La nueva ley crea la consulta popular vinculante, es decir que lo que decida el pueblo debe ser acatado
Con 82 votos, la Asamblea aprobó ayer la Ley de Participación Ciudadana, la segunda de las 11 urgentes que dispone la Constitución.
Este cuerpo jurídico regulará el funcionamiento del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, también llamado Quinto Poder.
En lo fundamental, la Ley busca garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones. Para cumplir ese propósito, desarrolla cuatro mecanismos: la silla vacía, la consulta previa obligatoria, la consulta popular vinculante y la revocatoria del mandato.
La figura de la silla vacía fue establecida en la Carta Magna, como un mecanismo para garantizar la participación de los representantes de la sociedad civil en la toma de decisiones en los municipios y consejos provinciales.
Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, única presidida por la oposición, destacó el hecho de que quien ocupe ese espacio tendrá voz y voto. Pero, Jorge Escala (MPD), advirtió que el proyecto de Ley tiene una trampa.
"La Constitución establece que quien ocupe la silla vacía tendrá poder de decisión pero, el artículo 77 de la misma ley dice que si el voto de la silla vacía se contrapone al de la mayoría, solo tendrá derecho a voz. Es decir le quitan el poder de decisión", enfatizó Escala.
Además, indicó que quienes ocupen ese espacio serán elegidos en asambleas locales o audiencias públicas, por lo cual podrían ser sujetos de presiones o sobornos, por parte de los grupos que requieran su voto para la toma de decisiones en los organismos seccionales. Por eso, Escala defendió la decisión del bloque MPD-PK de votar por la no aprobación de la ley.
En cuanto a la consulta previa obligatoria, creada exclusivamente para las comunidades y nacionalidades indígenas, asentadas en sitios donde se podría extraer recursos naturales no renovables (petróleo y minas), Morales indicó que, aunque la Asamblea no le otorgó el carácter de vinculante, al ser obligatoria, espera que el Gobierno no actúe en contra de la voluntad del pueblo.
Diana Atamaint (PK), quien también votó en contra, advierte que, al no ser vinculante la consulta previa, se les niega a las comunidades el derecho a participar de la toma de decisiones.
La Asamblea también aprobó la consulta popular vinculante, mecanismo que, según Enrique Herrería (MDG) se puede aplicar a cualquier tema que le interese al Gobierno. Pero aclaró que, en el caso de explotación en zonas intangibles, como el del Yasuní-ITT, el Ejecutivo debe pedir autorización a la Asamblea y esta es la que llama a consulta, cuyo resultado es de cumplimiento obligatorio. (GM)
Nueva Ley regula la revocatoria del mandato
Otro mecanismo que pretende garantizar la participación ciudadana es la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, un derecho planteado en la Constitución.
Según la Ley aprobada, la solicitud se puede presentar después de que la autoridad haya cumplido su primer año de gestión y deberá contar con el respaldo mínimo del 10% del padrón electoral. Este requisito sube al 15% si se trata de la revocatoria al presidente de la República.
La solicitud se debe presentar al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que en 15 días debe determinar si procede o no. De cumplir con los requisitos mencionados, el organismo electoral tendrá siete días para convocar a la consulta de revocatoria del mandato, sufragio que deberá realizarse máximo en los 60 días siguientes. La revocatoria del mandato deberá aprobarse con la mayoría absoluta de los votos válidos (50% más uno). Solo en el caso del jefe de Estado se requerirá la mayoría absoluta de los votantes. (GM)
Hora GMT: 03/Febrero/2010 - 05:10
03/Febrero/2010 a las 08:56
No tiene sentido llorar por la leche derramada. Por eso, luego de haber aprobado la constitución de Montecristi, a los ecuatorianos solo nos queda sufrir las consecuencias. Entre otras maravillas está esa idea de la participación ciudadana. Un derecho que ya existe en democracia pero que se ha querido extender hasta el límite del absurdo.
Para lograr estabilidad en el manejo público hace falta contar con instituciones sólidas, alejadas de la politiquería. Harto daño le han causado ya al pais los populistas y el clientelismo electorero. Cómo este principio de la silla vacía va a garantizar un accionar consistente en las instituciones que la mantengan si cada vez que se elija a un representante se pondrá la maquinaria electoral en juego? Es esto serio?
Mucho mejor sería crear un sistema de auditoria para el cumplimiento de las ofertas de campaña. Se lograría reducir el populismo, pues no habría mucha esperanza de salir electo con mentiras y ofrecimientos huecos.
La participación ciudadana se vería garantizada porque el ciudadano pudiera elegir y ejercer control.