Tahuín puso a Fabricio Correa en la lista de los incumplidos

Proyecto Tahuín, la obra incómoda de Fabricio Correa

El 7 de junio de 2001, Codeloro adjudicó la obra a una empresa desconocida: Aplitec S.A., "por considerar que era la mejor oferta..."

A más de 10 kilómetros de la población de Arenillas, en la zona fronteriza de El Oro, se encuentra el proyecto múltiple Tahuín que, por su actual condición de aparente abandono, no demuestra ser lo que realmente es: la obra más ambiciosa de esta provincia por los múltiples beneficios que de ella se esperan desde hace años.

El sector, cercano con el Perú, es árido. Tanto, que se necesita de la ayuda de sistemas de riego artificiales. De Tahuín también se espera generación eléctrica y control de inundaciones. Tanto se ha repetido esto, que ya sus moradores no lo creen demasiado, pese a que ya ve la mayor parte de la estructura física.

La fe desapareció por los constantes ofrecimientos que no se traducían en recursos. Pero en septiembre de 2000, el Gobierno asignó $3 millones para el canal principal. El 1.° de marzo de 2001, el presidente Gustavo Noboa firmó como testigo de honor el convenio para la ejecución de la primera etapa, con fondos del Banco del Estado.

Para comenzar la primera fase, la Corporación para el Desarrollo Regional de El Oro (Codeloro) convocó a un concurso en 2001. Se interesaron siete empresas: Coandes, Colisa, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Equitesa, entre otras. Pero el 7 de junio se adjudicó a una empresa no muy conocida: Aplitec S.A., “por considerar que era la mejor oferta para los intereses institucionales y del Estado”.

La empresa pertenece a Fabricio Correa Delgado, en ese momento un joven ingeniero que conocía desde su juventud a Noboa, quien reunía a un grupo de colegiales en su casa para analizar la Biblia. La relación fue cercana, al punto que Noboa aparecía como presidente de Aplitec antes de que decida intervenir en política.

El 5 de octubre de 2001, Aplitec recibió un anticipo de $1 115 728 para iniciar la obra. Siete años después, Tahuín aún no opera. El contrato llegó a los tribunales y en Arenillas siguen a la espera de la obra. Nadie sabe hasta cuando. (MPH)


Presidencia de la República pidió explicaciones por la rescisión unilateral del contrato

Codeloro concedió tres prórrogas justificadas por un paro provincial, el invierno y la demora en la expropiación de algunos terrenos; fiscalización señaló que hubo deficiencias

Los trabajos tuvieron problemas desde el inicio. Uno de ellos, el transporte de material como el ripio se lo tuvo que realizar desde una cantera lejana. Aquello provocó las primeras solicitudes de ampliación del plazo, que en principio era de ocho meses.

Codeloro concedió tres prórrogas, justificadas por un paro provincial, el invierno y la demora en la expropiación de algunos terrenos. Para el contratista, esta última razón fue una de las causas del retraso. Otra fue el cambio de los planos durante el desarrollo de la obra. “Eso fue determinante”, dijo Fabricio Correa. “Nosotros avanzamos por nuestra cuenta y riesgo porque entrábamos a terrenos que aún no eran de Codeloro y lo puedo demostrar con certificados del Registro de la Propiedad de Arenillas”, dijo en relación a la falta de expropiación de tierras.

Sobre los planos, asegura que estos fueron cambiados durante la ejecución de la obra: “Tan es así que he pedido a Codeloro que presente los planos y no lo hace, porque sabe que tengo razón”.

El 4 de septiembre de 2002, el informe de fiscalización señalaba que el avance representaba $173 973 en 10 meses, con una muy baja capacidad de trabajo. En resumen, determina que hubo insuficientes obreros y equipos, retraso en el suministro de materiales y un capital operativo deficiente.

