Mientras se discute el marco legal para desarrollar el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), dos de las tres compañías a las que ha dado viabilidad Petroecuador no son estatales y no podrían formar parte del consorcio que aspira tener el bloque mediante una alianza estratégica.
Tanto Petrobras como Sinopec son empresas de capital mixto. Las acciones de la primera se cotizan en las Bolsas de São Paulo y de Nueva York, y varias de ellas son propiedad de entes financieros de los Estados Unidos. El Estado Federal tiene apenas el 32,2% de las acciones.
Sinopec, compañía petrolera y química, está registrada como empresa pública. Se constituyó el 22 de febrero de 2000. El 71,2% de las acciones pertenece al Estado a través del grupo Sinopec; el 6,2% está en manos de bancos locales y fondos de inversión; el 19,3%, de acciones tipo H de libre circulación; y el 3,3% corresponde a inversionistas locales.
La tercera, ENAP de Chile, es la única estatal, fundada en junio de 1950, pero antes de que sea petrolera es una empresa minera dedicada a la producción, en gran escala, de oro, plata, cobre, hierro, salitre y carbón.
En el marco del convenio de confidencialidad, las tres compañías pagaron a Petroecuador $20 mil y ya recibieron el estudio sobre los aspectos técnicos y económicos del ITT elaborados por Beicip-Franlab entre 2003 y 2004, análisis que le costó al Estado ecuatoriano más de $1,4 millones. Esto sucedió antes de la reunión del Directorio del 30 de marzo anterior y de la firma del memorando de entendimiento realizado con Petrobras.
Petroecuador facilitó el camino a partir del 15 de marzo, cuando el Consejo de Administración (con la oposición de dos de los cinco miembros) aprobó la resolución que autoriza al presidente ejecutivo, Carlos Pareja, suscribir el convenio de confidencialidad para la entrega de la información del bloque.
Pareja firmó el convenio con Sinopec en la mañana del domingo 18 de marzo y viajó a Chile para hacerlo con ENAP dos días después, el 20 de ese mes. (TH)
Acosta cree que los límites para el ITT están en la ley
La Procuraduría del Estado, en 2004, dijo que no se puede explotar un yacimiento con una alianza
Para el ministro de Energía, Alberto Acosta, el problema de fondo para el desarrollo del proyecto ITT no es si las empresas apoyadas por Petroecuador son o no estatales, sino el marco legal.
Abogados consultados que piden la reserva, explican que primero debe respetarse la facultad de ese ministerio de realizar la planificación integral del proyecto; y que el esquema de la alianza estratégica, bajo la modalidad distinta a la de un contrato de servicios específicos, carece de un sustento legal.
La Procuraduría del Estado emitió ya un informe en el que dice que no es aplicable la alianza estratégica para la exploración y explotación de hidrocarburos.
El artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos dice que Petroecuador debe promover para la exploración y explotación de yacimientos la concurrencia del mayor número de ofertas; mientras que la adjudicación de los contratos se realizará mediante un sistema especial de licitación. Los contratos específicos permiten a las personas jurídicas ejecutar para Petroecuador obras, trabajos o servicios aportando tecnología, capital y equipos.
El artículo 10 de la Ley Especial de Petroecuador señala que los sistemas de contratación deben sujetarse a la Ley de Hidrocarburos y a los reglamentos que para el efecto dictare el presidente de la República. (TH)
Hora GMT: 09/Abril/2007 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
