La Asamblea Constituyente aprobó el capítulo relativo a la Soberanía Económica, donde hemos encontrado algunas falencias y omisiones, expuestas a continuación y que indican su tendencia ideológica. En el artículo 1 se ha eliminado el término "mercado" que consta en la Constitución de 1998, con lo que me viene a la memoria un pasaje anecdótico de la historia latinoamericana, en la cual un dictador ordenó a sus asesores que le preparen un proyecto de decreto supremo para eliminar la ley de la oferta y la demanda que tantos problemas le traía en su administración. Asimismo, se menciona el concepto de "el buen vivir" que no se encuentra definido y que, por lo tanto, puede dar lugar a diversas interpretaciones, además de que se da prevalencia a la economía pública frente a la privada, lo cual nos confirma la orientación hacia el estatismo de estas reformas.
Por otro lado, se promoverá la distribución de los "beneficios generados socialmente"; y en el artículo 2 donde se habla de "los límites biofísicos de la naturaleza", lo cual nuevamente nos genera una interrogante sobre el alcance de estos conceptos.
Sobre el Presupuesto del Estado se descarta el informe del Banco Central, con lo cual se confirma la eliminación de su autonomía, cuando es fundamental mantener un ente técnico, independiente del Gobierno de turno, que fue la base del prestigio del que gozó desde su creación y que inclusive ha evitado el maquillaje de sus estadísticas. En cuanto al Régimen Tributario, no se mencionan los incentivos para la inversión y el ahorro, pilares para el crecimiento económico y eliminación de la pobreza y que sí constan en la Constitución de 1998. En política monetaria, en el artículo 25 no se hace mención alguna a la moneda que regirá en el territorio nacional, con lo cual se deja la puerta abierta para reemplazar al dólar. En política comercial, se da prioridad a la integración con los países de América Latina, sin tomar en cuenta que estos son competidores del Ecuador con los cuales se tiene un déficit de $2 600 millones en 2007, y no se menciona a los Estados Unidos y Europa con los cuales el país tiene un superávit de $3 700 millones.
En el artículo 30 se indica que habrá otras entidades de control, lo que significa que no será suficiente la Superintendencia de Bancos y los 41 Ministerios, lo cual redundará en un aumento de la burocracia y del gasto corriente. A pesar del bien ganado prestigio del Estado como pésimo administrador, en el artículo 36 se establece que el Estado administrará los sectores estratégicos, con lo cual además se desincentiva la inversión y consiguientemente la tecnología y el capital con la que viene asociada. Igualmente, se elimina el sistema de concesión que sí ha dado buenos resultados, como se puede apreciar en el sistema vial.
Finalmente, es inaceptable la eliminación del capítulo de la inversión (artículo 271 de la Constitución del 98), por el cual el Estado garantiza a la inversión y le concede seguridades jurídicas. En conclusión, consideramos que el proyecto adolece de errores y omisiones por los que no merece el apoyo popular.
Hora GMT: 01/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Estuardo Salazar Caldas