El 13 de septiembre de 2002, el director ejecutivo de Codeloro, Gonzalo Cobo, notificó a la representante legal de Aplitec, Marcela Minchala, la intención de romper unilateralmente el contrato. Esto repercutió en las altas esferas del Gobierno: la subsecretaria jurídica de la Presidencia, Aracelli Torres, envió un oficio a Cobo, pidiendo explicaciones: “Hasta entonces sírvase abstenerse de adoptar cualquier resolución sobre el contrato”, reza la carta.

En ese momento, la tesis de Correa era que el director ejecutivo no tenía competencia para rescindir el contrato, sino el Directorio de Codeloro. Así, el 28 de octubre de 2002, el presidente Gustavo Noboa emitió un decreto ampliando las atribuciones del Directorio y lo señalaba como la máxima autoridad para terminar unilateralmente los contratos.

“A esas alturas los representantes del organismo no hacían caso a nadie... Teníamos un pronunciamiento del procurador del Guayas, Sócrates Vera, que ordenaba a Codeloro extender un contrato complementario para continuar la obra, pero no lo acataron”, relató Correa.

La notificación formal a Aplitec de la culminación de la relación contractual se dio el 5 de noviembre de 2002. (MPH)


La tensión se apodera de ex Codeloro

El jefe de relaciones Públicas, que cuestionó el caso, fue "desterrado" a Arenillas

Codeloro como tal ya no existe. Desde el año pasado cambió de nombre, ahora se llama Instituto Nacional de Riego (INAR) y funciona en el mismo edificio que ocupaba el anterior organismo, en Machala.

El ambiente que se siente allí es tenso: empleados de carrera que emitieron informes desfavorables a la empresa contratista ahora temen hablar del caso. Y han ocurrido movimientos internos: Aldo Valarezo, jefe de Relaciones Públicas, publicó en 2004 el libro titulado Tahuín, en el ojo de la tormenta, que resume el caso y es crítico con
Aplitec y su presidente, Fabricio Correa. Hace tres semanas, el funcionario recibió una notificación que decide su traslado hasta la represa Tahuín, para ejercer el cargo en ese árido lugar.

La decisión vino del flamante director del INAR, Byron Moya, quien, en 2001, fue gerente regional del Banco del Estado, sucursal Guayaquil, oficina que entregó el crédito para el contrato entre Codeloro y Aplitec. Ahora él descarta que se trate de una retaliación y argumenta que no sabe de la existencia del libro escrito por Valarezo.

Pero Moya también participó de una reunión para buscar una solución entre las partes. De las conclusiones de ese encuentro, propiciado por el Banco del Estado y efectuado el 30 de mayo de 2002, se puede leer “que Codeloro se compromete a determinar las obras adicionales y atender el asunto legal ocasionado por el cambio de planos”. Esta es la tesis que mantiene la compañía Aplitec.

Ahora Moya anuncia para el 6 de septiembre el lanzamiento oficial de la nueva institución, el INAR. Entre los objetivos del naciente organismo, aparece un viejo ofrecimiento: concluir y poner a operar la represa de Tahuín. (MPH/VG)


Amparos bloquean la ejecución de las garantías

Pocos días después del triunfo de Rafael Correa, el ex procurador, José María Borja, dio aval para el arbitraje

Luego de haber pedido Aplitec reconsideraciones y de habérselas negado Codeloro, el asunto llegó a los tribunales.

Entonces la empresa presentó recursos de amparo para frenar la resolución que rescindía el contrato. No le fue bien. Uno de los conjueces que le negó tal posibilidad fue el actual procurador general del Estado, Diego García Carrión.

En todo caso, los amparos bloquearon el cobro de las garantías que pretendía Codeloro. Por esa época, la Contraloría incluyó a Aplitec en la lista de contratistas incumplidos con el Estado, situación que se mantiene en la actualidad, según certificó el secretario general del organismo, Nelson Montenegro.

El 5 de febrero de 2003, Aplitec demandó a Codeloro ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. Exigía que se declare la terminación del contrato por causas imputables al organismo y que se lo condene a pagar una indemnización por perjuicios.

