Por Susana Klinkicht
El presidente Rafael Correa ha anunciado que recibió el miércoles pasado en Guayaquil el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público sobre la deuda contraída por el Ecuador entre 1976 y el año 2006. Según las primeras informaciones sobre el resultado de 14 meses de indagaciones en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central y en archivos del exterior, se confirma la ilegitimidad, por lo menos de una parte. Además existen indicios de ilegalidad en las actuaciones de los responsables en los distintos tramos investigados, referentes a la deuda original, la sucretización, los bonos Brady y Global.
No habría todavía claridad en el Gobierno de si, de ser establecidos por los tribunales actos de ilegalidad, los presuntos delitos habrían prescrito ya. Pero quedarían mecanismos para emprender acciones por enriquecimiento ilícito. En ese caso, los implicados tendrían que probar el origen de sus bienes. El perjuicio al Estado, que según lo trascendido sobre el informe no ha podido ser cuantificado.
Durante los 30 años que fueron sometidos a investigación, la deuda pública, interna y externa, creció de $1 174,6 millones a $14 245,6 millones. Sin embargo, solamente un 14 % de este dinero habría sido invertido efectivamente en educación, salud y desarrollo. El resto sirvió para pagar los costos de la deuda. Algunas declaraciones de los integrantes de la Comisión indican que existen casos en que el dinero nunca entró al Ecuador, sino que fue utilizado para comprar bienes a los países de donde prevenían los acreedores. Se renegoció deuda que, para comenzar, nunca llegó a las arcas del Estado y las condiciones favorecieron siempre a los acreedores. El historiador argentino y miembro de la Comisión Alejandro Olmos ha dicho que cualquier tribunal norteamericano rechazaría los contratos en cuestión como violatorios de los principios de equidad.
Olmos admite la prescripción de los hechos, pero dice que existe la posibilidad de retomarlos como delitos de ejecución continuada.
Habla en especial de los períodos del Triunvirato Militar, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén y Gustavo Noboa.
El informe establecería responsabilidades y corresponsabilidades de los prestamistas, y de autoridades y funcionarios ecuatorianos, quienes habrían demostrado una extraordinaria sumisión al momento de atender a los representantes de los acreedores, hasta el extremo de reembolsarles diversiones, cines y propinas durante su estadía aquí.
El resultado práctico de esta primera auditoria realizada de esta manera en Latinoamérica podría estar en su efecto propagandístico, incluso en el exterior. Es posible que el Régimen utilice el material para emprender indagaciones formales, posiblemente de tinte político, pero también para mermar con el respaldo de los datos la carga de la deuda.
Lo que desvirtuaría el mérito de la investigación y el deseo legítimo de transparentar un escándalo, que ya no es secreto desde hace mucho tiempo, es que no se incluya en estos esfuerzos un nuevo intento de aclarar su propio affair con los "pativideos" y la deuda externa.
susanak@hoy.com.ec
Hora GMT: 29/Septiembre/2008 - 05:09
