Por Juan Falconi Puig

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El interés es la remuneración del capital. Toda obligación de pagar dinero genera intereses, y en el supuesto de la indemnización de perjuicios derivada de obligaciones dinerarias, aquella consiste en el pago de los intereses, según la tasa que corresponda a cada tipo de operación. A través de las últimas décadas, han existido en el Ecuador tasas diferenciadas, y así tenemos, por ejemplo, el interés legal, que se fija de acuerdo con la ley para los casos de falta de estipulación previa; el máximo convencional, que es el más alto que se puede fijar dentro de los límites que al órgano correspondiente compete; el de mora, que se suma a la tasa legal o convencional desde que la obligación es exigible y constituye penalidad por el retardo en el pago, fijado hace muchos años en el de 4% anual máximo, pudiendo estipularse por mora un porcentaje menor.

Hay, además, reglas especiales, como en el caso de la letra de cambio, en la que, según el Código de Comercio, se puede reclamar el 6% desde el vencimiento y, en fin, otras tantas tasas para operaciones en particular con intereses diferenciados.

Tasa activa es la que cobra el sistema financiero, y es esta la que se fija; y, pasiva la que se paga por depósitos como los de ahorros, a plazos, etc.

Cuando la tasa pasiva es muy alta, surge la sospecha de que quien la paga está necesitando liquidez, y el depositante puede correr riesgos para recuperar el capital.

En nuestro sistema, fijaba las tasas la Junta Monetaria de acuerdo con la anterior Ley de Régimen Monetario (art. 87), y por mucho tiempo el máximo convencional estuvo limitado al 12% anual. Actualmente, lo fija el Directorio del Banco Central, de acuerdo con la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de 1992 (codificada el 2006). Esta disposición viene, a su vez, del art. 2109 del Código Civil, que manda a que los intereses se fijen de acuerdo con la ley. Y necesario es tener presente que, cuando se cobra una tasa de interés mayor a la permitida, se comete el delito de usura, tipificado en el art. 583 del Código Penal y sancionado con prisión de seis meses a dos años en el art. 584 del mismo código.

Los banqueros de los fraudes bancarios de 1998 en adelante cobraban intereses usurarios porque agregaban conceptos que, en la práctica, aumentaban la tasa, aunque no necesariamente la llamaban interés.

Y, por supuesto, el interés de mora no lo perdonaban, y hasta se hacían con los bienes de los deudores -que hasta ahora mantienen- tan pronto podían. Y había banqueros, hoy prófugos, reconocidos por esas prácticas inmorales e ilegales que, cínica y paradójicamente, son los mismos que ahora, dizque reconociendo lo que deben al Estado (ni la sexta parte), no quieren pagar los intereses por el dinero que se llevaron a usufructuar e invertir en el exterior y que, aunque mal habido, les ha producido ingentes utilidades. Hay, claro, otra ley: la del embudo, generalmente aceptada en el paisito…