En el desarrollo del proceso -que actualmente lleva 14 cuerpos- Aplitec planteó recurrir a un arbitraje independiente de la Corte para resolver las controversias. Esto fue avalado por representantes ministeriales ante el Directorio de Codeloro, pero no fue tramitado por los directivos de la institución.

Pero el 20 de octubre de 2006, el caso dio un giro: el entonces director ejecutivo de Codeloro, Marco Ortiz Aguilar, elevó una consulta al procurador general del Estado respecto a si procedía o no el arbitraje solicitado por la empresa de Fabricio Correa. Cinco días antes, el 15 de octubre, su hermano Rafael Correa Delgado había entrado a la segunda vuelta electoral detrás de Álvaro Noboa.

El ex procurador José María Borja se tomó su tiempo para responder. Lo hizo el 5 de diciembre de 2006 y argumentó “que el arbitraje procede”. Días antes, el 26 de noviembre, Rafael Correa aplastó en las urnas a Noboa y ya era el presidente electo del Ecuador.

Sin embargo, el juicio en la Corte de Justicia de Guayaquil continuó un tiempo más. Recién el 28 de septiembre de 2007, el Directorio de Codeloro, presidido por Víctor Hugo Armijos, aceptó el arbitraje.

Desde entonces, Marcela Minchala, a nombre de Aplitec, ha presentado varios escritos en el Tribunal Contencioso de Guayaquil, solicitando el archivo del proceso; el último fue a fines de julio de 2008. La petición no se despachaba porque la sala competente para resolver no estaba integrada en su totalidad. Ahora lo está y su pronunciamiento es cuestión de días. Luego, el caso pasará a conocimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. (MPH)

Fabricio Correa: "me pidieron el 10% de coima"

Hermano del presidente dice que no ha sacado provecho de este caso y hace acusaciones

Fabricio Correa vive a ritmo acelerado. En su oficina, ubicada en el edificio Finansur, en pleno centro de Guayaquil, las reuniones son constantes. Allí se destaca en fotografías que ha realizado obras para contratistas de Interagua y hasta para Álvaro Noboa, en cuya hacienda, Clementina, levantó una estación de drenaje.

Pero su compañía Aplitec S.A. continúa en la lista de contratistas incumplidos de la Contraloría General del Estado. “He pedido dos veces en este Gobierno -el de mi hermano- que me saquen de allí. Pero hasta la fecha lo hacen. Sigo en la lista”, contó.

Asimismo, descarta que haya sacado provecho en este caso desde que Rafael Correa es presidente. “Qué provecho voy a sacar si uno de los que me causó un terrible daño, Édgar Ocampo, continuó seis o siete meses como director ejecutivo de Codeloro en el Gobierno de mi hermano”, dijo.

Correa seguirá adelante con el arbitraje en la Cámara de Comercio de Guayaquil. “Me causaron un grave daño. Tuve que hipotecar los patios de mi empresa, que ya fueron embargados por el banco, y maquinaria. Para seguir con los trabajos en Tahuín hice un préstamo al banco y la obra quedó con un avance del 84%.

Faltando seis semanas para concluirla, me sacan ilegalmente del contrato”, comentó. Todo obedecía, según él, a que le pidieron el 10% del monto recibido como coima. “Édgar Ocampo me dijo que necesitaba para repartir e involucró a un poco de gente: que a Cobo, a Julio Molina, a Gustavo González -yerno de Gustavo Noboa-, al alcalde Falquez, al prefecto Sánchez… en fin, imagínese, Molina y González, que son mis amigos, involucrados por esta gente”, aseguró.

Correa exige una indemnización de daños y perjuicios, “pero el monto es reservado”, aunque advierte que sus pérdidas son millonarias. El Estado tendrá que pagar, pero espera que sea con derecho de repetición, para que los funcionarios responsables también respondan. Todo esto dice que lo realizará como un ciudadano común, que defiende sus derechos. “No me voy a quedar ahí.

