Agitada situación social en Perú
Lima. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, y los representantes de las comunidades campesinas de la región sureña de Apurímac alcanzaron ayer un acuerdo para que se suspendan las protestas. Ahora solo le queda al régimen terminar con otra protesta en la ciudad de La Oroya (centro) para exigir al Gobierno que solucione la crisis financiera de la empresa estadounidense Doe Run.
Representantes de los comuneros sureños aceptaron un acuerdo planteado por Simon y decidieron firmar un acta de 32 puntos que suspende la protesta hasta septiembre próximo, a la espera de que el Gobierno cumpla con su compromiso de construir una carretera entre Abancay, la capital de Apurímac, y la vecina región de Ayacucho.
Centenares de campesinos habían paralizado dos ciudades sureñas y bloquearon un aeropuerto en demanda de subsidios agrícolas y mejoras en vías.
"Es una jornada histórica porque por primera vez los propios comuneros han dado a conocer sus necesidades, su olvido histórico", declaró Simon.
El primer ministro precisó que los acuerdos contemplan la construcción de carreteras, que ya cuentan con un presupuesto, así como aspectos vinculados a la agricultura, entre otros temas.
También se acordó conformar una comisión "de largo plazo" para responder a las peticiones de los manifestantes, que iniciaron su protesta hace dos semanas, en demanda de la derogatoria de la Ley de Aguas y de la Ley del Magisterio, y en rechazo a las concesiones mineras. La Ley de Aguas declara este recurso como patrimonio de la nación, pero sus detractores consideran que puede desembocar en la privatización.
La Ley del Magisterio, por su parte, pretende elevar el nivel de profesionalización de los maestros estatales a través de exámenes para acceder a una plaza, algo rechazado por el sindicato de los profesores.
Mientras tanto, una huelga de más de 3 000 trabajadores de la minera estadounidense Doe Run, iniciada el lunes pasado. Simon viajará hoy a esa región central par aplicar la misma estrategia de diálogo utilizada con los comuneros del sur.
El agitado ambiente social se produjo tras la crisis política que concluyó la semana pasada, cuando el Gobierno de Alan García se vio obligado a retroceder y a derogar dos leyes, que fueron resistidas por los indígenas amazónicos en violentas protestas que desencadenaron enfrentamientos que dejaron 34 muertos.
El Gobierno autorizó ayer a las Fuerzas Armadas a intervenir en tres regiones del país, mientras el primer ministro Yehude Simon iniciaba el diálogo con los huelguistas.
El Congreso peruano interpelará esta semana a Simon y a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por los sucesos en Bagua del 8 de junio pasado, que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos. (EFE-AFP)
Hora GMT: 24/Junio/2009 - 05:08
