He recibido un muy decidor opúsculo de la Resolución dictada por el Tribunal Constitucional (TC) antes del asalto legislativo por haber restituido a los diputados destituidos por el TSE. Su contenido es esclarecedor. Su parte resolutiva, además, dispone notificar con dicha resolución a los presidentes del Congreso, Corte Suprema de Justicia, y TSE, al procurador, ministro fiscal y otros para que conozcan y cumplan la presente Resolución que surte efectos inmediatos, conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley de Control Constitucional. El ministro fiscal deberá dictar la instrucción fiscal correspondiente en caso de su incumplimiento. Como sabemos, dicho TC fue decapitado por la dócil mayoría gobiernista al día siguiente, por simple resolución.
Refresquemos la frágil memoria de los ecuatorianos: ¿recuerda usted cuándo se filtró la noticia de que el TC estaba en la mira de los seudo diputados que sustituyeron a los legítimamente electos, aduciendo que la Resolución legislativa de diciembre de 2004 que conformó el tristemente célebre pichi tribunal dispuso que sus vocales serían reemplazados en enero del 2007? Semejante pretensión fue desbaratada cuando se demostró que el Congreso presidido por el Dr. Wilfrido Lucero (2005) dejó sin efecto todas las resoluciones relativas al fugaz pichi tribunal, y dispuso que se inicie el proceso que permita integrar constitucionalmente un nuevo TC.
Desecho ese pretexto tronchista, y aún con cierto pudor, el Dip. Castillo esperaba con ansias la respuesta del procurador del Estado a su consulta acerca de las dizque funciones prorrogadas de los 9 vocales del anterior TC, pues así se evitará caer en la misma práctica política de aprobar resoluciones por revanchismos, según lo declaró el propio Dip. Castillo.
Recuerdo la categórica declaración del Dip. Ramssés Torres, la víspera del descabezamiento del TC, cuando reiteró que todo dependía del criterio del procurador. Tengo la seguridad de que dirá que dichos magistrados están en funciones prorrogadas, sostuvo Torres, para concluir expresando que el Congreso no podía ni pensar en remover al TC con proyectos de resolución que lo desprestigian. Estas aseveraciones fueron olvidadas cuando el Congreso liderado por el bloque de la buseta y el MPD- acomodó el orden del día el 24 de abril, y sin esperar la opinión del procurador, que no llegó nunca, cesó a todo el TC y dispuso que las entidades allí representadas envíen sus ternas al Congreso. Así con los mismos vicios que se critican- se designó un TC a la carta, es decir a satisfacción de Carondelet y del Congreso ad hoc, también a la carta, que funciona con diputados suplentes titularizados gracias a los tapetazos tan en boga. La única que falta ahora es la Corte Suprema de Justicia. El PRE comenzó la tarea para su demolición. Fácil es colegir el final.
El nuevo TC solo se legitimará si todas sus actuaciones son con estricto apego a derecho, y al margen de dogmatismos ideológicos. Veremos qué pasa.
Hora GMT: 11/Junio/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Xavier Neira Menéndez
