Desconocimiento, falta de equipos y personal experto, entre otras circunstacias, genera que 4 676 instituciones que se financian con fondos del Estado no cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Lotaip).
Esta legislación que, el próximo 18 de mayo, cumplirá seis años de vigencia y que se aprobó para favorecer a la ciudadanía, reporta aún mínimos porcentajes de cumplimiento
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La Defensoría del Pueblo (DPE) es el organismo estatal encargado de vigilar y controlar que alrededor de 5 000 instituciones transparenten su información. Es decir que den a conocer todo lo que emane o esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas (...) que tengan participación del Estado o sean concesionarios de este, en cualquiera de sus modalidades, según establece el artículo 1 de ese cuerpo legal.
Pero a pesar de estas garantías, Fernando Gutiérrez, defensor del Pueblo, señala que el cumplimiento de la Lotaip es aún muy bajo y que esto ocurre por factores como el desconocimiento, equivocaciones, falta de recursos e infraestructura física e informática.
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