El fiscal de Lavado de Activos hizo la reseña de los asesinatos y los vinculó a las relaciones que mantuvieron con la empresa Jooamy, de propiedad de los Ostaiza
La audiencia de formulación de cargos realizada la tarde del lunes ante el juez Vicente Altamirano, que inició la instrucción fiscal por supuesto lavado de activos, ratifica varias hipótesis formuladas por BLANCO Y NEGRO sobre los cabos sueltos de "Huracán de la Frontera".
El fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Orlando Benavides, afirmó que recibió el 8 de julio de 2008 un parte informativo del cabo de policía Mauricio Ramírez, en el que se daba cuenta de un posible lavado de activos de Jéfferson Ostaiza a través de la empresa Jooamy Ema.
Con esa base se inició al día siguiente la investigación que estableció varios hechos: la compañía estaba integrada por María Rogeria Enríquez Rivera, madre de Doris Alicia Riascos Enríquez, esposa de Jéfferson Ostaiza. Ella tenía el 85% de las acciones, mientras que Álvaro de Jesús Franco, el 15%.
También se confirmó que Jooamy se dedicó a la organización de eventos musicales; de ahí, la relación con Luis Eduardo Ayala Alarcón, odontólogo, dueño de la clínica odontológica Dental Laser, y su hermano Antonio Martín. Con ellos organizó el concierto "Salsa con amor" y trató de traer al grupo Maná.
El primer espectáculo se realizó, pero el segundo, no. Luis Ayala, según la Fiscalía, habría prestado una fuerte suma de dinero a Jooamy a través de Edinson Alvis Castaño (colombiano), quien, al parecer, engañó a Jéfferson Ostaiza sobre los contactos hechos para traer a los mexicanos.
Tanto Luis Ayala como Edinson Alvis fueron asesinados. El primero, en la puerta de su casa luego de presentar una denuncia por estafa; el cuerpo del segundo apareció en la av. Occidental.
Benavides vinculó también a este caso la muerte el ex coronel de la FAE Hugo Guerrón, que fue asesinado en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho ocurrió cuando salía de una gallera. La Fiscalía cree que el ex oficial debía tripular el avión en el que se llevarían las 3,7 toneladas de droga que fueron decomisadas en el operativo "Huracán Verde".
El fiscal también dijo en su exposición que, a través del operativo "Huracán de la Frontera", se vinculó a Jooamy con narcotráfico y, dado que la droga decomisada tenía los distintivos Nike y Apache, propios del Bloque Sur de las FARC y que se encontró el código Betania, se estableció que la red de narcotráfico tenía vínculos con la guerrilla colombiana.
Benavides señaló que directivos de Jooamy tuvieron vínculos con sus similares de Tecnistamp, empresa de la Policía. Los representantes de Jooamy intentaban ser proveedores de la Policía y, para eso, habrían entregado $75 mil. También tocó el tema de los pozos petroleros y agregó que, en el allanamiento a Jooamy, la Policía halló un contrato de promoción artística entre Jéfferson Ostaiza y Humberto Coellar Cruz, delegado de CC Eventos y Espectáculos, quien habría recibido $300 mil. Benavides cree que ese dinero fue del narcotráfico.
A lo anterior se suma una serie movimientos financieros cuyo origen no podía ser justificado por la multinacional, ya que en sus declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) no reportaba ganancias. (MP)
Pedido de audiencia
Adolfo Benítez, abogado defensor de Diego Benítez, señaló que, por el momento, no ha planificado ninguna estrategia, ya que su defendido fue sobreseído, pero está esperando que la Corte confirme ese sobreseimiento. De ser necesario, el abogado pediría una audiencia de estrados ante la corte de Esmeraldas.
Pedido de destitución
Ubaldo Baquerizo, abogado de los hermanos Ostaiza, señaló que apelará en tres días la resolución del juez, pues habría violado el art. 255 del Código Penal, que señala que el juez que conozca una causa penal no puede dar declaraciones a la prensa. "El juez lo hizo y merece su destitución", dijo. (GCA)
Cuenta regresiva
Una vez que el juez cuarto de Garantías Penales, Vicente Altamirano, ordenó la prisión preventiva para 12 de los imputados por lavado de activos, estos no pueden salir libres durante los tres meses que tiene el fiscal para investigar. La excepción es si pueden justificar ante el juez la sustitución de la medida cautelar. (MP)
Blanco y Negro:
- Los 10 cabos sueltos de Huracán de la Frontera
Especial:
El Caso Chauvin
Hora GMT: 16/Septiembre/2009 - 05:06
