Al aproximarse el cierre de la negociación del TLC, presumiblemente hacia junio, sigue siendo motivo de preocupación del sector empresarial la falta de participación de Congreso en el proceso.
Recién en la séptima ronda de Cartagena se pudo contar, por primera vez, con la participación de un grupo de seis diputados.
Esta actitud contrasta con el interés demostrado por los legisladores de Colombia y el Perú que han venido acompañando la negociación desde el inicio, en un número regular en el orden de la cincuentena y treintena, según cada país.
Y lo curioso es que el seguimiento lo realizan tanto los legisladores que están a favor de TLC como aquellos que están en contra, con la manifiesta intención de estar debidamente informados para contribuir con sus argumentos al correspondiente debate nacional.
En cambio, en nuestro país apenas comienza a manifestarse un discreto interés sobre la materia, aún cuando es perfectamente conocido que, a la postre, le corresponderá a la Legislatura aprobar o improbar el Tratado, de acuerdo a la disposición constitucional pertinente.
Tal desentendido se evidencia en el hecho de que la participación de los diputados en la discusión del tema ha sido prácticamente nula, cuando de modo natural, como actores políticos, le correspondería liderar al proceso destinado a orientar a la sociedad ecuatoriana sobre la conveniencia o no del TLC. Además, su involucramiento es necesario para la toma de conciencia sobre el rol del Congreso en la instrumentación de la denominada agenda interna, esto es, la serie de reformas de carácter institucional y económicas que se requieren para alcanzar una mayor productividad y competitividad en esquemas de apertura comercial. El problema pasa por el cortoplacismo de la agenda parlamentaria cuyos contenidos coyunturales suelen ceñirse a una permanente pugna de intereses y cálculos políticos que impiden compartir visiones de mediano y largo plazo, cuya ejecución demanda la concertación de políticas de Estado entre los poderes públicos, particularmente, entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En medio de esta pugnacidad característica, resulta imposible que los líderes puedan advertir la extraordinaria oportunidad que se le presente al país con la negociación TLC para dar un salto tanto cuantitativo como cualitativo en su desempeño económico que, en última instancia, se traducirá en la reducción de la pobreza y un mayor bienestar de la población.
Tal como se ha manifestado desde la vertiente empresarial, el Tratado debe ser un catalizador para dinamizar los cambios que requiere la estructura productiva y que abarca diversidad de reformas como la aduanera, laboral, previsional y de capacitación, energética e hidrocarburíferas, de acceso al crédito para la reconversión industrial y agrícola, priorizando en paralelo la reforma educativa que el país requiere urgentemente para adaptarse a la revolución informática y tecnológica mundial.
Por lo pronto, el proceso TLC ha sido útil para efectuar el más amplio diagnóstico de la realidad productiva del país de la historia contemporánea, a manera de insumo básico para orientar la negociación, en general, y a la vez definir los mecanismos de protección para los productos más sensibles. Todo este esfuerzo informativo ha sido provechoso para ratificar la ausencia de políticas de Estado en muchos ámbitos, que, por lo demás, con o sin Tratado, deberán ser retomadas y, sobre todo, mantenidas en el tiempo.
Esta es la visión que quisieran compartir los empresarios con una mayoría parlamentaria, sea oficialista o de oposición, que al momento sigue desentendida de estas urgencias.
Presidente del Comité Empresarial para el TLC
Hora GMT: 12/Marzo/2005 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Roberto Aspiazu E. Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Roberto Aspiazu E.
