Por José Samaniego Ponce
samaniego@hoy.com.ec
En base a las disposiciones que emitió la Asamblea Constituyente a través del mandato Nº. 2 del 24 de enero de 2008, se reformó la Ley Orgánica de Empresas Públicas que prohíbe a las instituciones estatales realizar aportes a los fondos de Cesantía o Jubilación distintos a los que administra el IESS, es decir aquellos que se habían organizado institucionalmente con aportes personales y patronales de sus empleados. Con estas disposiciones, el Gobierno liquidó de un plumazo los fondos previsionales de decenas de entidades públicas y redujo o eliminó las prestaciones que estaban recibiendo miles de jubilados o pensionistas que prestaron sus servicios para el Estado ecuatoriano, liquidando un mecanismo de ahorro para cesantía o jubilación que surgió en respuesta al fracaso del sistema manejado por el IESS.
Esta decisión también se concretó en el caso de los antiguos empleados del Banco Central del Ecuador, institución sobre la cual el presidente de la República ha tenido una aversión especial, seguramente por razones ideológicas y de cuyos beneficiarios dijo que se trata de 80 jubilados con "pensiones doradas" que se quieren llevar $200 millones
Nada más alejado de la realidad: son 3 300 beneficiarios entre pensionistas, jubilados, huérfanos y viudas, de los cuales el 60% recibían pensiones de menos de $500, 32% inferiores a $1 000 mensuales y tan solo 16 obtenían un beneficio de $2 715 por mes que era el máximo que se pagaba.
Si es que hubo excesos en estas prestaciones había que corregirlas, pero no perjudicar a una mayoría que recibía una pensión por un valor similar al que el propio Gobierno ha definido como canasta básica. El Banco Central del Ecuador ha sido históricamente un ejemplo de institución pública, pionera en áreas económicas, financieras, sociales y culturales, de excelente reputación internacional y en la cual han prestado servicios profesionales de reconocidísimo valor para el país. Basta citar a personas como Germánico Salgado, Pedro Leopoldo Núñez, Guillermo Pérez Chiriboga, Luis Napoleón Dillon, Danilo Carrera, Rodrigo Espinoza, Abelardo Pachano, Mauricio Dávalos, José Corsino Cárdenas, Guillermo Arosemena, Alfonso Arcos, Hernán Crespo, Enrique Larrea, Fernando Sevilla, entre otros. Como estos y muchos otros funcionarios del Banco Central, mi padre fue un ejemplo de dedicación, compromiso y crecimiento profesional dentro de la institución. Empezó de cajero y terminó de gerente general en el último año del Gobierno del presidente Rodrigo Borja. Muy probablemente hubiera estado de acuerdo con la ideología política del Gobierno, pero hubiera defendido con pasión la institucionalidad, la independencia del Banco Central del gobierno de turno y el principio de mantener la estabilidad macroeconómica del país por encima de cualquier otro objetivo.
Y más aún, hubiera defendido, por sobre todas las cosas, los beneficios sociales que los trabajadores del Banco Central lograron conquistar en más de 75 años de labor institucional y a los cuales representó en sus últimos años.
Hora GMT: 11/Noviembre/2009 - 05:13
11/Noviembre/2009 a las 11:55
El autor debe ser exacto en las cifras, puesto que los porcentajes no cuadran. Si se dan los datos correctos, creo que el artículo sería más creíble...
11/Noviembre/2009 a las 12:04
Como todo lo qe se hace con mala fe,ya tendra su resultado,y se refleja en la baja popularidad de este regimen de facto y su pesima manera de conducir este pais, parece cosa de locos,como se escamotea las miseras pensiones en unos casos, de menos valor de la canasta basica,y si es qe hay pensiones "doradas hay una correccion.
Pero vemos como se incrementan mas los ministerios,y demas entes burocraticos,y se cambian los nombres de estos, y ya esta la revolucion echa!!!!
El banco central una institucion noble,atraves de los años,simpre fue de alto nivel, su personal tecnico y acrisolada honradez de sus miembros incuestionable.
