con cifras millonarias- en el Ecuador se grava con un impuesto presuntivo que incluso, “sin duda”, atenta contra la seguridad alimentaria.

Similares consideraciones tienen algunos agricultores que poseen sobre las 60 hectáreas y que deberán pagar el tributo de $7,85 por cada hectárea que sobrepase las 25 hectáreas.

Patricio Maldonado, floricultor y ganadero, espera que en el reglamento de la Ley de Reforma Tributaria se incluyan varias ex