Los culpables deben ir presos”. La Fiscalía en El Oro ya realiza una indagación previa. (MPH)


Obra con medio siglo de retrasos e incumplimientos

Solo el canal principal está listo, en cambio las otras fases del proyecto solo cuentan con los estudios

La historia del proyecto múltiple Tahuín arranca desde 1955, cuando el antiguo Inerhi (Instituto Nacional de Energía y Recursos Hidráulicos) construyó el primer sistema de riego en la margen izquierda del río Arenillas y que sirvió a 2 500 hectáreas de tierra.

Luego se pensó en un proyecto más ambicioso, con la construcción de una presa para regular las aguas del río. En 1975 se realizaron los estudios de factibilidad y en 1976 el diseño definitivo. Un año después se inició la construcción de la presa por administración directa del Inerhi, pero los trabajos físicos de esta primera fase del proyecto concluyeron al cabo de 11 años, debido al desfinanciamiento.

En 1994 se creó Codeloro y se hizo cargo de la represa. En 1995, el organismo contrató la construcción del canal principal, pero, por retrasos en la transferencia de recursos, el contrato concluyó sin avances en la obra.

La construcción de ese mismo canal principal se contrató con la empresa Aplitec S.A. en 2001. Para ello existían fondos aprobados por $3 080 000, financiados a través del Banco del Estado, el cual, a su vez, recibió aportes de la Corporación Andina de Fomento, como parte de los fondos de la firma de los acuerdos de paz con el Perú.

Actualmente, el canal principal está concluido, pero aún falta mucho para que el proyecto Tahuín cumpla sus objetivos en la zona.

El proyecto múltiple Tahuín comprende control de inundaciones, riego para 8 000 hectáreas de terreno, agua potable para Arenillas, Huaquillas y el norte del Perú, generación hidroeléctrica, manejo ambiental y ecoturismo.

Lo primero funciona llenando el embalse, lo que evita las inundaciones. La segunda etapa funciona a medias, con un sistema de riego antiguo que no cubre las expectativas. En todo caso, el canal principal está listo.

En el caso de los proyectos de agua potable e hidroeléctricos apenas están listos los estudios definitivos. Tampoco se ve avances en el manejo ambiental y ecoturístico. (MPH)

PUNTO DE VISTA


Más de 50 años de sequía e inundación

El proyecto de riego Tahuín, una obra de gran importancia para los habitantes de la provincia de El Oro, se ha convertido en un lío legal para Fabricio Correa, el hermano del presidente Rafael Correa.

La ejecución de la obra fue adjudicada a la empresa Aplitec -el presidente es Fabricio Correa- hace siete años y hasta el momento no entra en operación en su totalidad.

Pese al incumplimiento el presidente de la empresa reclama una indemnización al Estado por daños y perjuicios, ya que asegura que faltando apenas el 16% de la obra fue sacado "ilegalmente del contrato" como represalia a que le pidieron el 10% de coima para ser repartido a varias personas, entre ellos un alcalde y un prefecto.

Los rumores de que en los gobiernos se pide coima a los contratistas para la adjudicación de obras del Estado no causan asombro. Sin embargo, son pocos los que se atreven a denunciarlo como lo ha hecho el hermano del presidente.

La Secretaría Nacional Anticorrupción -adscrita a la Presidencia- y otros organismo legales deberían investigar esta denuncia dejando de lado los intereses del hermano del mandatario.

Además, las autoridades deberían actuar con celeridad e independencia para buscar una salida a la batalla legal entre Aplitec y la ex Codeloro para que se culmine la obra y los orenses no tengan que seguir padeciendo los problemas de las sequías e inundaciones que desde hace 53 años esperan que desaparezcan.

Promesa que se repite con el lanzamiento del Instituto Nacional de Riego (INAR) que reemplazará a Codeloro y que entrará en funcionamiento el 6 de septiembre en medio de un ambiente tenso por supuestas retaliaciones a empleados que emitieron informes desfavorables a la empresa contratista. Es momento de una solución, no de actos de maquillaje con cambios de nombres. (MEC) (Blanco y Negro)

Hora GMT: 11/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito