Solo AP aprobó el informe

Con seis votos del oficialismo y discrepancias internas pasó el informe que irá a primer debate. La oposición estuvo ausente.



Cerca del medio día de ayer, los asambleístas de AP: Betty Carrillo, Mauro Andino, María Augusta Calle, Angel Vilema, Emilia Jaramillo, suplente de Humberto Alvarado, y Verónica Baranzelli, alterna de Rolando Panchana, aprobaron el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.

Los ausentes a la votación fueron los asambleístas de la oposición: Fausto Cobo, César Montúfar, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri y Lourdes Tibán.

En este proceso cada uno de los asambleístas de AP emitió su voto dando una explicación, en la que se observó una aparente inconformidad al interior del oficialismo acerca del informe.

El asambleísta Vilema, por ejemplo, dijo que el texto que irá al pleno es un borrador, pero inmediatamente Andino le aclaró que ya se trataba del informe y no de tan solo de un borrador.

Por otro lado, cuando fue el turno de María Augusta Calle, dijo que su voto era a favor, porque el país necesita un proyecto de comunicación, pero enfatizó que espera que el segundo informe sea mejor.

Y agregó: "me apena señora presidenta (refiriéndose a Carrillo) que los aportes que entregué, más de 47 artículos no hayan sido incluidos. Debo decir de forma abierta, que mis colegas tienen derecho a reclamarme por no haber puesto la voz de los comunicadores sociales".

Ante esta aseveración, Carrillo dijo que Calle nunca presentó dichos artículos y que en ningún momento se le ha coartado la libertad de expresión. Estas declaraciones las dio a algunos medios de comunicación, cuando Calle ya se retiró de la comisión.

"A ella no se le ha quitado la posibilidad de incorporar sus artículos, lamento mucho sus declaraciones", aseveró.

Mientras tanto, Vilema comentó a un grupo de periodistas, que en el segundo debate se pueden modificar tres temas: "las sanciones, ninguna persona puede ser sancionada por el mismo delito, el informe de la auditoría de frecuencias, el cual no es vinculante, pero si el de la Contraloría y el tema de la profesionalización".

Con respecto a este último, en el informe que se aprobó se destaca que el Estado debe propiciar la profesionalización de la comunicación social. Sin embargo, Vilema afirmó que, a su juicio, "solo los directores deben ser los profesionales".

Luego de la votación, Carrillo como titular de la comisión se dirigió a la Secretaría General de la Asamblea para entregar el informe.

El documento consta de 104 artículos con seis títulos: Entre los principios que contiene el informe dice que el ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos.

Así también se menciona que en época electoral se prohíbe la publicidad o propaganda estatal desde la convocatoria a elecciones hasta la proclamación de los resultados de estas, salvo el caso de desastres naturales, eventos graves, conmoción pública o cualquier otra calamidad de grado importante. (MING)

Algunos contenidos de la Ley

Responsabilidad ulterior

El ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos.

Imparcialidad.- El Estado será imparcial frente a cualquier contenido o forma de expresión social o cultural. No podrá establecer ningún referente para el pensamiento y opinión de las personas.

Transparencia pública

Cualquier información que emane o se encuentre en poder de las entidades del sector público o entidades privadas que tengan o administren fondos del Estado, sean concesionarias, o presten servicios públicos, se someterán a los principios de transparencia. Este principio se exceptúa en los casos en que se clasifica la información como confidencial, reservada, secreta y secretísima de acuerdo a la legislación vigente.

Derecho a la rectificación

Toda persona afectada por información sin indicio alguno, inexacta, incontrastada y que agravie su honra, publicada a través de un medio de comunicación tiene derecho a la rectificación correspondiente en forma fundamentada, obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso y con las mismas características. El plazo para la rectificación o réplica será de 48 horas laborables contabilizadas a partir de la solicitud

Consejo de Comunicación

Este consejo, con sede en la capital, estará integrado por un delegado del Ministro/a de Educación, un delegado del Ministro/a de Cultura, un representante de las Facultades o Escuelas de Comunicación Social reconocidas por el organismo competente, elegido por el Consejo Nacional Electoral. Tres Representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Durarán cuatro años en sus funciones.

Marcha contra la Ley de Comunicación

Un grupo de periodistas de Guayaquil instituyó la Asociación de Comunicadores Sociales, Periodistas Profesionales y afines del Ecuador (Asocope) para marchar en rechazo al proyecto de Ley de Comunicación que pretende aprobar la Asamblea Nacional.

La manifestación de corte pacífico se desarrollará mañana, a las 09:00. Esta partirá desde el parque Centenario y c culminar en el despacho del gobernador del Guayas, Roberto Cuero.

Según el reportero de la estación Teleradio Noticias, Franklin Morán, "la idea es expresar a las autoridades gubernamentales la inconformidad de los articulados que nos dejarían sin voz ni pensamiento". "La ciudadanía tiene derecho a ser informada con veracidad", expresó.

La acción permitirá la suma de ciudadanos que quieran expresar sus ideas, ya que el proyecto de Ley atenta contra la libertad de expresión y otros derechos humanos consagrados en la Constitución Política, argumentó el periodista Douglas Alarcón.

"Reporteros, locutores, redactores, camarógrafos, todos quienes alienten el libre ejercicio del periodista serán bienvenidos", afirmó, y acotó que no se aceptará el respaldo de políticos, empresarios o dirigentes barriales.

Los periodistas portarán pancartas y afiches relacionados con la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. (APC)

Fundamedios critica trámite de la ley

Como una bofetada que bajo una fachada democrática dio paso a las más rancias prácticas de la partidocracia, calificó César Ricaurte, director de Fundamedios, a la forma cómo el movimiento gobiernista Alianza País (AP), a través de la Comisión Ocasional de Comunicación (COC), construyó el texto del Proyecto de Ley de Comunicación.

Ricaurte destacó hechos como la desaparición de los asambleístas titulares de la COC, entre ellos de su presidenta Betty Carrillo, para la reconsideración del artículo sobre responsabilidad ulterior. Este había aprobado en consenso con la oposición. "Ese fue el primer Panchanazo", dijo, pues el oficialista Rolando Panchana, autoproclamado como autor del proyecto de ley, acudió a la comisión para imponer dicha reconsideración. Esa misma noche, en una sesión improvisada, a la que no asistió la oposición, AP, Pachakutik y el ADE, aprobaron 30 artículos de un plumazo.

El lunes anterior, Carrillo reapareció y sorprendió a los miembros de la Comisión con un proyecto pre-elaborado de 109 artículos, cuya procedencia no ha explicado, pese a lo cual fue aprobado. "Estamos ante las prácticas y triquiñuelas que se practicaban con tanto entusiasmo en los viejos congresos", sostuvo Ricaurte.

El analista consideró que lo importante es alertar a la opinión pública de que los "panchanazos son atentados a la razón", pues el proyecto aprobado contiene violaciones a derechos ciudadanos y a los estándares internacionales.

Mencionó el tema de la profesionalización forzosa, es decir la exigencia de un título a quienes trabajen en ciertas áreas de los medios de comunicación que, según el experto, supondría un retroceso de casi 30 años en libertad de expresión y en derechos humanos. Otros temas que cuestiona es el registro obligatorio de medios, la conformación del Consejo Nacional y las sanciones extremas.

Sin embargo, aseguró que si la ley se aprueba como está fracasará, debido al sinnúmero de violaciones legales, que motivarían demandas. (MEVO)