Quito. 25 may 97. En Filosofía política, un memorable ensayo
de 1956, Eric Weil señaló que la violencia puede ser una
enfermedad frecuente de la democracia.

En las comunidades sin armonía -escribió- los que toman
ventaja son los mediocres y los corruptos, que van creando una
autocracia cuyas justificaciones son la urgencia y la
necesidad.

Los autócratas gobiernan mediante la violencia y, a la vez,
provocan reacciones violentas.

En las comunidades mejor organizadas, en cambio, quienes
dirigen los asuntos públicos tienen la posibilidad de discutir
racionalmente sus puntos de vista. Las discusiones razonables
-dice Weil- son la base de las democracias que aspiran a la
estabilidad.

Según la tesis de Filosofía política, ni siquiera la ley puede
garantizar una convivencia sana y equitativa. Los problemas
del hombre son demasiado complejos como para que la ley los
abarque infaliblemente.

Para que una ley fuera eficaz, habría que discutirla cada vez
que se plantea una situación atípica. Eso no es posible. Las
democracias deben avanzar con las instituciones que tienen y,
a veces para su desdicha, con los hombres que eligen las
mayorías.

A menudo una ley que es justa en teoría deriva en situaciones
injustas, así como ciertas acciones que el poder político
ejecuta para asegurar el bienestar general crean el efecto
inverso: un malestar intolerable.

En las últimas semanas han abundado los ejemplos que ilustran
esas imperfecciones de la democracia.

Un desolador ejemplo es de tres estudiantes de escuela
secundaria que hacia comienzos de 1989 vivían en Glen Ridge,
una aldea perdida de New Jersey. Se divertían jugando al
fútbol y molestando a las chicas.

La más desvalida de las compañeras era una joven retardada,
poco mayor que ellos. Un atardecer de marzo la llevaron a un
lugar solitario del pueblo y la violaron con un bate de
béisbol, mientras otros diez compañeros aplaudían, sentados en
sendas sillas, el horrendo espectáculo.

Los tres fueron condenados a veintidós meses de reclusión por
un jurado unánime. No cumplieron ni un solo día de la pena.
Pagaron multas fuertes, siguieron trabajando y yendo a la
universidad, mientras los abogados defensores se embarcaban en
apelaciones sin fin. La ley que protege a los acusados sin
sentencia firme es una ley justa, nadie lo duda, pero la
injusticia del caso de Glen Ridge reclama la ira del cielo.

Un episodio parecido, aunque menos flagrante, es el que
beneficia al ex jugador argentino de rugby Alejandro Puccio,
que en 1985 fue condenado a prisión perpetua por participar en
el secuestro extorsivo de cuatro empresarios, tres de los
cuales murieron en el encierro.

Puccio fue liberado a principios de abril, luego de cumplir
once años y siete meses de la sentencia y de pagar una fianza
de medio millón de dolares. El aval con el que pagó esa fianza
fue la misma casa donde los secuestrados sufrieron el largo
calvario del encierro, el hambre y la muerte.

Una ley sancionada por el pacto de Costa Rica permite que el
tiempo pasado en prisión sin sentencia firme se cuente doble.
Las apelaciones interminables permiten demorar esos trámites,
con lo que algo concebido para aliviar a los inocentes sirve
también para sacar del pantano a los culpables.

La defensa del bienestar general fue lo que encumbró al
presidente peruano Alberto Fujimori. Nadie como él consiguió
cercar y castigar, en tan poco tiempo, a los cabecillas
fundamentalistas de Sendero Luminoso y, a mediados de 1996,
desmantelar o al menos eso parecía a los guerrilleros
fanáticos del Movimiento Túpac Amaru, cuya sigla es MRTA.

En cinco años pacificó el Perú con un estilo autocrático que,
curiosamente, acentuó la popularidad que tenía cuando ganó la
presidencia. No es para nada improbable que busque un tercer
mandato, aunque eso desbarate la Constitución que el mismo
sancionó en 1993.

Su gobierno es legítimo pero sus métodos no lo son. La
legitimidad, como escribió Seymour Martín Lipset, en "El
hombre político" es la capacidad que tiene un sistema para
mantener en pie las instituciones sin lesionar, al mismo
tiempo, la fe que la sociedad ha puesto en ellas. Fujimori
está preservando una democracia legítima, casi a puros golpes
de ilegitimidad.

A mediados de abril, cuatro meses después de que un batallón
de MRTA invadió la embajada del Japón en Lima y capturara a
casi medio millar de rehenes, el ejército peruano logró entrar
a sangre y fuego en la residencia ocupada y rescatar a casi
todos los cautivos.

La acción fue sorpresiva, bien planificada y militarmente
perfecta. No quedaron guerrilleros sobrevivientes. El problema
es que, en una legalidad democrática, hasta los culpables
tienen derechos, y en Lima esos derechos no fueron tomados en
cuenta.

Nadie podría defender la democracia y, al mismo tiempo, el
inhumano cautiverio de decenas de hombres, sean cuales fueren
las banderas que se enarbolan. Con la misma lógica, nadie
tampoco puede defender la democracia y, al mismo tiempo, la
matanza de guerrilleros que se habían rendido o que estaban
heridos y fueron rematados en el piso.

La superioridad de la democracia sobre las otras formas de
Gobierno reside, precisamente, en que la razón está por encima
de los abusos, y en que el bienestar general es algo que se
decide a través de las discusiones institucionales y no algo
zanjado por la lisa y llana voluntad de un autócrata y de sus
eventuales aliados en el autoritarismo.

La violencia es la única e inaceptable arma de los
desesperados, pero jamás puede ser el arma de un gobierno cuyo
argumento es la legitimidad democrática.

En América Latina la violencia es un eco: se sabe de donde
sale la voz, pero no a dónde llega, ni cuándo, ni de qué
manera regresa. (DIARIO HOY) (P. 3-B)