Por Teodoro Bustamante Ponce
tbustamante@hoy.com.ec
Creo que las reflexiones teológicas del presidente del Ecuador en Inglaterra tienen su aspecto de utilidad. Nos demuestran que este funcionario ha tenido alguna preocupación por las relaciones entre la doctrina de la Iglesia Católica y los temas sociales, y que tal preocupación quedó congelada en el tiempo, en un determinado momento dejó de alimentarse. El autor de tan sesudas reflexiones teológicas consideró que ya no era necesario hacer seguimiento alguno del tema y, aislado en sus deseos subjetivos de justicia, en su acción al frente de un Gobierno, renunció a estar al tanto de que la encíclica que él reclama se está difundiendo esta misma semana en el Ecuador.
Las consecuencias son un bochorno, lo que pretendía ser un acto en el cual el presidente se lucía en el terreno de alguno de sus más importantes opositores se convierte en una confesión pública de ese principio que guía al Gobierno: el de ningún control de calidad a sus productos. El de reducir al mínimo la reflexión. Lamentablemente, este es tal vez el único principio al cual el Régimen se adhiere con insistente coherencia. Su Constitución, sus proyectos de ley, son un militante esfuerzo en tal sentido.
Esta orientación se aplica también al tratamiento que el Régimen ha querido dar a los partidos políticos. Su orientación al respecto la encontramos tanto en las disposiciones que se encuentran en sus textos legales, como en su práctica concreta.
Respecto a este segundo punto, hay bastante información sobre el círculo de poder, sobre las camarillas palaciegas y todos aquellos elementos que muestran que Alianza País se aleja cada vez más de lo que fue: una alianza y un aparato electoral, para parecerse a una corte de algún reino decadente.
En cuanto a las reformas legales, la principal modificación que se plantea es la exigencia de reinscribir a los partidos políticos con un número de adherentes superior a las 170 mil personas. Es claro que cada adherente requerirá mucho más esfuerzo que las simples firmas de antaño. Pero, con ello, lo que se ha establecido es una barrera más fuerte y para asegurar una mayor exclusión del sistema político. Con tales disposiciones, se pretende asegurar que los únicos partidos existentes sean los que utilizan el aparato del Estado para asegurar su numero de seguidores (lo cual es ya una base de corrupción) o los que puedan movilizar dinero y recursos en una lógica populista.
La cifra de los 1,7 millones de militantes es una grandiosa mentira. Si el partido de Gobierno tuviera la centésima parte de esos militantes (lo cual no es lo mismo que burócratas adherentes), podría tener algún nivel de calidad en su gestión. Se trata de una disposición diseñada para garantizar que el terreno de la política nunca llegue a ser tocado por la reflexión, nunca se aleje de la mediocridad correísta.
Frente a ello, creo que hay que trasgredir esa lógica. Necesitamos una política que no se base en número de firmas, sino que se centre en las ideas y la capacidad de organizar. ¿Qué eso va contra la mediocridad del siglo XXI expresada en la constitución? Sí, y tanto mejor.
Hora GMT: 04/Noviembre/2009 - 05:06