Es verdad qe como todo lo humano tiene qe haber tenido sus fallas, pero se valieron en la actualidad, para desprestigiarla, para obtener sus acometidos, eliminar LA AUTOMIA, necesaria como conductora de la politica economica del estado,tal como ahora se ha echo costumbre contra todo lo qe se qiere poseer,adueñarse de estas instituciones,y ahora si, en sus garras hacer y deshacer como les parezca asus antojadizas orientaciones.
11/Noviembre/2009 a las 12:54
Se habla de injusticias, cuando la mayoría de ecuatorianos sean estos niños, ancianos, campesinos, artesanos, informales no tienen ninguna pensión o sueldo seguro, y en muchos casos si no trabajan no comen así sean ancianos, sin importar que son días de descanso, días feriados, peor aún que también necesitan de unas vacaiones o de aquellos que aportaron a la seguridad social por 30, 35, 40 y más años y su jubilación bordea tan solo los 218 dólares, por favor dejemos de quejarnos, una de las razones de la problemática social y económica del país es la mala distribución del ingresos
11/Noviembre/2009 a las 16:15
De eso se trata, de qe se qiere nivelar el nivel de la miseria, qe todos compartamos la injusticia social, cuando debe ser al reves.
Qe TODOS LOS ECUATORIANOS, SIN LIMITES DE EDAD NI SEXO NI RELIGION NI ORIENTACION POLITICA, disfrutar del bienestar, por los esfuerzoz realizados en su vida productiva, con las debidas aportaciones realizadas de su peculio,sin pedir favor ni mendigar a nadie, ni al estado, ni al gobernante de turno, tener una vejez digna, ese es el ideal de todos los ecuatorianos y a nivel mundial.
Pero no husar la demagogia, de QUITARLES A UNOS TODO(SE HAN SUPRIMIDO LAS PENSIONES INSCONTITUCIONALMENTE)para qe sean los nuevos miserables qe engrozen las filas de las qe ya existen, y mendigar un bono....
Tamaña estupidez y mala fe, no creo qe pueda existir, solo delos qe provienen estas aberraciones.....
11/Noviembre/2009 a las 16:15
El verdadero problema es establecer si estamos en un Estado de Derechos o en una Dictadura. El Gobierno actual y sus alzamanos en la Asamblea Nacional, no deben hacer omisión total de los derechos humanos y de los derechos laborales de cientos de ciudadanos ecuatorianos en todo el País, legislando con efecto retroactivo para rebajar pensiones jubilares en unos casos y eliminándolas totalmente en otros. Aquello además de ser una injusticia es una cobardía, porque se atenta contra seres humanos que en su mayoría no pueden defenderse por carecer de medios económicos para hacerlo. Ya han muerto algunos jubilados del Banco Central del Ecuador como resultado de estas decisiones cobardes del gobierno: ¿Quién responde por ello? ¿Correa? ¿Vallejo? ¿Cordero? ¿Los jueces que cobardemente negaron Recursos de Protección porque se sentían presionados "desde arriba"? ¡Todos responderán en su momento! ¡Porque la Justicia Divina no perdona!
¡Viva un Ecuador libre de pensamientos y acciones cobardes de sus gobernantes!
11/Noviembre/2009 a las 17:05
Ciudadano Nelson: Concuerdo con usted, frente a una injusticia no hay que quejarse, hay que reclamar los derechos que corresponden con altura y dignidad. Usted menciona a ecuatorianos que habiendo aportado decenas de años al IESS hoy reciben pensiones de 218 dólares. Precisamente por ello se crearon por Ley las pensiones jubilares patronales, para lo cual también aportaba el empleado un porcentaje de su sueldo, en ocasiones el 3% y hasta el 12% de la remuneración mensual, e inclusive ya jubilado se le continúa descontando el mismo porcentaje para financiar el pago de la pensión. ¿Cómo así entonces se consideraría justo que se suspenda el pago de dicha pensión jubilar después de más de una década?
Usted indica: "Una de las razones de la problemática social y económica del país es la mala distribución del ingreso" y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿alguien cree que tal causa se soluciona quitándole su pensión jubilar a 200 ecuatorianos que la merecieron legalmente, o rebajándole el monto a otros 2000 ecuatorianos? Lamentablemente no hay espacio para mencionar tantas acciones que corresponden al Gobierno hacer bajo un régimen de respeto a los derechos humanos y lograr la ansiada mejor distribución de los ingresos.