Por Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec
Hemos venido insistiendo en la necesidad de que las leyes, antes de su aprobación, sean debatidas públicamente en la forma más amplia. Con la participación de los sectores interesados, por supuesto, pero además de los especialistas en las distintas materias legales. Es indispensable que las leyes sean la respuesta adecuada para las necesidades nacionales que se quieren atender, pero también lo es que sean redactadas con una aceptable calidad jurídica.
Si siempre debería procederse con tal metodología, con mayor razón en las actuales circunstancias. En primer lugar, por la trascendencia que tienen las leyes que se han expedido últimamente y las que se expedirán en las próximas semanas en cumplimiento de normas constitucionales; y, en segundo lugar, porque el trámite de aprobación de las leyes tiene ahora nuevas reglas, cuya conveniencia es muy discutible. En efecto, el análisis en detalle se ha relegado a las comisiones legislativas y la Asamblea se limitar a votar apuradamente por la ley en paquete.
Frente a estas inquietudes, se contesta siempre de la misma manera: el proyecto de ley, cualquiera que esta sea, ha sido socializado en numerosos foros, que han tenido lugar en los cuatro costados del país. No dudo de que efectivamente los foros se hayan realizado, pero ¿será suficiente esta llamada socialización?
Por lo que hemos visto hasta ahora, es decir, por los resultados producidos, la respuesta es negativa. En efecto, los proyectos, después de pasar por tales consultas, han mantenido su estructura y contenido originales, tal cual salieron de los despachos oficiales. Y si alguna observación contraria fue formulada, finalmente no se la tomó en cuenta.
La explicación es muy sencilla: los dichosos foros se integran, mayoritaria o exclusivamente, con personas allegadas al Gobierno o integrantes de su movimiento político. Se trata, entonces, de personas que comparten el pensamiento oficial y apoyan plenamente sus propuestas legislativas. Casi es imposible que en ellos se produzcan discrepancias, salvo, tal vez, en cuestiones muy puntuales. Así, el proyecto continúa el trámite previsto y es aprobado, con rarísimas excepciones, tal como se lo remitió a la Asamblea. Lamentablemente, los defectos, de fondo y de forma, que originariamente se pudieron detectar en los proyectos, no se corrigen y, por eso, las leyes que han entrado en vigencia han provocado serios problemas de aplicación.
Si se quiere realmente socializar las leyes, hay que proceder con mentalidad abierta, con criterios más amplios, contando con una variada participación. Las leyes no son para un partido político, ni siquiera para un Gobierno. Leyes, como las de Control Constitucional, de Educación Superior, de Descentralización Territorial, de Justicia Militar o Policial, o cualquier otra de las previstas en la primera disposición transitoria de la Constitución, son para el país, para la sociedad en su conjunto, más allá de un período presidencial. No deben formularse con dedicatorias ni exclusiones. De lo contrario, y sus patrocinadores no deben hacerse ilusiones, tales leyes tendrán una corta vida.
Hora GMT: 13/Septiembre/2009 - 05:12
